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Dos estudiantes de la UPV imputados por ‘hackear’ el sistema y subirse la nota

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Google Chrome te advertirá si tu contraseña ha sido hackeada

Los dos estudiantes de la Universitat Politècnica de València (UPV) que presuntamente piratearon el sistema informático de la institución académica para cambiar sus notas tendrán que declarar como investigados el próximo 12 de febrero, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Así, el Juzgado de Instrucción número 14 de València ha citado a declarar, en calidad de investigados, a estos dos jóvenes por un delito informático cuya modalidad está por concretar a la espera de un informe, han detallado a Europa Press desde el alto tribunal.

Los estudiantes -dos chicos de 20 años que supuestamente ‘hackearon’ las claves de unos 40 profesores para cambiar sus notas con un software ‘keylogger’- declararon ya en sede policial tras ser detenidos en abril del año pasado.

Además, la UPV les abrió un expediente que, tras comprobar que hubo acceso fraudulento a un documento público a las actas de las asignaturas, se resolvió con la conclusión de que los alumnos cometieron una falta tipificada como muy grave, lo que puede acabar en la expulsión de la universidad. La institución educativa remitió el pasado 15 de enero dicha información al juzgado para que determine si hay delito penal. En estos momentos, el expediente académico ha quedado en suspenso ante la prioridad que tiene la vía penal.

Las investigaciones comenzaron tras el hallazgo de un dispositivo espía tipo ‘keylogger’ en uno de los ordenadores de la universidad. Se trata de un software capaz de interceptar y guardar las pulsaciones realizadas en el teclado de un equipo informático sin que el usuario lo detecte.

La unidad de Sistemas de Información y Comunicación de la UPV -el área encargada de temas de ciberseguridad- alertó el 1 de febrero de 2018 de anomalías, lo que puso en marcha los protocolos de seguridad. Entonces, los vicerrectorados de Contenidos Digitales y Alumnado mantuvieron una reunión con los docentes que podían haber sido afectados y se les asesoró para interponer las denuncias.

RED TOR
La investigación de la Policía determinó que supuestamente se apropiaron de las claves de unos 40 profesores, a través de las cuales accedieron a sus cuentas personales de la intranet de la universidad y a sus correos electrónicos desde una serie de direcciones IP relacionadas con la red TOR. Esta es una red de comunicaciones distribuida por encima de la capa de internet, de manera que nunca se revelan los datos de los usuarios que la utilizan, manteniéndose así como una red privada y anónima.

Los policías averiguaron que las calificaciones de muchos exámenes y trabajos suspendidos en un primer momento posteriormente aparecían como aprobados con una buena nota en las actas. Para ello, presuntamente interceptaban el mensaje de aviso de cambio de nota que el sistema informático enviaba al docente, evitando que éste se percatara. Las notas finales eran publicadas en las actas oficiales sin que nadie se percatase del fraude.

Una vez identificados los presuntos infractores, ambos fueron detenidos como supuestos autores de los delitos de acceso ilícito a datos y programas informáticos, daños informáticos, descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de estado civil y falsedad de documento público.

Fuente: Europa Press

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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