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Archivada provisionalmente la denuncia de Manos Limpias por la gestión de la dana

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denuncia responsables muertes DANA
Efectivos de los servicios funerarios junto a un furgón policial, este jueves en la CIudad de la Justicia e Valencia.La Comunitat Valenciana intenta recuperarse de la peor dana del siglo en España, que ha dejado casi un centenar de muertos en esa región, además de un inmenso escenario de daños en carreteras, calles e infraestructuras de numerosas localidades. EFE/ Ana Escobar

València, 09 ENERO (OFFICIAL PRESS-EFE).-

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha decidido el sobreseimiento provisional de las denuncias presentadas por Manos Limpias contra responsables de Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Valenciana de Emergencias. Estas denuncias estaban relacionadas con la gestión de la DANA.

El auto judicial desestima las acusaciones por falta de base penal

El magistrado ha argumentado en el auto, notificado este jueves, que no se encuentra “suficientemente justificada” la comisión de delito alguno por parte de los denunciados. Además, señala que las denuncias proponen una investigación general o prospectiva, algo prohibido por la legislación penal española.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha informado que el juez no ve “atribución de hechos penalmente relevantes” que justifiquen una imputación judicial, ni siquiera provisional, contra los denunciados. Según el juez, las denuncias carecen de concreción y apuntan a una “auténtica causa general”, lo cual va en contra de la doctrina constitucional.

La causa general, incompatible con un Estado de Derecho

El juez recalca que en un Estado de Derecho no es admisible iniciar procesos penales para investigar a personas o instituciones sin pruebas concretas. Cita la doctrina del Tribunal Constitucional que desestima las denominadas ‘inquisitio generalis’ o investigaciones generales, por ser incompatibles con los principios del proceso penal consagrados en la Constitución.

Análisis de los cargos denunciados

En su resolución, el magistrado desglosa las funciones legales de las entidades denunciadas: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Secretaría Autonómica de Emergencias de la Generalitat. A continuación, evalúa las responsabilidades específicas atribuidas a sus directivos:

  • Presidenta de Aemet: El auto concluye que no se atribuye ningún hecho concreto que pueda ser penalmente reprochable ni se identifica una omisión en sus funciones que haya causado daños materiales o personales.
  • Presidente de la CHJ: El juez indica que no se justifica la denuncia más allá de su posición como presidente de la entidad hídrica.
  • Secretario Autonómico de Seguridad y Emergencias: La denuncia no aporta motivos sólidos ni hechos concretos que puedan considerarse penalmente relevantes. Además, no se sustenta la relación entre los avisos del Cecopi y los supuestos daños causados.

Sobreseimiento provisional y exclusión de Manos Limpias como acusación popular

El Juzgado de Instrucción 15 ha decretado el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas por las dos denuncias presentadas por Manos Limpias. Asimismo, ha resuelto que este colectivo no podrá actuar como acusación popular hasta que interponga una querella formal o cumpla con la fianza que pueda imponérsele.

El auto no es firme y puede ser recurrido

La resolución judicial no es definitiva y admite recurso en reforma o apelación. Por el momento, la gestión de la DANA queda exenta de responsabilidades penales para los organismos implicados, según la decisión judicial.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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