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Desmantelan una ‘startup’ de marihuana que hacía seguimiento ‘on line’ de los cultivos

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ALICANTE, 15 Jun. (EUROPA PRESS) – La Guardia Civil ha desmantelado en San Vicente del Raspeig (Alicante) una de las organizaciones más modernas y mejor estructuradas dedicadas al cultivo y tráfico de drogas, calificada como la «startup» de la marihuana, que realizaba un seguimiento ‘on line’ de los cultivos tras la detención de 13 personas.

El cabecilla de la organización era un holandés reclamado por las autoridades de su país como presunto autor de un asesinato que había comenzado hacía menos de un año este negocio y ya disponía de cuatro cultivos que se encontraban a pleno rendimiento. El mismo día que fue detenido era emitida una Orden Europea de Detención por las autoridades holandesas en la que se le reclamaba por un delito contra las personas.

Uno de los activos de la organización era agente inmobiliario, experto en localizar a los propietarios que alquilaban viviendas, naves o locales comerciales, susceptibles de albergar plantaciones de gran tamaño. Cuando encontraba una vivienda que se adecuaba a las necesidades de la organización, hacía lo posible por alquilarla, incluso aunque estuviera habitada. Para ello, ofrecían grandes cantidades de dinero a sus moradores, que ante la oferta, acababan alquilándoles el inmueble.

Las cinco viviendas registradas por los agentes, estaban situadas en urbanizaciones de lujo. Por ellas pagaban alrededor de los 3.000 euros mensuales, pero todas estaban enganchadas ilegalmente a la red eléctrica, para poder suministrar las necesidades de las plantaciones sin levantar sospechas.

Estas viviendas pasaban totalmente desapercibidas para los vecinos, ya que vistas desde el exterior no se podía apreciar ningún detalle de lo que se estaba cultivando en su interior. De hecho, en ellas vivían los miembros de la banda con sus familias. Durante tres de los registros, la Guardia Civil descubrió en ellos a cuatro niños, de entre 9 meses y 7 años, según las mismas fuentes.

Otros miembros de la banda hacían el papel de «jardineros». Por un lado cuidaban el jardín y los exteriores de las casas, para aparentar normalidad entre el vecindario, pero también se encargaban de las plantas de marihuana en el interior de los recintos donde se estaban cultivando.

En esos cultivos, además, utilizaban tecnología punta para aumentar el rendimiento. El coste de montaje de estos cultivos era más del doble del habitual ya que disponían de equipos informáticos, conectados a aparatos de domótica, con los cuales controlaban el desarrollo de las plantaciones a distancia, con una tablet o un teléfono móvil, a través de una aplicación específica para ello.

De eso se encargaba uno de los miembros de la organización, que realizaba un seguimiento «on line» de los cultivos, controlando los niveles adecuados de temperatura, humedad, o los niveles de CO2. Cuando los agentes le detuvieron, otros miembros de la organización borraron remotamente el teléfono móvil donde tenía toda la información de los procesos de cultivo y las aplicaciones para el control.

Cuando llegaba el momento de la recogida y secado de las plantas, la organización realizaba una subcontratación a un grupo de marroquís, que solo tenían contacto con los miembros durante ese periodo de tiempo.

NEGOCIO PERFECTAMENTE ORGANIZADO
Mientras tanto, el líder de la organización llevaba un alto nivel de vida. Visitaba clubs de alterne y hoteles de lujo, en los que se cree cerraba acuerdos para exportar la droga a otros países europeos. Además, cambiaba constantemente de itinerarios, de vehículos (todos de alta gama y generalmente de alquiler), de teléfonos e incluso de vivienda, lo que dificultaba su seguimiento.

Durante los registros de las cinco viviendas, los agentes descubrieron entre la diversa documentación encontrada, que disponían de varias empresas pantalla, que no tenían actividad ninguna, pero que servían para blanquear el dinero procedente de la venta de droga.
Con ese fin tenían también alquilados varios locales, en los que se encontraban inscritas las empresas, pero que no tenían movimiento alguno. Los administradores de esas empresas, eran personas ajenas a la organización, que cobraban una cantidad mensual, solo por estar dadas de alta en esas funciones.

La Guardia Civil ha aprehendido cinco vehículos de alta gama (BMW y VW), valorados en unos 150.000 euros, cerca de 10.000 euros en efectivo, y numerosos terminales telefónicos con tarjetas de telefonía a nombre de súbitos argelinos con identidades ficticias al objeto de imposibilitar sus posibles intervenciones telefónicas.

También han sido intervenidos numerosos equipos informáticos, tablets, sistema telemáticos para controlar las plantaciones a distancia, arrojando este último extremo que dicho grupo operaba con las técnicas más moderas y pioneras en dicho mercado ilegal.

Además, se han incautado 60 kilos de marihuana dispuesta para su venta (cogollos), del cual hubiesen obtenido en el mercado ilícito unos 300.000 euros. Así mismo se han aprehendido 3.500 plantas de marihuana en cuatro cultivos diferentes y pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas para su propio consumo.
Las viviendas y locales estaban situadas en las localidades de Muchamiel, Gata de Gorgos, Busot, La Alcoraya, El Moralet y la capital alicantina.

En total, los agentes de la Guardia Civil de San Vicente han detenido a 13 personas (dos ucranianas, una rusa, un bosnio, cinco holandés, un colombiano, dos argentinos, dos marroquís), siendo tres de ellas mujeres, todos con edades comprendidas entre 25 y 45 años
como presuntos autores de varios delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cultivo o elaboración de sustancias estupefacientes y defraudación de fluido eléctrico. Tras ser puestos a disposición judicial, cinco de ellos han ingresado en prisión provisional.

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Un tercer menor sufrió complicaciones tras ser atendido por el anestesista investigado por la muerte de una niña en Alzira

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Muere una niña de 6 años tras tratamiento dental Alzira
Cartel en la clínica dental donde fue tratada la menor - EUROPA PRESS

La Conselleria de Sanidad investiga actualmente si las complicaciones que sufrió un niño atendido en una clínica dental de Paterna están relacionadas con una mala praxis del anestesista E. Ll. A., principal investigado por la muerte de una niña de seis años y la grave intoxicación de otra de cuatro en Alzira.

Este tercer caso ocurrió semanas antes de los incidentes de Alzira y se ha conocido tras las inspecciones que Sanitat lleva a cabo en todas las clínicas donde el especialista presta o ha prestado sus servicios. El objetivo es determinar si existen antecedentes de reacciones adversas vinculadas al uso indebido de fármacos anestésicos.


La jueza valora sumarle un nuevo delito

Si se confirma que la reacción del menor fue causada por una mala praxis, la jueza de Instrucción nº 5 de Alzira podría imputarle un nuevo delito de lesiones, que se sumaría a los ya investigados:

  • Homicidio por imprudencia

  • Lesiones por imprudencia profesional

  • Omisión del deber de socorro

  • Hurto de medicamentos

El anestesista permanece en libertad con cargos, con pasaporte retirado, prohibición de salir de España y obligación de comparecer ante el juzgado.


Sanitat inspecciona clínicas en València, Paterna, Catarroja, Sagunt y Alzira

Las inspecciones iniciadas por la Conselleria continúan activas y se centran en esclarecer si hubo más casos previos de complicaciones no reportadas. Las clínicas revisadas incluyen:

  • Sedes de una franquicia dental en Paterna y Catarroja

  • Un centro en Sagunt

  • Una clínica en València

  • La clínica de Alzira, donde ocurrieron los casos más graves

Los inspectores también analizan históricos de tratamientos, protocolos de sedación y posibles irregularidades en la trazabilidad de los medicamentos empleados.


Investigadores confirman sustracción de anestésicos

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y confirma que el anestesista presuntamente sustraía del hospital donde trabajaba los fármacos utilizados en las sedaciones:

  • Midazolam

  • Propofol

Ambos compuestos se usaron en las sedaciones de las niñas de Alzira. Los agentes investigan si la muerte de la menor de seis años pudo deberse a una sepsis causada por un anestésico contaminado.


Situación judicial del anestesista y de la propietaria de la clínica

La propietaria de la Clínica Dental Mireia continúa investigada por omisión del deber de socorro y un presunto delito contra la salud pública. La causa permanece abierta mientras se analizan historiales clínicos, resultados de laboratorio y nuevas declaraciones.

 

Qué se sabe hasta ahora del anestesista de la clínica dental de Alzira

 

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