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Cuando #LaGente se mete en política, por @frandisiz

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Paco Ferrandis

El Estado de las Autonomías es uno de los pilares en los que se sustenta el sistema constitucional español. Las autonomías fueron erigidas como reivindicación política de los derechos de las comunidades históricas, y en cuanto Administraciones Públicas más próximas al ciudadano, potenciadoras y coordinadoras de las Administraciones más cercanas, los municipios.

Como secuela de la profunda crisis económica, ha sido puesto en cuestión este Estado de las Autonomías, pues han salido a flote sus disfuncionalidades y algunas personas con mentalidad centralista han intentado imputarles los problemas del déficit y de la deuda públicos, aunque el ataque más fuerte contra ese Estado está protagonitado por el movimiento independentista catalàn.

Es cierto que el desarrollo del sistema autonómico ha generado una serie de sinergias negativas, como pueden ser la excesiva competitividad que se ha establecido entre las diferentes autonomías, a los efectos de acaparar competencias y recursos públicos, lo que ha llevado a un estado generalizado en el que imperan las reclamaciones por supuestos agravios comparativos que, en general, conducen al sentimiento del victimismo.

El transcurso del tiempo nos da una imagen del proceso autonómico según la cual, con la aprobación de la Constitución Española de 1978 y los Estatutos de Autonomía que le siguieron, se habría dado el pistoletazo de salida en la competición por equipos autonómicos, hacia la mayor acumulación posible de competencias y poder territorial, aunque fuera a costa de perder de vista la necesaria solidaridad entre los pueblos hispánicos, producto de los imprescindibles acuerdos y pactos entre los entes autonómicos y el Estado.

Así, hemos llegado a una situación en la que, a consecuencia de la crisis económica, conviven un sistema de financiación injusto y un (no) reparto de los recursos que pertenecen a todos (el agua, por ejemplo). En este sentido, es conveniente recordar cómo las asociaciones de regantes y usuarios, principales interesados en la buena gestión del agua, como bien común, llegaron a acuerdos para la concreción del Plan Hidrológico Nacional a través del trasvase de aguas del río Ebro. Acuerdos que fueron ignorados por el Gobierno de Zapatero a la hora de derogar los artículos de la Ley del PHN que contemplaban dicho trasvase.

Intereses partidistas y empoderamiento de determinados gobiernos autonómicosamigos, se impusieron al consenso y a la resolución de problemas estructurales graves de otras autonomías, consideradas como enemigas políticas (de diferente signo partidario) y, por lo tanto, víctimas propiciatorias de los pactos alcanzados entre los partidos que sustentaban al Gobierno de España y a las Comunidades Autónomas beneficiarias.

Aunque pueda parecer un contrasentido, es posible que la mayor facilidad para llegar a acuerdos en el seno de los diferentes sectores de la sociedad civil -en comparación con los partidos políticos-, se deba a que las organizaciones ciudadanas persiguen aquello que los autores de La urna rota califican como ‘intereses contrapuestos‘, con los que se pueden enhebrar transacciones y pactos, en lugar de la utópica persecución de un ‘interés general‘ en cuanto “ilusión metafísica en la que se refugia el legislador” que, a menudo, esconde meros intereses de partido. En determinados momentos es conveniente romper las amarras de los intereses partidistas, tejidos con la pulsión de conquista y mantenimiento del poder, así como para el establecimiento de alianzas con las fuerzas que les pueden ayudar en ese objetivo, a su vez enrocadas en sus propios intereses partidistas, por lo que resulta difícil salir de esa espiral que gira en torno al ombligo donde se miran los partidos.

Así, podemos afrontar los desequilibrios políticos y territoriales más allá del prisma político partidista -aunque sin voluntad de sustituirlo-, desde la perspectiva de la vertebración de la sociedad civil, a los efectos de darle la vuelta a la tortilla organizativa del Estado y conseguir un mejor ordenamiento jurídico y práctico en materia de régimen electoral, financiación, distribución de recursos públicos y transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública y de los partidos políticos, así como el fortalecimiento de esa sociedad civil que, a estas alturas de la corrida constitucional, aún no parece haber alcanzado la mayoría de edad para llegar a ser sujeto consciente y responsable, activo y determinante en la adopción del rumbo hacia el que debe dirigir sus pasos la sociedad española.

Es evidente que la sociedad civil se vertebra a través de vías organizativas y comunicacionales, tanto informales como formales. La omnipresencia de las redes sociales ha de facilitar la vertebración de la sociedad civil, sobre todo entre los sectores con perfiles semejantes [Vid. artículo ¿Dónde va #LaGente?] y dentro del ámbito más informal, sin descartar su utilización en las estructuras formales (estables).

Como antes hemos dicho, la vertebración para la participación de la ciudadanía en el ámbito socio-político, ha de sustentarse en la base del municipio, en cuanto entidad pública más cercana al ciudadano, para -a través de las entidades supramunicipales como las mancomunidades y comarcas, obtener una vertebración estable de la sociedad civil, siempre conectada y siempre dispuesta a ser colaboradora y crítica con la Administración Autonómica correspondiente. (Por cierto, el papel que han de jugar, o no, las Diputaciones Provinciales, podría ser objeto de discusión).

Una vez conseguida esta estructuración autonómica ciudadana, debe favorecerse el engarce de la estructura autonómica con el Estado. Ahí, tal vez, podría jugar un papel relevante el Senado, esa institución que no acaba de encontrar un lugar claro en el organigrama salido de la Constitución, a pesar de ser concebido como órgano de representación territorial. El establecimiento de los foros adecuados para la coordinación de los diferentes territorios -en cuanto espacios habitados por ciudadanos, con culturas e intereses propios y, muchas veces, enfrentados-, podría ser una de sus competencias más importantes.

(Fotografía: Official Press. Plantà al tomb de la falla municipal de València 2017)

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Qué pasó un 22 de julio

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Qué pasó un 22 de julio

José Luis Fortea

………….corría el verano de 1975, aquel en el que no cesaba de sonar en las radios el Bimbó de Georgie Dann, que acabaría siendo declarada oficialmente la canción del verano, aquel en el que Televisión Española emitía su series detectivescas de moda, las de “Tony Baretta” y “Kojak” y que amenizaba desde el pasado mes de abril, la noche de los sábados, con un nuevo programa llamado “Directísimo”, presentado por un joven bilbaíno de treinta y tres años, de grandes bigotes, llamado José María Íñigo Gómez.

Bernard Thévenet

Aquel verano, en el que ganaba el tour, contra todo pronóstico, el francés Bernard Thévenet, imponiéndose a un Eddy Merckx, líder desde la sexta jornada, que había sido golpeado por un espectador en su costado derecho en el ascenso al Puy de Dome, presentando desde entonces unas molestias que le harían perder a partir de aquella etapa, la decimocuarta, el maillot amarillo y que no lo volvería a recuperar, de un periodo estival más que sofocante y tórrido, en el que una caña en aquellos días costaba entonces diez pesetas, de aquel verano, el del 75, el último del jefe del Estado español, que fallecería cinco meses más tarde.

Qué pasó un 22 de julio

El martes 22 de julio, de un día como hoy, de hace más de cuarenta años , a unos cincuenta y tres kilómetros de Sevilla, en el término municipal de Paradas, iba a tener lugar uno de los sucesos más trágicos de los últimos tiempos, que acabaría por convulsionar la vida de sus cerca de ocho mil habitantes, de un terrible episodio que en los juzgados terminaría conociéndose como el expediente 20/75.

A unos cuatro kilómetros de la mencionada población de Paradas, se encuentra la finca de los Galindos, perteneciente, desde hace seis años, a Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, marqués de Grañina, donde suele acudir esporádicamente, en tiempo estival, sin la compañía de su mujer, María de las Mercedes Delgado Durán. Al frente del aludido inmueble, se encuentra Manuel Zapata Villanueva, de cincuenta y nueve años, antiguo legionario y miembro de la Guardia Civil, que allí vive junto a su mujer Juana Martín Macías, de cincuenta y tres años, desempeñando las tareas de capataz, en unos terrenos dedicados principalmente al cultivo de la aceituna.

En el cortijo trabajan siete personas, tres tractoristas y cuatro temporeros, que a eso de las ocho de la mañana, de aquel martes día 22, ya se encuentran allí para ponerse a bregar, antes de que el sol les ajusticie con esos 49 ºC que alcanzarán a lo largo de aquella misma mañana. Zapata, como de costumbre, es quien distribuye “la faena”, mandando a las alpacas, a medio kilometro de la finca, al tractorista José González Jiménez, a un segundo tractor, junto con tres braceros, a la parte posterior del cerro y al tercer tractorista Ramón Parrilla a regar garrotes (que son los troncos de los olivos metidos en bolsas con tierra) de una jornada laboral que se prolongará hasta la una, momento en el que harán un alto en el camino para almorzar, durante cerca de media hora, y proseguir hasta eso de las cuatro de la tarde, cuando el mercurio se encarame en lo más alto de los termómetros respondiendo al calor abrasivo de esos casi cincuenta grados.

Y es entonces, sobre esa hora de las cuatro de la tarde, cuando el grupo de los tres temporeros que se encuentran en la parte del cerro observan salir un humo negro y espeso del cortijo, dirigiéndose rápidamente hacia allí.

Al llegar al lado de la verja de la entrada, encuentran restos de lo que parece un reguero de sangre, que les hace presagiar que alguien pudiera haber resultado herido, de un rastro abundante que dibujando un movimiento sobre la tierra serpenteante poco a poco se va diluyendo hasta llegar a desaparecer, por lo que Antonio Escobar, uno de aquellos trabajadores, acude raudo hacia el cuartel de la Guardia Civil, para dar el pertinente aviso, mientras Antonio Fenet Pastor, que lleva cinco años trabajando las tierras de Los Galindos, divisa lo que le da la sensación son dos cuerpos mutilados en aquel fuego que acelerado con gasolina desprende un olor más que nauseabundo, decidiendo no indagar más, hasta la llegada de la Benemérita.

No tardan mucho en personarse en el cortijo el cabo Raúl Fernández acompañado de un número de la Guardia Civil, para realizar las primeras diligencias de investigación. Al entrar en la casa, observan, al lado de una mesa camilla, otro gran charco de sangre, cuyo rastro se dirige pasillo arriba, hacia donde se encuentra la puerta de una habitación cerrada con un candado, colocado en la parte exterior, que fuerzan para poder acceder a su interior, encontrándose una vez dentro, el cuerpo de Juana Martín, la mujer del capataz, con la cabeza destrozada, golpeada por algún objeto romo, no hallándose nada más reseñable en la vivienda.

En el exterior, donde todavía permanece encendido aquel fuego, aparecen los restos casi calcinados del tractorista José González, Pepe, de 27 años y su esposa Asunción Peralta, seis años mayor que él, de 34 años, a quien al parecer había ido a recoger al pueblo para traerla allí, en algún momento de aquel día, aparcando su seiscientos de color crema en la entrada del cortijo, desconociéndose los motivos.

En la cuneta del llamado Camino de Rodales, cubierto con un montón de paja, se descubre un cuarto cuerpo sin vida, el del jornalero Ramón Parrilla, de 40 años de edad, tractorista eventual de la finca, muerto de un disparo de escopeta.

De Zapata, el capataz de la finca de Los Galindos, no hay rastro alguno, por lo que las primeras sospechas recaen sobre este, emitiéndose incluso, a la mañana siguiente, por el recién llegado juez del juzgado de Écija (al estar el de Carmona de vacaciones) Andrés Márquez Aranda la pertinente orden de busca y captura.

Al parecer, en los mentideros del pueblo, se decía que las relaciones entre el capataz y el tractorista Pepe no eran todo lo buenamente deseables que podían ser, fruto de un intento de José González por cortejar a una de las hijas de Zapata, negándose este a dicha relación, enemistando en cierta manera a ambos. Lo cual fue considerado como un posible móvil de aquel crimen, aunque no resolvía las dudas existentes sobre las restantes muertes.

Y fue entonces cuando tres días más tarde, el 25 de julio apareció el cadáver del capataz, que tras la autopsia realizada determinaría que había resultado ser la primera de las víctimas de aquel crimen que ya sumaba con esta, cinco muertes, desarbolando la hipótesis que se había venido considerando como probable.

El sumario del caso, el denominado expediente número 20 de 1975, con más de mil trescientos folios, ha dado a lo largo de la historia numerosas elucubraciones y teorías que no han podido resultar finalmente probadas, recayendo durante años las sospechas, tras haber sido encontrado el cuerpo de Manuel Zapata, sobre José González Jiménez que juzgado y condenado por el pueblo tendría que esperar hasta la exhumación de los cadáveres mediante orden emitida por el juez Heriberto Asensio que acabaría determinando que el “sospechoso” era, de igual forma, triste víctima de este suceso, y que además en opinión del prestigioso médico forense Luis Frontela Carreras, estudiando aquellas manchas de sangre en el piso encontradas, concluiría que a –“Juana la arrastraron desde el comedor hasta el dormitorio entre dos personas por lo menos”- .

Transcurrido los plazos legales previstos sin encontrarse el culpable de estos hechos, la causa quedaría archivada en el año 1988, y siguiendo el principio que extingue la responsabilidad criminal por el transcurso del tiempo, siendo para este tipo de delitos el previsto de veinte años, fue por tanto declarado su prescripción en 1995, a los veinte años de haberse cometido.

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