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DÍA MUNDIAL SIDA| Las infecciones VIH repuntan en la Comunitat Valenciana ligeramente

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La Comunitat Valenciana registró durante el año pasado un total de 379 nuevos casos de infección por VIH, la gran mayoría en hombres (hasta el 85,5% de los diagnósticos) de entre 25 y 39 años. De ellos, 28 correspondían a casos de SIDA, una décima parte. La Conselleria de Sanidad ha lanzado la campaña ‘Conocemos el problema. Pongámosle condón’. Este lema busca destacar la importancia del uso del preservativo frente al contagio, con motivo del Día Mundial contra el VIH y el SIDA. Durante el año 2016, las infecciones por VIH experimentaron un libero repunte entre los valencianos, con hasta 379 nuevos casos frente a los 317 de 2015. A esta cifra se suman otros 76 diagnósticos de ciudadanos de la Comunitat que contrajeron la infección fuera de la región. La tasa de incidencia del VIH en la Comunitat Valenciana es de 7,6 casos por cada 100.000 habitantes. Por provincias, Valencia ha registrado una de 8,3, Alicante de 7,2 y Castellón de 5,7.

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Reducción de la jornada laboral: quién puede beneficiarse de ella y quién no

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La jornada laboral de 37,5 horas no será para todos: más de 6,3 millones de españoles quedarán excluidos

Autónomos y empleados públicos no se beneficiarán de la nueva reducción de jornada que llega al Congreso

La reducción de la jornada laboral en España entra en debate este miércoles 30 de abril en el Congreso de los Diputados. El Gobierno busca limitar legalmente la jornada semanal a un máximo de 37,5 horas sin reducción salarial, pero la medida no será universal: más de 6,3 millones de trabajadores quedarán excluidos, lo que ha generado inquietud entre los colectivos afectados.

Entre los principales excluidos de la jornada laboral reducida se encuentran los autónomos y los empleados públicos, dos pilares fundamentales del tejido económico y social del país. Además, la medida tampoco afectará a aquellos trabajadores con convenios colectivos que ya contemplan jornadas por debajo del nuevo límite propuesto.

¿Quiénes no podrán acogerse a la jornada de 37,5 horas?

1. Autónomos: sin jornada legal y sin protección

El colectivo de trabajadores autónomos, que supera los 3 millones de personas en España, no tendrá acceso a la reducción de jornada. Al operar por cuenta propia, su tiempo de trabajo no está regulado por ley. Aunque no se ven afectados directamente, muchos de ellos deberán reorganizar sus horarios y asumir el impacto de los cambios si emplean personal contratado que sí se beneficie de la nueva normativa.

Esto podría traducirse en un aumento de costes laborales o en una reestructuración interna de sus negocios para mantener la operatividad, sobre todo en el caso de pequeñas empresas o profesionales independientes.

2. Empleados públicos: regulados por normativas distintas

En el caso de los funcionarios y empleados públicos, su jornada está determinada por regulaciones propias. Muchos ya trabajan 35 horas semanales o menos, por lo que no se verán afectados por la reforma.

Sin embargo, esta exclusión ha provocado quejas dentro del sector público, donde algunos sindicatos pedían una homologación generalizada que equiparara las condiciones laborales de todos los trabajadores del país.

¿A quién beneficia la nueva reducción de jornada?

La nueva medida se aplicará a trabajadores por cuenta ajena del sector privado cuya jornada actual supere las 37,5 horas semanales. El objetivo es impulsar la conciliación familiar, mejorar la salud laboral y aumentar la productividad, en línea con modelos implantados en otros países europeos.

El impacto será más notable en sectores como el comercio, la hostelería, la industria o los servicios, donde aún predominan jornadas largas. La aplicación será progresiva y dependerá de negociaciones colectivas con patronales y sindicatos.

Una reforma laboral con grandes ausencias

Pese al avance que supone para muchos trabajadores, la nueva jornada laboral en España deja fuera a una parte importante del mercado laboral. Más de 6,3 millones de personas —entre autónomos y empleados públicos— no se beneficiarán directamente, lo que pone en evidencia la desigualdad estructural en el acceso a los derechos laborales en el país.

Esta exclusión plantea desafíos importantes: cómo adaptar la legislación para ser más inclusiva y cómo compensar a quienes, por la naturaleza de su trabajo, no pueden acceder a reformas que buscan mejorar la calidad de vida del trabajador medio.

 

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