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El Consell ve «bochornoso» que Moragues no defienda los intereses de los valencianos frente al Gobierno central

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(EFE).- La secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, ha afirmado que resulta «inadmisible y bochornoso» que el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, «se ponga del lado» del Gobierno y «no defienda» los derechos de los valencianos.

Mira se ha pronunciado así en referencia a Moragues, que ha dicho que el Ministerio de Hacienda «en ningún caso ha pedido recortes al Consell pero sí eliminar el gasto innecesario y superfluo».

La secretaria autonómica ha recalcado que el déficit de la Comunitat «no deriva de que seamos derrochadores o tengamos gasto superfluo» sino que es consecuencia de la insuficiencia de recursos que llegan del modelo de financiación.

«Lo que el delegado debería hacer -ha añadido Mira-, máxime teniendo en cuenta que hasta 2015 fue conseller de Hacienda de la Generalitat y, como tal, es conocedor de la injusta situación que atravesamos los valencianos, es trasladar al Gobierno central la discriminación que sufre la Comunitat y ponerse del lado del Consell para exigir el cambio de un modelo de financiación», ha asegurado.

Mira ha recordado que la Comunitat se sitúa por debajo de la media en gasto por habitante y, pese a ello, «se nos siguen exigiendo» más recortes, sin tener en cuenta en que la situación de partida y los recursos que reciben las comunidades autónomas «no son comparables».

Tanto la regla de gasto como los límites de déficit para el ejercicio los impone el Ministerio de Hacienda y son iguales para todas las comunidades autónomas, y en el caso de la regla de gasto, se aplica un tope idéntico para todas las autonomías, como si todas partieran del mismo nivel de gasto, y sin tener en cuenta que, en el caso valenciano, la Comunitat gasta menos de la media y aún así «genera déficit», ha argumentado.

Ha recordado que el Gobierno central sigue aplicando un modelo de financiación «caducado» desde el 1 de enero de 2014, que se comprometió a cambiar antes de finalizar 2017 y que sigue vigente.

Por ello, ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que cumpla sus promesas y trabaje por un verdadero cambio del sistema de financiación, y deje de exigir recortes «allí donde no se puede recortar más».

El Consell va a seguir reclamando «lo que es justo y nos corresponde, un modelo de financiación que nos trate como al resto de españoles y que permita que en este territorio la financiación para unos servicios esenciales de calidad esté garantizada», ha afirmado Mira.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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