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Sucesos

Diez detenidos por vaciar cuentas bancarias duplicando las tarjetas SIM

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Hacienda multa movimientos dinero
Una persona consulta unos datos en su teléfono móvil. EFE/Archivo

Sevilla, 9 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Huelva y Puerto de Sagunto (Valencia) a diez personas por pertenecer a una organización dedicada a duplicar las tarjetas SIM de los teléfonos móviles para vaciar las cuentas de decenas de víctimas, a las que les han causado perjuicios por más de 200.000 euros.

La operación Pijama y Duplicat se ha llevado a cabo en Dos Hermanas (Sevilla), Huelva y Sagunto (Valencia) y los detenidos invertían parte de los beneficios obtenidos en comprar los elementos necesarios para el cultivo de marihuana, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Esta modalidad de estafa -Sim Swapping- permite robar la identidad del usuario mediante el secuestro de su línea móvil al obtener un duplicado de su tarjeta SIM y una vez se activa el duplicado, la víctima se queda sin línea en el terminal telefónico al no poder haber dos tarjetas SIM asociadas a un mismo número de abonado.

A partir de ese instante, los detenidos con el control de la línea móvil en su poder, se descargan la aplicación de banca online de la víctima, con la que solicitan el cambio de contraseñas que reciben en su terminal.

Posteriormente acceden a las cuentas y las vacían rápidamente de dinero, generalmente, mediante la extracción de efectivo en cajeros automáticos, la recarga de tarjetas prepago y la realización de transferencias a cuentas vinculadas con la organización delictiva.

Según la policía, toda esta actividad ilícita ha causado enormes perjuicios económicos, puesto que cuando las víctimas pudieron acceder de nuevo a sus cuentas bancarias a través de internet, comprobaron que además les habían solicitado préstamos rápidos a su nombre, lo que dejaba a los perjudicados sin dinero y endeudados.

Una vez que los investigadores tuvieron conocimiento de estos hechos, se inició una investigación en dos fases operativas en la que han participado los Grupos de Fraude Informativo de Sevilla y el Grupo de Delitos Económicos y Fiscales de Huelva y tras seis meses de complejas investigaciones ha culminado con la desarticulación de toda la organización criminal.

En un principio los investigadores situaron a parte de la organización en la localidad de Dos Hermanas (Sevilla), si bien durante el desarrollo de las indagaciones cambiaron la ubicación a Huelva.

En la primera fase de la operación Pijama Duplicat, se realizaron dos entradas y registros el 14 de marzo pasado en Huelva donde fueron detenidas ocho personas relacionadas principalmente con la obtención de manera fraudulenta de duplicados de tarjetas SIM de las víctimas y la canalización del beneficio económico ilícitamente obtenido.

La segunda fase tuvo lugar el 6 de abril, en la localidad valenciana de Puerto de Sagunto, donde se registró otro inmueble y fueron detenidas otras dos personas, que serían los encargados del acceso no autorizado, a las cuentas bancarias de las víctimas, así como la realización de la operativa bancaria fraudulenta.

Además, se ha conseguido intervenir más de cuatro kilos de marihuana en el registro efectuado en Puerto de Sagunto, así como el aparataje necesario para el cultivo de este tipo de droga.

En los domicilios registrados, además de la marihuana, se ha intervenido, 9 teléfonos móviles, 11 tarjetas bancarias, tarjetas SIM, 270 euros en efectivo, documentación y una balanza digital profesional. EFE

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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