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Díaz: La Comunitat es la gran perdedora de una financiación que urge cambiar

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Yolanda Díaz en acto Público de la Plataforma Sumar en Valencia
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante el acto público de la Plataforma Sumar en València. EFE/Biel Aliño

València, 19 nov (OFFICIAL PRESS/EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido que la Comunitat Valenciana es «la gran perdedora» del sistema de financiación autonómica, y ha afirmado que este debe ser «inmediatamente corregido».

«Un gran problema»

En un acto público en València para presentar la plataforma Sumar, Díaz ha dicho saber que esta autonomía tiene «un gran problema» que se llama «financiación», que hace que cada valenciano perciba 612 euros menos que un ciudadano de la comunidad mejor financiada.

Y eso, ha dicho, no es solo un agravio, sino una cuestión de derecho a servicios públicos, ya que hablar de financiación es hablar de cultura, de dependencia, de empleo, de sanidad y educación públicas o de políticas de cooperación.

Ante los centenares de asistentes al acto, celebrado en Feria València, Díaz se ha referido a la manifestación celebrada este viernes en Alicante para exigir mayores inversiones en esta provincia en los Presupuestos Generales del Estado, y ha avanzado que esta cuestión se va a corregir.

Ha abogado también por abordar el tema de la fiscalidad, y ha criticado a las autonomías que «se permiten el dislate de bajar impuestos y suprimirlos a las grandes rentas para que otros les paguemos los servicios públicos».

La líder de Sumar ha puesto a la Comunitat Valenciana como ejemplo de gobierno del que se puede presumir en estos momentos, frente al «modelo de Francisco Camps y de la corrupción del PP», cuyo emblema ha dicho, «se llama Rodrigo Rato y está en la cárcel».

Volkswagen

Durante su intervención, también ha asegurado que Sagunto tiene una oportunidad con la instalación de la gigafactoría de baterías de Volkswagen para cambiar el modelo productivo y hacerlo bien, integrando a los trabajadores y las familias.

Por otra parte, la ministra ha exigido tanto a la banca como a las grandes distribuidoras de alimentación, que se están «forrado» o «incrementado de manera escandalosa» sus beneficios, que se pongan del lado de la gente en esta crisis y «se mojen» por el país.

Ha defendido que cuando se actúa desde lo público se puede cambiar la vida de la gente, pero ha lamentado que hay dos cuestiones sobre las que no se está actuando: el derecho a la vivienda y la alimentación.

«La banca se esta forrando con la subida de tipos de interés», ha asegurado, y ha abogado por que en un momento de crisis, este sector debe decir que «está con la gente y va a congelar las hipotecas con carácter retroactivo a partir de la subida del euríbor».

En materia de alimentación, ha criticado que con un IPC «insoportable» del 15,4 %, las grandes distribuidoras del país están aumentando «de manera escandalosa sus beneficios», y les ha instado a «mojarse por el país» y garantizar una cesta de la compra «saludable y sana para la gente».

Yolanda Díaz ha afirmado que en este proyecto «no sobra nadie» y que han venido a la política «para cambiar la vida de la gente, y no para hacer ruido y jalear».

«Sumar va de cambiar la vida de la gente y disputar las esperanzas. Disputemos las esperanzas, no nos distraigamos, no hagamos ruido, digamos a la gente que lo pasa mal que les vamos a dar confianza», ha manifestado, y ha señalado que quien se distraiga de este camino «no sirve para el fin de cambiar» la vida de las personas.

Díaz, quien ha sido interrumpida en dos ocasiones por militantes del Frente Obrero, ha defendido que la ley del «sí es sí» es importante y que hay que dejar trabajar al Tribunal Supremo, al ser preguntada por una asistente al acto por la polémica generada por esta norma.

Al acto, han asistido el vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca (Podem); la consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Isaura Navarro (Compromís), y la de Transparencia, Rosa Pérez Garijo (EU), además del diputado de Compromís en el Congreso Joan Baldoví, y las síndicas en Les Corts de Compromís, Papi Robles, y Unides Podem, Pilar Lima.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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