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Las comunidades del PP harán una EBAU común en 2025 con los mismos contenidos y fechas

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EBAU PP

La prueba de acceso a la universidad (EBAU) que se han comprometido este lunes a programar para 2025 los gobiernos autonómicos presididos por el PP incluye entre otras medidas que los exámenes versen sobre los mismos contenidos, tengan los mismos criterios de corrección y las mismas fechas de realización.

Así lo ha anunciado este lunes en Salamanca, en el acto organizado por el PP para presentar esta prueba común, bajo el lema «Por una EBAU más justa», la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, convencida de que con esta propuesta, que ofrecerán también al resto de autonomías que no gobiernan, los populares responden a una demanda de las familias en España.

 

hay diferencias significativas en la prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) dependiendo de la comunidad autónoma en España. Estas diferencias se deben a varios factores:

  1. Contenidos y Temarios: Aunque hay un currículo básico común establecido por el Ministerio de Educación, las comunidades autónomas tienen competencias para adaptar y ampliar estos contenidos. Esto puede llevar a diferencias en los temas que se abordan en la EBAU.
  2. Modelos de Examen: Las comunidades autónomas tienen autonomía para diseñar sus propios modelos de examen. Esto implica que la estructura, el tipo de preguntas (test, desarrollo, preguntas cortas, etc.), y la extensión de los exámenes pueden variar.
  3. Criterios de Corrección: Los criterios de corrección y evaluación también pueden diferir entre comunidades. Esto incluye aspectos como el peso de cada pregunta, la penalización por errores, y la valoración de la expresión escrita.
  4. Asignaturas de Libre Configuración: Algunas comunidades autónomas ofrecen asignaturas específicas de libre configuración autonómica, que pueden incluirse en la EBAU y no estar presentes en otras regiones.
  5. Idiomas Cooficiales: En comunidades con idiomas cooficiales (Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, etc.), la EBAU puede incluir pruebas en estos idiomas, lo que añade una variable adicional a la comparativa entre regiones.

Estas diferencias pueden afectar la dificultad percibida de la prueba y las estrategias de preparación que los estudiantes deben seguir. Por ejemplo, un estudiante que se traslade de una comunidad autónoma a otra podría enfrentar desafíos adicionales al adaptarse a los nuevos contenidos y formatos de examen.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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