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Dos estudiantes de la UPV imputados por ‘hackear’ el sistema y subirse la nota

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Google Chrome te advertirá si tu contraseña ha sido hackeada

Los dos estudiantes de la Universitat Politècnica de València (UPV) que presuntamente piratearon el sistema informático de la institución académica para cambiar sus notas tendrán que declarar como investigados el próximo 12 de febrero, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Así, el Juzgado de Instrucción número 14 de València ha citado a declarar, en calidad de investigados, a estos dos jóvenes por un delito informático cuya modalidad está por concretar a la espera de un informe, han detallado a Europa Press desde el alto tribunal.

Los estudiantes -dos chicos de 20 años que supuestamente ‘hackearon’ las claves de unos 40 profesores para cambiar sus notas con un software ‘keylogger’- declararon ya en sede policial tras ser detenidos en abril del año pasado.

Además, la UPV les abrió un expediente que, tras comprobar que hubo acceso fraudulento a un documento público a las actas de las asignaturas, se resolvió con la conclusión de que los alumnos cometieron una falta tipificada como muy grave, lo que puede acabar en la expulsión de la universidad. La institución educativa remitió el pasado 15 de enero dicha información al juzgado para que determine si hay delito penal. En estos momentos, el expediente académico ha quedado en suspenso ante la prioridad que tiene la vía penal.

Las investigaciones comenzaron tras el hallazgo de un dispositivo espía tipo ‘keylogger’ en uno de los ordenadores de la universidad. Se trata de un software capaz de interceptar y guardar las pulsaciones realizadas en el teclado de un equipo informático sin que el usuario lo detecte.

La unidad de Sistemas de Información y Comunicación de la UPV -el área encargada de temas de ciberseguridad- alertó el 1 de febrero de 2018 de anomalías, lo que puso en marcha los protocolos de seguridad. Entonces, los vicerrectorados de Contenidos Digitales y Alumnado mantuvieron una reunión con los docentes que podían haber sido afectados y se les asesoró para interponer las denuncias.

RED TOR
La investigación de la Policía determinó que supuestamente se apropiaron de las claves de unos 40 profesores, a través de las cuales accedieron a sus cuentas personales de la intranet de la universidad y a sus correos electrónicos desde una serie de direcciones IP relacionadas con la red TOR. Esta es una red de comunicaciones distribuida por encima de la capa de internet, de manera que nunca se revelan los datos de los usuarios que la utilizan, manteniéndose así como una red privada y anónima.

Los policías averiguaron que las calificaciones de muchos exámenes y trabajos suspendidos en un primer momento posteriormente aparecían como aprobados con una buena nota en las actas. Para ello, presuntamente interceptaban el mensaje de aviso de cambio de nota que el sistema informático enviaba al docente, evitando que éste se percatara. Las notas finales eran publicadas en las actas oficiales sin que nadie se percatase del fraude.

Una vez identificados los presuntos infractores, ambos fueron detenidos como supuestos autores de los delitos de acceso ilícito a datos y programas informáticos, daños informáticos, descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de estado civil y falsedad de documento público.

Fuente: Europa Press

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El DAO José Ángel González Jiménez dimite tras ser acusado de violación: de pacificador de la Policía a hombre de confianza de Marlaska

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El comisario principal José Ángel González Jiménez, conocido como ‘Jota’, de 66 años y natural de Aguilar del Río Alhama, ha dimitido como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional tras ser denunciado por agresión sexual por una subordinada, en un caso que ha sacudido a la institución y a la opinión pública.

Trayectoria del DAO: de pacificador a figura de confianza

González Jiménez llegó a la DAO en 2018 en un momento convulso para la Policía Nacional, tras escándalos como la ‘policía patriótica’ o el caso Villarejo. Su perfil discreto y profesional le permitió recuperar la normalidad en la operativa policial y mejorar la imagen de la institución, especialmente en tareas de seguridad ciudadana y gestión de crisis.

Entre sus logros destacan la coordinación con los Mossos d’Esquadra tras los altercados por la sentencia del procés y su papel en el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, gestionando los confinamientos durante la pandemia, lo que le convirtió en rostro familiar para los ciudadanos en ruedas de prensa junto a Fernando Simón y responsables de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Renovación legal para mantenerse en el cargo

En diciembre de 2024, al cumplir los 65 años, González Jiménez debía jubilarse. Sin embargo, el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, promovió un cambio legal que le permitió seguir en el puesto, mostrando plena confianza en él, aunque generando tensiones internas entre otros altos mandos que sí debieron retirarse a esa edad.

Fuentes cercanas al DAO indican que “desde hace un año no era el mismo, se notaba que algo le pasaba”, y lamentan que no hubiera dimitido antes de que estallara el escándalo que ahora marca su destino profesional y personal.

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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