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Detienen a tres empleados de una residencia de autistas de El Campello por supuestos malos tratos

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Detienen a tres empleados de una residencia de autistas del Campello por supuestos malos tratos

Alicante, 18 nov (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a tres empleados de una residencia de autistas de El Campello (Alicante), gestionada por una asociación, por supuestos malos tratos e investiga a otros tres trabajadores, según han confirmado este jueves a Efe fuentes próximas al caso.

Las mismas fuentes han indicado que han sido arrestados un responsable, un coordinador y un trabajador del centro, que es gestionado por la entidad Educatea, que se ocupa de atender a jóvenes y adultos con trastornos del espectro autista que presentan comorbilidad psiquiátrica y problemas de conducta grave.

Los hechos que investiga el instituto armado se habrían producido en una vivienda, gestionada por la citada asociación, que tiene plazas concertadas con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Fuentes de esta Conselleria han explicado a Efe que la vivienda no está tutelada por la Generalitat y han precisado que los que están tutelados son los que viven o residen en ella.

«Hemos colaborado con la fiscalía durante todo el proceso de investigación previo y con la Guardia Civil, y estamos en contacto estrecho con las familias para, si en algún momento hiciera falta, buscar un recurso habitacional alternativo» para los residentes, han informado fuentes de la Conselleria.

La Agencia Efe ha intentado ponerse en contacto con la asociación para recabar su versión de los hechos, pero hasta el momento ha sido infructuoso, mientras que fuentes del Ayuntamiento de El Campello han dicho a Efe que no sabían nada del caso, salvo lo difundido por los medios de comunicación.

En su página web, la asociación afirma que son un grupo de profesionales «con casi una década de experiencia en el trabajo con estos perfiles».

Señala también que tiene una vivienda tutelada que se acoge al régimen de acuerdos de acción concertada con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional.

Por su parte, la portavoz de Igualdad del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha solicitado la comparecencia de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tras conocerse la detención de tres trabajadores del centro.

En un comunicado, Bastidas ha expuesto que «no hay semana que pase sin que la Comunitat Valenciana tenga un foco apuntando por la mala gestión con menores», y ha señalado que Oltra «se equivoca día tras día y debe dar la cara».

Así, la diputada ha avanzado que solicitará los informes de la inspección sobre el centro, ubicado en El Campello, desde el año 2018, y respuesta a si la Conselleria «tenía constancia de irregularidades o deficiencias en el centro, que está bajo la tutela de Oltra desde 2018».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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