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Desarticulan un grupo criminal que utilizaba billetes falsos para producir marihuana

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Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal en Tarragona que utilizaba billetes de 500 euros falsos (procedentes de una imprenta ilegal en La Nucía) para comprar droga, producir marihuana y llevar a cabo narcoasaltos, y han detenido a 10 personas.

La operación se ha llevado a cabo con la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, ya que la Guardia Civil investigaba a algunos miembros de un grupo organizado que había participado en un narcoasalto en la Comunidad Valenciana.

La investigación se inició en junio de 2023 con la detención en Salou (Tarragona) de dos personas, que huían después de estar presuntamente implicados en una compraventa de drogas, a las que se les intervinieron 6.000 euros en billetes falsos de 500 euros.

Los 6.000 euros falsificados usaban el mismo indicativo de falsificación que unos billetes intervenidos en 2022 en una imprenta fraudulenta en La Nucía (Alicante) que había sido financiada por organizaciones criminales de origen albanés para conseguir dinero falso para financiar actividades delictivas relacionadas, principalmente, con la adquisición de droga.

La policía calcula que la imprenta fraudulenta de Alicante habría producido hasta 8 millones de euros en billetes falsos, de los que solo se intervinieron 4.350.000 euros en billetes de 500 que se encontraron en una bolsa en Cervelló (Barcelona) en 2021, y no descartan que el resto siga circulando, por ejemplo, en comercios, ya que son billetes muy sofisticados y difíciles de detectar.

El subinspector jefe de la Unidad Central de Tráfico de Seres Humanos, Sergi Sánchez, ha explicado este lunes en una rueda de prensa que se trata de la primera vez que los Mossos detectan una organización criminal que financia la producción de billetes falsificados para usarlos en la compraventa de droga.

Según han informado Mossos d’Esquadra y Guardia Civil este lunes, la operación se precipitó el pasado 13 de marzo, cuando los investigadores tuvieron indicios de que el grupo criminal había preparado una gran cantidad de marihuana para distribuir por Europa.

La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra realizaron siete registros, seis en la provincia de Tarragona, en los municipios de Reus, Mont-roig del Camp, Móra la Nova y el Morell, y uno en El Prat de Llobregat (Barcelona), en los que se requisaron tres armas de fuego cortas, munición, tres pistolas eléctricas, una placa, uniformes de policía falsos, esposas, un dron y dispositivos de seguimiento GPS.

Durante los registros, la policía localizó una macroplantación ubicada en una nave industrial de Móra la Nova (Tarragona) en la que se requisaron 162 kilos de marihuana, valorados en 970.000 euros, preparada para ser transportada y vendida al norte de Europa.

En esta operación la policía ha detenido a 10 personas de entre 22 y 63 años a las que se les atribuyen los delitos de falsificación de moneda, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas de fuego, robos de vehículos con motor, falsedad documental, defraudación de fluido eléctrico y pertinencia a un grupo criminal.

Según la policía, los miembros del grupo criminal llevaban un alto nivel de vida, con vehículos de alta gama y residencias en zonas de alto nivel, totalmente incompatible con los ingresos que declaraban.

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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