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Crece la criminalidad en la Comunitat

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Arsenal intervenido por la Guardia Civil en una operación contra la delincuencia. EFE/Archivo Manuel Bruque

València (OFFICIAL PRESS/EFE).- La criminalidad convencional en la Comunidad Valenciana ha crecido un 5,1 % en el periodo enero-septiembre de 2022 respecto al mismo periodo del año anterior hasta alcanzar los 195.077 delitos, mientras que la ciberdelincuencia ha aumentado un 80,8 % en el mismo periodo.

En el conjunto de España, la criminalidad convencional se ha reducido un 0,8 % en los nueve primeros meses del año 2022, mientras que la ciberdelincuencia ha aumentado un 89,3 %, según datos del Ministerio del Interior.

En la Comunitat Valenciana, las infracciones penales sumaron 195.077, con un incremento del 18,2 por ciento, siendo los delitos más recurrentes los hurtos (53.326), los robos con fuerza en domicilios y establecimientos (13.048), robos con violencia e intimidación (4.220), delitos de lesiones (2.507), sustracción de vehículos (2.345) y delitos contra la libertad e indemnidad sexual (1.874), además de 32 asesinatos y 86 homicidios en grado de tentativa.

En la provincia de Alicante, las infracciones penales sumaron 71.081, con un incremento del 22 por ciento, siendo los delitos más recurrentes los hurtos (18.505), los robos con fuerza en domicilios y establecimientos (5.230), robos con violencia e intimidación (1.197), delitos de lesiones (892), sustracción de vehículos (843), delitos contra la libertad e indemnidad sexual (799) y tráfico de drogas (746), además de 10 asesinatos y 36 homicidios en grado de tentativa.

En la provincia de Castellón, las infracciones penales sumaron 19.228, con un incremento del 17,5 por ciento, siendo los delitos más recurrentes los hurtos (4.964), los robos con fuerza en domicilios y establecimientos (1.564), delitos de lesiones (344), robos con violencia e intimidación (321), delitos contra la libertad e indemnidad sexual (211), sustracción de vehículos (184) y tráfico de drogas (82), además de 2 asesinatos y 8 homicidios en grado de tentativa.

En la provincia de Valencia, las infracciones penales sumaron 104.718, con un incremento del 15 por ciento, siendo los delitos más recurrentes los hurtos (29.957), los robos con fuerza en domicilios y establecimientos (6.254), robos con violencia e intimidación (2.702), sustracción de vehículos (1.218), delitos de lesiones (1.271), delitos contra la libertad e indemnidad sexual (864) y tráfico de drogas (660), además de 20 asesinatos y 42 homicidios en grado de tentativa.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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