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Descartan varias hipótesis en la investigación del crimen del activista LGTBI y fundador de Lambda

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VALÈNCIA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) – Las pesquisas sobre el crimen de Fernando Lumbreras, activista LGTBI y fundador de Lambda, no se centran en un móvil homófobo, hipótesis que los investigadores parecen, en principio, descartar, tras llevar a cabo pruebas oculares y la inspección en el domicilio de la víctima, donde ocurrieron los hechos, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación.

Lumbreras, de 60 años, fue hallado el pasado miércoles por la noche muerto en su vivienda de la calle Julián Peña de València, con golpes por todo el cuerpo y maniatado. Fueron unos vecinos los que alertaron a la Policía, que cuando llegó a la casa encontró al activista fallecido y el domicilio revuelto.

Lambda, la asociación que trabaja por la defensa de los derechos del colectivo LGTBI en la Comunitat Valenciana y de la que la víctima fue uno de sus fundadores, ha emitido este viernes un comunicado en sus redes sociales en el que avanzan que celebrarán un acto en memoria de Fernando, aunque piden esperar a que el proceso de investigación policial les permita poder adoptar decisiones.

«Desde Lambda queremos compartir con todas y todos vosotros que estamos plenamente compungidos y afectados por la situación que estamos atravesando con el asesinato de nuestro compañero Fernando. Nos abruma gratamente la cantidad de mensajes de apoyo y ánimo que estamos recibiendo. Fernando Lumbreras significaba mucho para mucha gente», señala la entidad.

Al respecto, explica que muchas de las personas que querían al activista les están preguntando si celebrarán un acto «de memoria» a Fernando. «Lo haremos, claro que sí, no podría ser de otra manera. Pero queremos y necesitamos esperar a que el proceso de investigación nos permita adoptar decisiones. Os pedimos paciencia y cautela al respecto», comunican en su cuenta de Twitter, en la que junto con la web y redes sociales, informarán de los próximos pasos.

Tras conocerse el crimen de Lumbreras, representantes de partidos como Podem, PSPV, Compromís o Pacma y diversas entidades, muchas de ellas relacionadas con el colectivo LGTBI, han expresado a través de las redes sociales sus condolencias y tristeza por el asesinato de Lumbreras, al que califican de «gran luchador» por los derechos de esta colectividad. Asimismo, Les Corts o el alcalde de València, Joan Ribó, se sumaron a las condolencias.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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