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Continúan las labores de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa con un dispositivo de 400 personas

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Búsqueda Blanca Fernández Ochoa

Madrid, 2 sept.- Un dispositivo de 400 personas entre equipos especiales de Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil y voluntarios continúan trabajando en el dispositivo especial de búsqueda de la ex esquiadora olímpica Blanca Fernández Ochoa en la sierra de Cercedilla. Este amplio dispositivo cuenta con 3 helicópteros y 14 perros de rastreo.

En las labores de búsqueda se están rastreando 12 posibles rutas de diferentes grados de dificultad ya que se trata de un terreno amplio y abrupto por lo que la búsqueda es compleja.

«La familia está muy consternada pero con esperanza», así explicaba Luis Miguel Peña, alcalde de Cercedilla, el estado actual en el que se encuentran los familiares de Blanca Fernández Ochoa.

La deportista lleva desaparecida desde el pasado 23 de agosto, día en el que salió a hacer una ruta senderista por la sierra madrileña. Desde entonces, las autoridades buscan sin descanso a la medallista olímpica.

Si bien los hermanos de Blanca se mostraban rotos de dolor al finalizar las labores de búsqueda de este pasado domingo, este lunes se ha vuelto a reactivar el operativo en la zona del parking de la Dehesa, lugar en el que apareció el coche con el que fue visto por última vez Blanca Fernández Ochoa.

Esta misma mañana, la Delegada del Gobierno ha dado una rueda de prensa junto al jefe de Policía y de la Guardia Civil para informar sobre cómo se encuentra el operativo: «El terreno se ha divido en diferentes zonas según la dificultad».

Desde la Policía se señala que «están abiertas todas las posibilidades, no nos cerramos a nada», y que no pueden dar más detalles porque «el tema está judicializado y las diligencias son secretas».

Además, ha confirmado que en el vehículo de la esquiadora no se han encontrado signos de violencia: «No se han encontrado signos de violencia de momento, porque la inspección está por terminar. Se hizo una primera inspección aquí y luego otra en la oficina nuestra y hasta el momento no podemos decir que haya ningún signo de violencia en el vehículo».

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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