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Cuatro valencianas, en situación de riesgo extremo por violencia de género

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MADRID/VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) –

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) monitoriza en la actualidad más de 54.000 casos de víctimas de violencia machista, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a fecha de enero de 2018. De los casos que son objeto de atención policial, un total de diez tienen un nivel de riesgo extremo, cuatro de ellas en la Comunitat Valenciana, y 200 tienen peligro alto.

Desde que esta herramienta comenzó a funcionar en 2007 y hasta enero de 2018, VioGen ha hecho un seguimiento de 488.823 casos de violencia machista con 446.389 víctimas afectadas. Al cierre de enero de 2018, había 428.691 casos inactivos, es decir, que temporalmente no precisan de atención policial, aunque pueden reactivarse.

De los 54.464 casos que sí están bajo control policial actualmente, 4.761 cuentan con un nivel de riesgo medio, mientras que 22.692 tienen peligro bajo y 26.801 riesgo no apreciado. La mayor parte de ellos están relacionados con víctimas con edades comprendidas entre los 31 y 45 años. De hecho, en este rango de edad hay 24.120 casos activos, lo que representa el 44,3 por ciento la totalidad de los casos activos.

En total, 741 casos de violencia de género bajo control policial son de víctimas menores de 14 a 17 años de edad; 15.491 son de jóvenes de entre 18 y 30 años; 12.940 son casos de víctimas de 46 a 64 años; y 1.172 tienen 65 o más años. Por otro lado, en el 72,6 por ciento –39.551– de los casos en seguimiento, las víctimas son mujeres nacidas en España.

De las más de 446.000 víctimas de violencia machista que han estado monitorizadas a través del sistema VioGen, 80.833 cuentan desde el 17 de agosto de 2016 con un plan de seguridad personalizado con medidas de autoprotección –también para los menores que de ellas dependen–; y 68.541 son supervisadas con el sistema ‘Gestión_3A5’ que se encarga de detectar y poner en conocimiento instantáneo de los especialistas todas las circunstancias relevantes.

CASOS DE RIESGO
Según estos datos ofrecidos por el Ministerio, nueve de la decena de casos considerados de extremo riesgo están relacionados con víctimas de entre 18 y 45 años y, en cuatro de esos casos, las víctimas nacieron en España.

Por territorios, de esas situaciones de riesgo extremo monitorizadas, cuatro son en la Comunitat Valenciana, dos en la Comunidad de Madrid, uno en Andalucía, uno en Castilla-La Mancha, uno en Extremadura y otro en Galicia, aunque en la estadística no se recogen los datos sobre los casos activos en Cataluña y País Vasco.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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