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Crece la criminalidad en la Comunitat

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Arsenal intervenido por la Guardia Civil en una operación contra la delincuencia. EFE/Archivo Manuel Bruque

València (OFFICIAL PRESS/EFE).- La criminalidad convencional en la Comunidad Valenciana ha crecido un 5,1 % en el periodo enero-septiembre de 2022 respecto al mismo periodo del año anterior hasta alcanzar los 195.077 delitos, mientras que la ciberdelincuencia ha aumentado un 80,8 % en el mismo periodo.

En el conjunto de España, la criminalidad convencional se ha reducido un 0,8 % en los nueve primeros meses del año 2022, mientras que la ciberdelincuencia ha aumentado un 89,3 %, según datos del Ministerio del Interior.

En la Comunitat Valenciana, las infracciones penales sumaron 195.077, con un incremento del 18,2 por ciento, siendo los delitos más recurrentes los hurtos (53.326), los robos con fuerza en domicilios y establecimientos (13.048), robos con violencia e intimidación (4.220), delitos de lesiones (2.507), sustracción de vehículos (2.345) y delitos contra la libertad e indemnidad sexual (1.874), además de 32 asesinatos y 86 homicidios en grado de tentativa.

En la provincia de Alicante, las infracciones penales sumaron 71.081, con un incremento del 22 por ciento, siendo los delitos más recurrentes los hurtos (18.505), los robos con fuerza en domicilios y establecimientos (5.230), robos con violencia e intimidación (1.197), delitos de lesiones (892), sustracción de vehículos (843), delitos contra la libertad e indemnidad sexual (799) y tráfico de drogas (746), además de 10 asesinatos y 36 homicidios en grado de tentativa.

En la provincia de Castellón, las infracciones penales sumaron 19.228, con un incremento del 17,5 por ciento, siendo los delitos más recurrentes los hurtos (4.964), los robos con fuerza en domicilios y establecimientos (1.564), delitos de lesiones (344), robos con violencia e intimidación (321), delitos contra la libertad e indemnidad sexual (211), sustracción de vehículos (184) y tráfico de drogas (82), además de 2 asesinatos y 8 homicidios en grado de tentativa.

En la provincia de Valencia, las infracciones penales sumaron 104.718, con un incremento del 15 por ciento, siendo los delitos más recurrentes los hurtos (29.957), los robos con fuerza en domicilios y establecimientos (6.254), robos con violencia e intimidación (2.702), sustracción de vehículos (1.218), delitos de lesiones (1.271), delitos contra la libertad e indemnidad sexual (864) y tráfico de drogas (660), además de 20 asesinatos y 42 homicidios en grado de tentativa.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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