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Sucesos

Desarticulada una organización criminal de trata de mujeres y explotación sexual

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desarticulan trata de mujeres

Captación y explotación de víctimas

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de mujeres y su explotación sexual en pisos prostíbulo de Murcia y Benidorm. Las víctimas, en su mayoría de origen colombiano, eran captadas con falsas ofertas de trabajo para trabajar como modelos en España, aunque terminaban siendo prostituidas las 24 horas del día siete días a la semana. Se ha logrado la liberación de cuatro víctimas en Benidorm, y siete personas han sido detenidas en Murcia (4) y Benidorm (3), entre las que se encuentran los dos líderes de la organización, uno de los cuales ha ingresado en prisión provisional.

Origen de la investigación

La investigación policial, que ha concluido con el desmantelamiento de esta organización, tuvo su origen en una llamada realizada al teléfono 091 de la Policía Nacional que alertaba de la situación de una mujer que se encontraba recluida en un piso de la ciudad de Murcia donde era obligada a prostituirse. Las numerosas pesquisas iniciadas a partir de ese momento, permitieron a los agentes detectar en la capital murciana la presencia de este grupo criminal especializado en la trata de mujeres y en su explotación sexual.

Falsas ofertas de trabajo

Captación de mujeres vulnerables

El entramado se nutría de mujeres vulnerables, en su mayoría de origen colombiano, que atravesaban situaciones personales y económicas muy comprometidas en su país de origen. Aprovechándose de esa vulnerabilidad, los explotadores captaban a las mujeres con falsas ofertas de empleo para trabajar como modelo en España o, en otros casos, con propuestas para ejercer la prostitución en condiciones muy ventajosas que finalmente no se cumplían.

Publicidad y transporte

La organización se encargaba de proporcionar a las mujeres todo lo necesario para viajar hasta nuestro país, desde los billetes de avión hasta las instrucciones necesarias para realizar con éxito el cruce de la frontera. A su llegada eran recogidas y trasladadas hasta alguno de los pisos prostíbulo que controlaba el entramado, donde eran alojadas y forzadas a ejercer la prostitución hasta saldar la deuda contraída.

Condiciones abusivas

Las mujeres debían estar disponibles las 24 horas del día todos los días de la semana y eran obligadas a consumir drogas y a realizar servicios sin usar preservativo. Además estaban sometidas a un férreo control a través de cámaras de video vigilancia y si deseaban salir a la calle, tenían que hacerlo acompañadas y con autorización previa de los explotadores.

Liderazgo y organización criminal

Estructura y actividades del grupo

La organización criminal estaba liderada y dirigida por una pareja que se erigían como los máximos responsables de las diferentes actividades del grupo, desde la captación de víctimas y la financiación de viajes, hasta la compra de los inmuebles y la imposición de las condiciones de explotación. Bajo sus órdenes existía un grupo de colaboradores que se encargaban de llevar a cabo otras tareas específicas y necesarias para el buen funcionamiento del entramado, como la “mami” encargada del control de los prostíbulos o el conductor que trasladaba a las mujeres de un piso a otro.

Venta de sustancias estupefacientes

A lo largo de la investigación, los agentes también han podido constatar que el grupo criminal se dedicaba a la venta a sus clientes de diversas sustancias estupefacientes –cocaína, “tusi” y marihuana- así como de medicamentos para la disfunción eréctil.

Resultados de la operación policial

Durante la operación policial se ha llevado a cabo el registro de cuatro domicilios y la inspección de dos prostíbulos en Murcia y Benidorm, en los que se ha intervenido 7.970 euros en efectivo, 2,4 gramos de “tusi”, dos turismos y una motocicleta, diversos dispositivos electrónicos y numerosa documentación relevante para la investigación.

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Investigada una trabajadora de guardería en Algemesí por posible conducta omisiva en el caso de maltrato a menores

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Imagen de un coche patrulla de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

El juzgado amplía la investigación por presunto maltrato infantil

El titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira ha acordado tomar declaración como investigada a una trabajadora de una guardería de Algemesí para determinar si pudo incurrir en una conducta omisiva ante los presuntos malos tratos denunciados en el centro.

La decisión se produce en el marco de la causa abierta tras la denuncia contra la propietaria del establecimiento, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.


👩‍⚖️ La dueña del centro ya estaba investigada

En el procedimiento figura como investigada la propietaria de la guardería, una mujer de 55 años que quedó en libertad con medidas cautelares, entre ellas:

  • Prohibición de acercarse o comunicarse con los menores matriculados

  • Prohibición de acudir al centro

  • Suspensión de cualquier actividad laboral relacionada con menores

La causa se instruye inicialmente por presuntos delitos de maltrato habitual a menores y un delito continuado de vejaciones injustas.


🚔 Denuncias por presuntos episodios de malos tratos

Según la investigación policial, la responsable del centro habría presuntamente zarandeado, golpeado, vejado y dejado sin vigilancia a niños de entre nueve meses y tres años.

Las actuaciones se iniciaron tras denuncias del personal del propio centro. De acuerdo con informaciones publicadas, una trabajadora habría grabado durante meses varios vídeos que fueron entregados a la policía y que recogerían conductas como empujones, trato vejatorio o prácticas inapropiadas durante la alimentación.


👶 Protección de los menores y actuación institucional

El juzgado ha encargado a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía la recopilación de los datos de los menores afectados y de sus familias para garantizar su protección.

Por su parte, las autoridades educativas y el Ayuntamiento coordinaron el cierre del centro y ofrecieron alternativas de escolarización a las familias para asegurar la continuidad educativa de los niños.


🔎 Qué significa la “conducta omisiva” en este caso

La investigación a la trabajadora busca esclarecer si pudo existir una omisión del deber de actuar o de denunciar situaciones que pudieran haber puesto en riesgo a los menores, algo que deberá determinarse en sede judicial.

Detención de la propietaria por presuntos malos tratos habituales

De acuerdo con la Jefatura, agentes del grupo UFAM de la Comisaría Local de Policía Nacional Alzira-Algemesí llevaron a cabo la detención de la dueña de la guardería, de 55 años, a la que consideran presunta autora de los delitos de malos tratos habituales y trato degradante.

La detención tuvo lugar el pasado viernes por la tarde y la mujer fue puesta a disposición judicial ese mismo día. Según ha adelantado À Punt, el arresto se produjo a raíz de varias denuncias del personal del centro, que alertó de los posibles malos tratos. El centro infantil permanece cerrado.

Libertad provisional con medidas cautelares

Prohibición de contacto con los menores y de ejercer trabajos relacionados con niños

El titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira, en funciones de guardia, recibió el pasado viernes a la detenida y acordó su libertad provisional con una serie de medidas cautelares.

Entre ellas figura la prohibición de aproximarse y comunicarse por cualquier medio con los menores matriculados, así como la prohibición de acudir al centro mientras se tramita la causa judicial.

Además, se le prohíbe desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, relacionada con menores durante ese tiempo. La mujer está investigada en un procedimiento abierto inicialmente por delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Protección policial y actuación de la UFAM

El magistrado ha ordenado librar oficio a la Policía Nacional y a la Policía Local para que dispongan lo necesario con el fin de hacer efectiva la protección policial. Asimismo, ha encargado a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que remita los datos de identificación completos de los menores protegidos por la resolución judicial y de sus progenitores.

El Ayuntamiento de Algemesí y la Conselleria trabajan para reubicar a los menores

Por su parte, el Ayuntamiento de Algemesí, en relación con el cierre cautelar de la escuela infantil, de titularidad privada, no ha ofrecido información adicional al tratarse, según ha señalado, de “un caso judicializado donde debe prevalecer, de forma especial, la protección de los menores”.

No obstante, desde el consistorio han indicado que, desde primera hora de la mañana, están colaborando con la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades para, una vez identificadas las familias afectadas por el cierre, ofrecer alternativas rápidas y urgentes que garanticen la escolarización en otros centros, priorizando el bienestar de los menores y la tranquilidad de sus familias.

Asimismo, desde el departamento dirigido por Carme Ortí han señalado que la Dirección Territorial de Educación, a través de la inspección educativa, está coordinada con el Ayuntamiento para asegurar el servicio educativo y dar respuesta a las familias afectadas.

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