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Díaz: La Comunitat es la gran perdedora de una financiación que urge cambiar

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Yolanda Díaz en acto Público de la Plataforma Sumar en Valencia
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante el acto público de la Plataforma Sumar en València. EFE/Biel Aliño

València, 19 nov (OFFICIAL PRESS/EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido que la Comunitat Valenciana es «la gran perdedora» del sistema de financiación autonómica, y ha afirmado que este debe ser «inmediatamente corregido».

«Un gran problema»

En un acto público en València para presentar la plataforma Sumar, Díaz ha dicho saber que esta autonomía tiene «un gran problema» que se llama «financiación», que hace que cada valenciano perciba 612 euros menos que un ciudadano de la comunidad mejor financiada.

Y eso, ha dicho, no es solo un agravio, sino una cuestión de derecho a servicios públicos, ya que hablar de financiación es hablar de cultura, de dependencia, de empleo, de sanidad y educación públicas o de políticas de cooperación.

Ante los centenares de asistentes al acto, celebrado en Feria València, Díaz se ha referido a la manifestación celebrada este viernes en Alicante para exigir mayores inversiones en esta provincia en los Presupuestos Generales del Estado, y ha avanzado que esta cuestión se va a corregir.

Ha abogado también por abordar el tema de la fiscalidad, y ha criticado a las autonomías que «se permiten el dislate de bajar impuestos y suprimirlos a las grandes rentas para que otros les paguemos los servicios públicos».

La líder de Sumar ha puesto a la Comunitat Valenciana como ejemplo de gobierno del que se puede presumir en estos momentos, frente al «modelo de Francisco Camps y de la corrupción del PP», cuyo emblema ha dicho, «se llama Rodrigo Rato y está en la cárcel».

Volkswagen

Durante su intervención, también ha asegurado que Sagunto tiene una oportunidad con la instalación de la gigafactoría de baterías de Volkswagen para cambiar el modelo productivo y hacerlo bien, integrando a los trabajadores y las familias.

Por otra parte, la ministra ha exigido tanto a la banca como a las grandes distribuidoras de alimentación, que se están «forrado» o «incrementado de manera escandalosa» sus beneficios, que se pongan del lado de la gente en esta crisis y «se mojen» por el país.

Ha defendido que cuando se actúa desde lo público se puede cambiar la vida de la gente, pero ha lamentado que hay dos cuestiones sobre las que no se está actuando: el derecho a la vivienda y la alimentación.

«La banca se esta forrando con la subida de tipos de interés», ha asegurado, y ha abogado por que en un momento de crisis, este sector debe decir que «está con la gente y va a congelar las hipotecas con carácter retroactivo a partir de la subida del euríbor».

En materia de alimentación, ha criticado que con un IPC «insoportable» del 15,4 %, las grandes distribuidoras del país están aumentando «de manera escandalosa sus beneficios», y les ha instado a «mojarse por el país» y garantizar una cesta de la compra «saludable y sana para la gente».

Yolanda Díaz ha afirmado que en este proyecto «no sobra nadie» y que han venido a la política «para cambiar la vida de la gente, y no para hacer ruido y jalear».

«Sumar va de cambiar la vida de la gente y disputar las esperanzas. Disputemos las esperanzas, no nos distraigamos, no hagamos ruido, digamos a la gente que lo pasa mal que les vamos a dar confianza», ha manifestado, y ha señalado que quien se distraiga de este camino «no sirve para el fin de cambiar» la vida de las personas.

Díaz, quien ha sido interrumpida en dos ocasiones por militantes del Frente Obrero, ha defendido que la ley del «sí es sí» es importante y que hay que dejar trabajar al Tribunal Supremo, al ser preguntada por una asistente al acto por la polémica generada por esta norma.

Al acto, han asistido el vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca (Podem); la consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Isaura Navarro (Compromís), y la de Transparencia, Rosa Pérez Garijo (EU), además del diputado de Compromís en el Congreso Joan Baldoví, y las síndicas en Les Corts de Compromís, Papi Robles, y Unides Podem, Pilar Lima.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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