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DEBATE EN LAS CORTS| Bronca a cuenta de Francisco Camps que dice que no se va

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El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha asegurado que no va a dejar su puesto en el Consejo Jurídico Consultivo (CJC) aunque lo pidan Les Corts Valencianes y ha asegurado que «no tiene sentido» que el parlamento valenciano hable de él hoy nueve años después de que dimitiera de su cargo.

Así lo ha aseverado Camps, en una entrevista en Onda Cero que recoge Europa Press, en la que se ha referido a la iniciativa que se vota este jueves en la cámara autonómica para instarle a que abandone su puesto en el CJC, del que forma parte en su condición de ‘expresident’, a raíz de las revelaciones en el juicio del caso del caso Gürtel correspondiente a la presunta financiación irregular del PP valenciano. El que fuera número 2 del PPCV Ricardo Costa apuntó ayer a la responsabilidad de Camps y afirmó que el partido en la Comunitat «se financió con dinero negro».

Al respecto, Camps ha manifestado: «Los partidos de la izquierda y catalanistas en la Comunitat Valenciana, desde hace muchos años, siendo yo presidente y dejando de serlo, me han tenido una inquina especial; es recurrente esto de Camps en el parlamento valenciano, no se olvidan de mí, llevan casi cuatro años gobernando, ya podían hablar de lo que han estado haciendo pero como no han hecho absolutamente nada se tienen que pasar el día hablando de mí».

Ha recordado que es integrante del CJC por ser expresidente de la Comunitat Valenciana y ha añadido que podrá irse o no el día que le corresponda. «Pero irme de repente porque parece que la política me lo pide, no», ha zanjado.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que de «una vez por todas» asuma responsabilidades políticas, tras las últimas confesiones del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa y los cabecillas de la trama Gürtel . «No se trata de pedir perdón, sino de que una vez por toda asuma responsabilidades políticas porque usted está ahí sentada (en la bancada ‘popular’ de las Corts) porque la puso Carlos Fabra y Paco Camps», ha remarcado el jefe del Consell.

Así lo ha indicado Puig en la sesión de control de este jueves en respuesta a una pregunta formulada por la síndica del grupo popular en las Corts, Isabel Bonig, sobre cómo piensa elevar el grado de cumplimiento de los ejercicios anteriores, tras entrar en vigor el 1 de enero el presupuesto de la Generalitat del ejercicio 2018.

Para el ‘president’, «no hay un nuevo PP» y, en este punto, ha leído una nota de prensa que todavía sigue colgada en la web del PPCV en la que Bonig subraya: «El PP está orgullosos de nuestro presidente Camps y de nuestro secretario general, Ricardo Costa».

Asimismo, en el texto, Bonig se muestra convencida de que «el tiempo les dará la razón y quedará fuera de toda duda la honorabilidad tanto de Camps como de Costa». A este respecto, Puig ha subrayado que ahora los valencianos «sabemos a dónde vamos y a dónde queremos ir».

En su intervención, el jefe del Consell ha destacado que actualmente la Comunitat genera más trabajo que la media de España y hay 21.00 valencianos más trabajando que en el trimestre anterior, pero ha lamentado que las «malas noticias» sobre la corrupción y la presunta financiación ilegal que se está juzgando en la Audiencia Nacional «pone a la Comunitat en un paradigma del que vamos a salir definitivamente».

«Me da profunda indignación y tristeza», ha manifestado Puig, quien ha agradecido el trabajo realizado a las personas, diputados y periodistas que «fueron humilladas por decir eso que hoy se está diciendo en los juzgados».

NULA GESTIÓN
Por su parte, Bonig ha afeado al presidente de la Generalitat su «nula gestión y su falta de trasparencia» y ha remarcado que las buenas cifras de empleo son consecuencia de las «políticas y reformas del gobierno del PP» como también lo es la llegada del AVE a Castellón.

«Su Consell ‘no fa res’ (no hace nada) y la gente lo sabe», le ha espetado la presidenta del PPCV, quien ha instado a Puig a utilizar los 20.000 millones que tiene de presupuesto para poner en marcha medidas para los valencianos porque «tiene cero iniciativas y cero ejecución».

En este punto, ha insistido en su propuesta de externalizar los servicios de inspección turística para frenar el intrusismo y que se «castigue a los que no cumplen», así como la creación de un grado de formación profesional para la atención turística a personas que tienen relación directa con el turismo. «Son dos medidas para ganar en competitividad», ha defendido.

A este respecto, Puig ha subrayado que el principal problema del turismo es la temporalidad y ha subrayado que este Consell ya está trabajando en esta cuestión, al tiempo que ha recordado a Bonig que hablar del AVE a Castellón es «imprudente», tras el retraso de media hora quie tuvo este servicio el día de su inauguración como consecuencia de una avería.

Asimismo, Puig, ha defendido que su ejecutivo ha ejecutado «más del 94%» de su presupuesto, lo que supone «un punto más que el último año de gobierno del PP en la Generalitat», ha zanjado.

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Quién es Antonio Hernández y por qué Sánchez lo ha cesado tras el escándalo del caso Salazar

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Antonio Hernández
Antonio Hernández-Portal de Transparencia del Gobierno/ PSOE

Cese inminente en el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.

Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.

Quién es Antonio Hernández

Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.

Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.

Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.

Malestar creciente en el PSOE

El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.

El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?

Debate interno: Fiscalía, responsabilidades y gestión

Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.

Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.

Desde el Ejecutivo admiten errores:

“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.

Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:

“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.

Las palabras de Carmen Calvo

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.

Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.

Último pleno del año y nuevas tensiones

El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:

  • María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa

  • Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado

Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.

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