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Valencia

CSIF pide incorporar nuevos policías locales en València para las Fallas

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València, 31 ago (EFE).- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido al Ayuntamiento de València que incorpore al servicio, como refuerzo para controlar los botellones, aglomeraciones e incumplimientos del toque de queda durante los días de fallas, a la última promoción de agentes de movilidad, 53 policías que terminaron el proceso selectivo recientemente pero que todavía no han entrado en la plantilla.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que la actual plantilla de Policía Local en la ciudad de Valencia, que no llega a 1.500 agentes, ha ido perdiendo efectivos en los últimos años por la insuficiente oferta pública de empleo (OPE), que ni siquiera alcanza para cubrir las vacantes existentes por jubilaciones, dicen. El sindicato, en este sentido, viene reclamando cubrir más plazas.

CSIF señala que esa escasez de plantilla trata de suplirla el equipo de gobierno “con parches, como cambios continuos de unidad, que generan malestar, y recortes de derechos”. Por ejemplo, de cara a estas Fallas han anunciado la supresión de flexibilidad y de reducciones horarias, que permiten durante el año a los agentes conciliar la vida familiar y laboral.

El sindicato observa con preocupación cómo “la falta de personal induce a que intenten buscar fórmulas para que salgan los números de agentes en la calle a costa muchas veces de posibles cercenamientos o restricciones de derechos de los trabajadores, que están recogidos por convenio”.

CSIF reclama soluciones que respeten los derechos laborales y que tengan más calado, como “negociar una oferta de empleo adecuada y seria para paliar el problema de la escasez de plantilla”.

El no haberlo hecho hasta la fecha genera que en las fiestas falleras que comienzan este miércoles el número de efectivos de Policía Local “resulte insuficiente ante el elevado riesgo de botellones, aglomeraciones de personal o incumplimientos del toque de queda como medidas para reducir los contagios por la pandemia”.

El sindicato exige, como actuación urgente, la incorporación de la promoción de los 53 agentes de movilidad que ya han concluido su proceso selectivo pero que aún no ha entrado en la plantilla. La central sindical ha preguntado al respecto al Ayuntamiento de Valencia, pero la única respuesta consiste en que “está en proceso y que más pronto que tarde se producirá”, señalan.

La central sindical también ha preguntado sobre cuándo se retomará la oposición en marcha o la mejora de empleo, sin obtener en ninguno de los dos casos contestaciones claras. El sindicato insiste en una “solución urgente al problema de falta de personal en la Policía Local de Valencia”.

Valencia

Empieza el juicio por los 500 seísmos que causó la inyección de gas en Castor

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Empieza el juicio por los 500 seísmos que causó la inyección de gas en Castor
 Castelló, 16 oct (EFE).- La Audiencia de Castellón acoge desde el próximo lunes el juicio del conocido como «caso Castor», donde están acusados dos directivos de Escal UGS y que tratará de determinar la responsabilidad de los procesados en más de 500 seísmos que causó la inyección de gas en la plataforma Castor, clausurada desde 2017.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, además de los dos acusados, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, declararán, a lo largo de once sesiones, un total de 189 testigos, 6 testigos peritos y 35 peritos.

Las sesiones comenzarán este lunes a las 10 horas con la declaración de los dos acusados, Recaredo del Potro, quien fuera presidente de Escal UGS, y el consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau. También consta como acusación la propia mercantil como persona jurídica.

Habrá sesiones igualmente los días 19, 20, 21, 25, 26 y 27 de octubre, con pruebas testificales, y los días 2, 8, 9, 10 y 15 de noviembre, con testigos, peritos y, en la última sesión, con las conclusiones e informes de las partes.

La acusación popular, ejercida por la Asociación Nacional Arca Ibérica, pide siete años de prisión para los dos directivos del exconcesionario Escal UGS por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente «con riesgo grave de perjuicio para la salud de las personas y grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico».

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2013, cuando la inyección de gas bajo tierra en la plataforma Castor frente a la costa de Vinaròs provocó una serie de seísmos, más de 500.

Algunos de ellos fueron sentidos por la población y nueve causaron «daños de consideración» en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona, señala el auto de apertura de juicio oral del juzgado de Vinaròs.

Además, esos movimientos sísmicos generaron, en opinión del juez, «una situación de peligro potencialmente catastrófico que se prolongó hasta que, finalmente, por parte de la Administración, se acordó el cese de la actividad hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesgo alguno».

Un total de 123 afectados por estos seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria Escal UGS 1.845.000 euros por lo daños morales producidos por «la ola de pánico generalizado» consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas.

El despacho de abogados BCV Lex, en representación de la asociación de afectados Aplaca (formada por 123 vecinos de las localidades afectadas), ha solicitado a la Audiencia Provincial de Castellón una indemnización de 15.000 euros para cada uno de los afectados en el juicio, según fuentes jurídicas.

Un estudio liderado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) y el Instituto de Ciencias del Mar (ICM), ambos pertenecientes al CSIC, desveló los mecanismos que produjeron los seísmos que tuvieron lugar tras la inyección de gas en el almacén Castor en 2013 y que condujeron a su cierre cuatro años más tarde.

La inyección de gas produjo, según este estudio, una «sobrepresión y un efecto de flotación de gas que movió la falla de Amposta, que a su vez desestabilizó a otra más profunda, desconocida hasta ahora, causando los sismos de mayor magnitud percibidos por la población».

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