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De Imelsa a Divalterra: un ‘yonqui del dinero’, gin-tonics y contratos bajo sospecha
Publicado
hace 8 añosen
VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) –
La empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia Divalterra, antes llamada Imelsa, arrastra en los últimos años y bajo mandatos políticos diferentes una historia judicial que la ha mantenido en el punto de mira.
Así, este organismo, con competencias en gestión forestal, se ha visto implicado en varios asuntos en los tribunales, desde las presuntas prácticas irregulares para financiar al PPCV confesadas por el exgerente Marcos Benavent –el autodenominado ‘yonqui del dinero’– hasta la detención hoy del presidente de la corporación provincial, el socialista Jorge Rodríguez, por contratos de alta dirección que se están investigando. Y todo ello, pasando por la polémica dimisión de otro exgerente, el socialista Víctor Sahuquillo, tras un informe de un auditor que apuntaba a gastos en gin-tonics apuntados como dietas.
El origen del denominado caso Imelsa se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa. En concreto, se acusaba a Marcos Benavent de crear una empresa pantalla que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.
Las diligencias abiertas dieron como resultado que en enero de 2016 se desarrollara una operación anticorrupción que sacudía de lleno al PP con la detención de 24 personas, entre ellas, el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus; la exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de València María José Alcón, recientemente fallecida; el exdiputado del PP en las Corts y ex secretario autonómico de Deporte David Serra; y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.
«DOS MILLONES DE PELAS»
Uno de los episodios más conocidos de esta supuesta trama son las grabaciones que se hicieron públicas en las que presuntamente se puede escuchar a Alfonso Rus contando billetes del cobro de comisiones, extremo que este siempre ha negado. En concreto, se oye como supuestamente dice: «Uno, dos, 2.000, 3.000… y 12.000 euros. Dos millones de pelas».
Una de las ramas de esta causa es el caso Taula, por el que están investigadas 50 personas, entre ellas nueve de los diez concejales del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València. Se trata del ‘pitufeo’, el presunto delito de blanqueo de dinero para costear campañas electorales de los ‘populares’.
Por otra parte, es llamativo que la diputada que denunció el caso Imelsa, actualmente vicepresidenta cuarta de la Diputación, Rosa Pérez Garijo, de EU, se encuentra investigada. La representante de Esquerra Unida ha mantenido que su citación como investigada fue «indignante», ya que fue ella quien denunció los hechos. «Es una maniobra de despiste para poner en la palestra nombres que no tocan», señaló cuando fue llamada a declarar por la Guardia Civil.
Ya en 2015, con el cambio político en las instituciones valencianas, un gobierno cuatripartito –integrado por PSPV, Compromís, València en Comú y EU– llega a la Diputación de Valencia. Unos meses después, en 2016, la empresa pública anuncia el cambio de nombre e imagen para dejar de ser Imelsa y convertirse en Divalterra.
«DÉFICIT DE REPUTACIÓN»
El objetivo, según se explicó entonces, era superar el «gran déficit de reputación corporativa» de Imelsa, cuya gestión investiga la justicia, y «comenzar una nueva etapa» en la que buscaba convertirse en «un referente de gestión pública eficiente».
Sin embargo, se da la circunstancia de que aquel cambio fue anunciado por los que eran gerentes de la entidad: el socialista Víctor Sahuquillo (PSPV), que acabó dimitiendo tras conocerse un informe de un auditor interno que cuestionaba fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas alcohólicas, gin tonics, como dietas; y Agustina Brines, de Compromís, una de las personas contra las que este miércoles se ha dictado una orden de detención dentro de la ‘operación Alquería’.
La historia ‘negra’ de esta empresa pública ha vivido hoy un nuevo acto con ‘Alquería’, la operación que coordina el Juzgado de Instrucción número 9 de València y en la que ha sido detenido el presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de la localidad de Ontinyent y portavoz del PSPV, Jorge Rodríguez.
La causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Además de Rodríguez, se ha ordenado el arresto de otras cinco personas, todos empleados de la Diputación de Valencia, entre ellos el jefe de gabinete del presidente, Ricard Gallego.
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Frenaron su incineración y cuatro años después investigan si fue asesinado: el caso del empresario canario
Publicado
hace 17 minutosen
27 octubre, 2026
Sus tres hijas consiguieron frenar la incineración de Ángel Ferrera en 2022 para que se practicara una autopsia. Cuatro años después, unos análisis toxicológicos con niveles anómalos de varios metales han reabierto las sospechas
La muerte de Ángel Ferrera, uno de los empresarios más conocidos de Canarias y expresidente de Toyota Canarias, vuelve a estar bajo investigación judicial cuatro años después de su fallecimiento. El empresario murió el 15 de agosto de 2022, a los 79 años, tras luchar contra un cáncer de pulmón con metástasis. Sin embargo, unos nuevos resultados toxicológicos han reactivado las dudas sobre las circunstancias de su muerte y han situado a su segunda esposa bajo investigación por un posible homicidio.
El caso tiene su origen en las sospechas de sus tres hijas, Silvia, Sonia y Marta, que en agosto de 2022 lograron impedir judicialmente que el cuerpo de su padre fuera incinerado. Las hermanas pidieron que se practicara una autopsia antes de proceder a la cremación, al sospechar que la muerte podía no deberse únicamente a la enfermedad que padecía.
Los primeros análisis forenses apuntaron al cáncer como causa del fallecimiento y, en septiembre de aquel año, el juzgado autorizó finalmente la incineración. Cuatro años después, el Instituto Nacional de Toxicología ha detectado concentraciones anómalas de mercurio, cadmio y manganeso en las muestras analizadas, según las informaciones publicadas sobre la investigación.
La Justicia trata ahora de esclarecer el origen de esas sustancias y determinar si existe una relación con la muerte del empresario.
La viuda, investigada por un posible homicidio
La segunda esposa de Ángel Ferrera, María Tavío, está siendo investigada en una causa penal abierta para esclarecer si el empresario murió exclusivamente por su enfermedad o si pudo existir una intervención delictiva.
En mayo de 2026, el juez acordó medidas cautelares contra ella: retirada del pasaporte, obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado y una fianza de 160.000 euros. Estas medidas fueron solicitadas por las hijas del empresario y contaron con el respaldo de la Fiscalía.
La investigación permanece abierta y no existe una resolución judicial que determine que la viuda sea responsable de la muerte. La causa debe esclarecer las circunstancias del fallecimiento y el significado de los resultados toxicológicos.
El hallazgo de los metales no demuestra por sí solo que se produjera un envenenamiento ni permite establecer quién habría podido administrarlos. Los investigadores deben determinar su procedencia, las concentraciones detectadas y su posible relevancia para explicar la muerte.
Las hijas frenaron la incineración por sus sospechas
La incineración de Ángel Ferrera estaba prevista para el 16 de agosto de 2022 en el tanatorio de San Miguel, en Las Palmas de Gran Canaria. Su segunda esposa había organizado la despedida siguiendo, según las informaciones publicadas entonces, la voluntad del empresario de ser incinerado sin velatorio.
Sin embargo, sus tres hijas acudieron al juzgado de guardia para solicitar que se detuviera la cremación. Sospechaban que las circunstancias de los meses anteriores al fallecimiento debían investigarse y que era necesario conservar el cuerpo para practicar pruebas forenses.
La intervención judicial permitió realizar una autopsia y recoger muestras biológicas. El cadáver permaneció bajo custodia mientras se practicaban los análisis, que inicialmente atribuyeron el fallecimiento al cáncer de pulmón con metástasis.
El 12 de septiembre de 2022, después de recibir el informe forense, el juzgado autorizó la incineración. En aquel momento, los resultados disponibles no impedían la cremación y la causa oficial de la muerte seguía siendo la enfermedad oncológica.
La decisión de las hijas de acudir a la Justicia permitió conservar las muestras que ahora forman parte de la investigación. Los nuevos resultados toxicológicos han devuelto relevancia a aquella petición, aunque todavía no permiten concluir que la muerte fuera criminal.
Un cáncer avanzado y un conflicto familiar
Ángel Ferrera llevaba años luchando contra un cáncer de pulmón que terminó extendiéndose al cerebro y a los huesos. Durante la fase final de la enfermedad, su estado de salud se deterioró y recibió cuidados orientados a aliviar los síntomas.
Las sospechas de sus hijas se remontaban a meses antes de su muerte. Según las informaciones publicadas en 2022, las hermanas habían trasladado a su entorno sus dudas sobre la medicación que recibía su padre y habían promovido actuaciones judiciales relacionadas con la situación familiar.
El enfrentamiento entre las hijas de su primer matrimonio y su segunda esposa también se hizo visible durante los funerales. Mientras las hermanas organizaron una ceremonia religiosa en la parroquia de Santa Catalina de Alejandría, la viuda y personas de su entorno prepararon otra despedida en la Catedral de Canarias.
La disputa familiar se desarrolló en paralelo a las diligencias judiciales y a las pruebas destinadas a aclarar las circunstancias del fallecimiento.
Quién era Ángel Ferrera, uno de los empresarios más influyentes de Canarias
Ángel Ferrera desarrolló durante décadas una destacada trayectoria en el mundo empresarial del archipiélago. Fue presidente de Toyota Canarias durante cerca de 40 años y también estuvo al frente de la Cámara de Comercio de Las Palmas durante quince años, entre 1986 y 2001.
Nacido en Avilés en 1943, se trasladó a Canarias durante su infancia y estudió Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. A su regreso al archipiélago, construyó una carrera vinculada a grandes empresas y organizaciones económicas.
Su relación con Toyota comenzó en los años setenta y contribuyó a consolidar la presencia de la marca japonesa en las islas. También ocupó responsabilidades en otras compañías y participó en el desarrollo de organizaciones empresariales.
A lo largo de su trayectoria recibió reconocimientos por su contribución a la economía canaria, entre ellos la Medalla de Oro de Canarias y la distinción de Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria.
Su fallecimiento en agosto de 2022 fue comunicado como consecuencia de la enfermedad que padecía. Ahora, los nuevos resultados toxicológicos han llevado a la Justicia a revisar las circunstancias de aquella muerte.
Qué se sabe sobre la investigación en 2026
La causa judicial busca determinar si las concentraciones anómalas de mercurio, cadmio y manganeso encontradas en las muestras de Ángel Ferrera tienen una explicación compatible con su enfermedad y sus circunstancias médicas o si pueden aportar indicios de un posible delito.
La viuda continúa investigada y su situación procesal no equivale a una condena. La investigación deberá establecer si existió homicidio, cuál fue la causa concreta del fallecimiento y si hay pruebas que permitan atribuir responsabilidades.
Cuatro años después de que sus hijas consiguieran detener la incineración, el caso vuelve a estar en el centro de la actualidad judicial. La autopsia que solicitaron en 2022 y las muestras que se conservaron constituyen ahora una parte relevante de las diligencias con las que se intenta esclarecer la muerte de uno de los empresarios más conocidos de Canarias.
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