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Valencia

Detenido por vender sin autorización fitosanitarios, algunos prohibidos desde hace años

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Detenido venta fitosanitarios Valencia

La Guardia Civil de Valencia ha detenido a un hombre de 35 años por vender fitosanitarios en plataformas de Internet sin tener autorización para ello, incluidos productos prohibidos y cancelados hace más de 13 años por su afección a las personas y al medio ambiente.

En total, se han intervenido 3.500 kilos de productos fitosanitarios en un almacén agrícola ubicado en el corazón del parque natural de L’Albufera, en València, algunos de los cuales podrían llevar varios años almacenados, según han informado este jueves fuentes de la Benemérita.

La operación, denominada ‘Fitocas’, comenzó cuando los agentes del Seprona tuvieron conocimiento a través del Servicio de Seguridad y Control de la Producción Agraria de la Generalitat de que se estaban vendiendo productos fitosanitarios en línea al margen de los canales legales de los operadores inscritos en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa sanitaria.

El equipo investigador logró la identificación y detención de un hombre por un delito contra la salud pública y contra los recursos naturales y el medio ambiente, que a través de esas plataformas había vendido a particulares de once provincias (Alicante, Barcelona, Cáceres, Huesca, Lleida, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Orense y Valencia).

En el registro llevado a cabo en un almacén agrícola de la pedanía del Perellonet, ubicado en el corazón del Parque Natural de L’Albufera, se localizaron gran cantidad de productos fitosanitarios, coincidiendo algunos con los expuestos para su venta en internet.

Estos podrían llevar varios años almacenados, por lo que los agentes tuvieron que actuar con EPI y mascarillas debido al fuerte olor a químicos, mientras que localizaron productos prohibidos desde hace más de 13 años y otros etiquetados en árabe o portugués, y no en castellano, tal y como establece la norma.

En total, se han intervenido 3.500 kilos de productos fitosanitarios, de los que se han remitido muestras para su análisis al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona.

Algunos productos puestos a la venta por el detenido tenían revocada y declarada extinguida la autorización de comercialización por contener Glifosato con el coformulante Tallowamina polietoxidada, una sustancia química que se relaciona con distintos tipos de cáncer, retrasos en el desarrollo, enfermedades intestinales y daños en el hígado o riñón.

Otros estaban formulados a base de la sustancia activa Imidacloprid, que supone un riesgo para la vida de las abejas, ya que en zonas donde se aplicaban estos fitosanitarios las poblaciones de abejas se reducían drásticamente.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Seprona de Valencia con el apoyo de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Unidad Técnica del UCOMA y las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 16 de Valencia.

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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