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Valencia

Crisis en el Botànic: Mata acusa a Oltra de «romper las reglas del juego»

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(EFE).- El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha acusado este miércoles a la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, de «romper unas reglas de juego que hasta ahora han venido funcionando» en el Botànic.

Mata se ha pronunciado así sobre la reunión que Oltra mantuvo este martes con representantes sindicales del ámbito sanitario que le pidieron que se busque una vía diferente a la de crear una empresa pública para la reversión del departamento de salud de Torrevieja, y tras la que abogó por que se aplique el mismo modelo que en Alzira.

El dirigente socialista ha señalado que se trata de una situación «muy grave, de las más graves que ha habido», pues es como si el president de la Generalitat, Ximo Puig, recibiera a la patronal de las residencias Aerte, que hace «muchas críticas» a la vicepresidenta, o a las «decenas de Ayuntamientos» que no están a favor del contrato programa que ella propone.

«Escenificar una posición contraria a la de la consellera de Sanidad» y hacerlo en la sede de la vicepresidencia del Consell, no en la de Compromís, «me parece muy mal», ha aseverado Mata, para quien se trata de «un fracaso» de los protocolos con los que el Botànic se ha organizado, pues los miembros del Consell pueden tener «visiones diferentes», pero al final se adopta una decisión en el Ejecutivo.

Sin embargo, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha defendido que Oltra tiene entre sus responsabilidades la de coordinación política del Consell, así como competencias en el área sociosanitaria, por lo que esa reunión se enmarca en las funciones que tiene la vicepresidencia.

«Está bien que se inicie un proceso de diálogo con todos, pero sobre todo se ha de producir también en el seno del Consell» entre sus integrantes, ha afirmado Ferri, quien se ha mostrado convencido de que finalmente se llegará a un acuerdo.

Además, ha recordado que el president de la Generalitat, XimoPuig, afirmó que había una propuesta de Sanidad sobre Torrevieja y ahora tocaba «sentarse para buscar otros caminos», y ha insistido en que todos los partidos del Botànic comparten que la gestión de la sanidad que depende de fondos públicos debe ser «totalmente pública» en la Comunitat.

La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha dicho que se alegran de que Compromís se sume a la demanda de la gestión «cien por cien pública» de la sanidad y ha reiterado que la vía de la empresa mercantil no es la «correcta», por lo que confía en que se llegue a un acuerdo para aplicar el modelo de Alzira en el que será «el segundo hospital desprivatizado del País Valencià, España y Europa».

Para el portavoz adjunto del PP Miguel Barrachina, este es uno de los «frentes» que hay en el interior del Consell, unido a los de la financiación, el trasvase Tajo-Segura o la «pelea de sillones» en la empresa pública de vivienda.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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