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Darias: el lote de AstraZeneca investigado ya fue administrado en España

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EFE/Mariscal

Madrid, 12 mar (EFE).- La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado este viernes que el lote de AstraZeneca retirado en otros países por supuestos episodios trombóticos y que está siendo investigado ya fue suministrado y administrado en España por lo que «no se trata de parar un lote que no tenemos».

En una entrevista en RNE y a la pregunta de si se activará un seguimiento específico de las personas inoculadas con esa partida, Darias ha explicado que el Ministerio y la Agencia Española del Medicamento hace un seguimiento de farmacovigilancia «permanente» desde que se administra cualquier vacuna por lo que no se pondrá en marcha ningún proceso concreto porque el que hay es ya «muy potente».

Darias ha insistido en que la vacuna de AstraZeneca es «segura» y así lo dice la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que ha puesto de manifiesto que «no hay relación causal entre el evento trombótico y la vacuna en sí».

Por tanto, ha reiterado el mensaje de «prudencia y tranquilidad» y máxima vigilancia.

Respecto al hecho de que la EMA se haya dado 14 días para establecer una recomendación general sobre la vacunación de AstraZeneca y si España finalmente la va a aplicar a mayores de 55 años, Darias ha dicho que el Gobierno se dará «un tiempo de espera» en función de lo que diga la EMA «y a partir de ahí actuaremos».

Según decidió a mediados de febrero la Comisión de Salud Pública, la vacuna de AstraZeneca se está administrando a trabajadores esenciales menores de 55 años (bomberos, docentes, policías y algunos sanitarios no de primera línea, entre otros), a los que seguirá la población general entre 45 y 55 años.

La ministra también se ha referido a la vacunación de la población infantil y ha señalado que mientras no haya ensayos clínicos ni evidencias «no se puede proceder a esa vacunación» y ha recordado que la ficha técnica de la EMA es a partir de los 18 años.

En el caso de las embarazadas, Darias ha considerado que, de momento, solo se llevará a cabo bajo prescripción médica.

 

Los policías, preocupados tras ser vacunados con un lote retirado de AstraZeneca

Varios sindicatos policiales han expresado su preocupación por ser vacunados con un lote de la farmacéutica AstraZeneca que ha sido retirado en Dinamarca y Austria tras registrar «graves casos de trombos» en personas que la habían recibido.

La Dirección General de Sanidad de Dinamarca (SST) anunció este jueves la suspensión temporal durante 14 días de la vacuna de AstraZeneca aunque las autoridades afirmaron que todavía no se puede concluir que haya una relación directa entre la vacuna y los trombos.

El pasado domingo, Austria informó de la muerte de una persona y la enfermedad de otra tras ser inmunizadas con dosis de AstraZeneca de un mismo lote que había ido a 17 países.

Ese lote, el ABV5300 fue administrado a algunos miembros de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y a Policías Locales de la Comunidad de Madrid.

El secretario general de la Unión Federal de Policía, Víctor M. Duque León, ha enviado un escrito al director General de la Policía, Francisco Pardo, tras la investigación iniciada por la Agencia Europea del Medicamento.

En la carta solicita que si quedan vacunas de este lote por inyectar se comunique al Ministerio de Sanidad para que se dejen de administrar y piden información sobre los efectos y las consecuencias de las mismas.

«Solicitamos se realice un seguimiento exhaustivo a los funcionarios a los que se les haya suministrado una vacuna del lote mencionado, al objeto de preservar su salud y los posibles efectos adversos en su organismo» finaliza en la misiva a la que ha tenido acceso Efe.

En la misma línea, el secretario general de la Unión de Policía Municipal (UPM), Jaime Johnson, ha expresado su preocupación por la retirada de este lote.

En declaraciones a Efe, ha advertido que van a alertar a la Consejería de Sanidad por esta situación ya que esta vacuna ha sido administrada a efectivos policiales locales en la Comunidad de Madrid.

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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