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Valencia

Crisis en el Botànic: Mata acusa a Oltra de «romper las reglas del juego»

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(EFE).- El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha acusado este miércoles a la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, de «romper unas reglas de juego que hasta ahora han venido funcionando» en el Botànic.

Mata se ha pronunciado así sobre la reunión que Oltra mantuvo este martes con representantes sindicales del ámbito sanitario que le pidieron que se busque una vía diferente a la de crear una empresa pública para la reversión del departamento de salud de Torrevieja, y tras la que abogó por que se aplique el mismo modelo que en Alzira.

El dirigente socialista ha señalado que se trata de una situación «muy grave, de las más graves que ha habido», pues es como si el president de la Generalitat, Ximo Puig, recibiera a la patronal de las residencias Aerte, que hace «muchas críticas» a la vicepresidenta, o a las «decenas de Ayuntamientos» que no están a favor del contrato programa que ella propone.

«Escenificar una posición contraria a la de la consellera de Sanidad» y hacerlo en la sede de la vicepresidencia del Consell, no en la de Compromís, «me parece muy mal», ha aseverado Mata, para quien se trata de «un fracaso» de los protocolos con los que el Botànic se ha organizado, pues los miembros del Consell pueden tener «visiones diferentes», pero al final se adopta una decisión en el Ejecutivo.

Sin embargo, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha defendido que Oltra tiene entre sus responsabilidades la de coordinación política del Consell, así como competencias en el área sociosanitaria, por lo que esa reunión se enmarca en las funciones que tiene la vicepresidencia.

«Está bien que se inicie un proceso de diálogo con todos, pero sobre todo se ha de producir también en el seno del Consell» entre sus integrantes, ha afirmado Ferri, quien se ha mostrado convencido de que finalmente se llegará a un acuerdo.

Además, ha recordado que el president de la Generalitat, XimoPuig, afirmó que había una propuesta de Sanidad sobre Torrevieja y ahora tocaba «sentarse para buscar otros caminos», y ha insistido en que todos los partidos del Botànic comparten que la gestión de la sanidad que depende de fondos públicos debe ser «totalmente pública» en la Comunitat.

La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha dicho que se alegran de que Compromís se sume a la demanda de la gestión «cien por cien pública» de la sanidad y ha reiterado que la vía de la empresa mercantil no es la «correcta», por lo que confía en que se llegue a un acuerdo para aplicar el modelo de Alzira en el que será «el segundo hospital desprivatizado del País Valencià, España y Europa».

Para el portavoz adjunto del PP Miguel Barrachina, este es uno de los «frentes» que hay en el interior del Consell, unido a los de la financiación, el trasvase Tajo-Segura o la «pelea de sillones» en la empresa pública de vivienda.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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