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Valencia

Más de 300 edificios afectados por la dana en Valencia serán demolidos

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edificios dana Valencia demolidos
EStado en el que se encuentran algunas de las viviendas de Chiva, tras la DANA. EFE/José Manuel Vidal/Archivo

València, 21 ene (OFFICIAL PRESS-EFE).-El Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) ha inspeccionado más de 9.500 inmuebles en 54 municipios afectados por la DANA en la Comunitat Valenciana, determinando que 305 edificios requieren demoliciones, ya sean totales o parciales. Este impacto pone de manifiesto la magnitud de los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico.

Inspecciones y desalojos tras la DANA

Según Susana Camarero, vicepresidenta primera y portavoz del Consell, se han identificado 1.458 viviendas inhabitables y 516 desalojos debido a los riesgos estructurales. Camarero destacó que las inspecciones, realizadas por técnicos y profesionales, buscan garantizar la seguridad de los vecinos al regresar a sus hogares.

Además, se han llevado a cabo 200 apuntalamientos en edificios para evitar colapsos y asegurar las estructuras afectadas. Estos trabajos reflejan la colaboración entre la Generalitat, arquitectos municipales, bomberos y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Tragedia en Benetússer: víctima mortal por derrumbe

El pasado sábado, un accidente en Benetússer dejó una víctima mortal y un herido. El siniestro ocurrió durante labores de limpieza en un garaje inundado. Camarero señaló que el accidente está siendo investigado, con la participación del IVE. La limpieza de estos espacios ha sido asumida por la Diputación de Valencia, contratando empresas especializadas debido a la complejidad de las tareas.

Críticas al Gobierno de España por la financiación

Camarero criticó la postura del Gobierno central, que ha limitado el pago de inspecciones a inmuebles sin seguro, dejando a muchos vecinos en una situación incierta. La Generalitat se ha comprometido a cubrir los costes de todas las inspecciones para priorizar la seguridad ciudadana.

Asimismo, se instó al Gobierno a redirigir los 25 millones de euros destinados al Sepes hacia la adquisición de viviendas industriales, que ofrecen una solución habitacional rápida para los afectados.

Soluciones a corto y largo plazo

La Generalitat trabaja en colaboración con ayuntamientos para encontrar soluciones inmediatas y sostenibles. Camarero enfatizó la importancia de ofrecer alternativas habitacionales que permitan a los vecinos retomar su vida tras el desastre.

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Salud y Bienestar

La muerte de la niña de Alzira reabre el debate sobre los riesgos de la anestesia: ¿cuáles son los peligros reales?

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riesgos anestesia
PEXELS

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) ha trasladado sus condolencias a la familia de la niña de 6 años fallecida tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada en Alzira. Además, ha insistido en la importancia de que las sedaciones sean “realizadas exclusivamente por médicos especialistas en Anestesiología y Reanimación”. Estos son los riesgos reales de la anestesia.

Llamamiento a la prudencia y advertencia sobre la falta de información clínica

La SEDAR, en un comunicado, ha hecho un llamamiento a la “prudencia, respeto y responsabilidad institucional”, subrayando que actualmente “se desconocen los datos clínicos y las circunstancias exactas” del suceso. Por ello, remarcan que no pueden valorar causas ni responsabilidades hasta que avance la investigación.

La sedación con fármacos anestésicos generales: un procedimiento de alto riesgo

El organismo científico ha insistido en que las sedaciones que emplean fármacos anestésicos generales son “procedimientos con riesgos potencialmente graves, incluso vitales”. Por ello, recalcan que deben realizarse únicamente por especialistas en Anestesiología y Reanimación, los únicos con formación avanzada en farmacología, fisiología, manejo de la vía aérea, ventilación mecánica y reanimación avanzada.

La SEDAR recuerda que, en los últimos años, ha advertido reiteradamente de un “problema muy serio”: la autorización de sedaciones profundas para ser administradas por profesionales que no son anestesistas. Esto incluye médicos de otras especialidades como neumología, cardiología, digestivo o urgencias, e incluso enfermería, mediante cursos que no equivalen a una especialidad médica completa.

Normativas que permiten sedaciones sin anestesistas: un riesgo para el paciente

Según la SEDAR, estas normativas autonómicas generan un riesgo añadido porque los anestésicos generales pueden provocar “apnea, depresión respiratoria y colapso cardiovascular en cuestión de segundos”. Para la entidad, la administración de estos fármacos “exige la formación avanzada específica” de los anestesiólogos.

“El anestesista es el único profesional con la capacitación completa para realizar sedaciones de forma segura y responder de manera inmediata ante cualquier complicación”, remarcan.

Recomendaciones a los pacientes y mensaje del presidente de SEDAR

La SEDAR recomienda a la ciudadanía que, antes de someterse a una sedación, “pregunten siempre quién la va a realizar y verifiquen que se trata de un médico especialista en Anestesiología y Reanimación”.

El presidente de la sociedad, el doctor Javier García Fernández, ha destacado que “la seguridad del paciente es el compromiso central e irrenunciable de la SEDAR”. Ha subrayado también que “la sedación profunda no es un procedimiento menor” y que toda la comunidad sanitaria debe reflexionar tras un suceso tan grave.

La anestesia siempre conlleva riesgo, incluso en manos expertas

SEDAR recuerda que la anestesiología es una disciplina compleja que requiere vigilancia constante y experiencia. “Incluso realizada por profesionales plenamente cualificados, nunca está completamente exenta de riesgo”, advierten.

Por ello, insisten en que estos procedimientos deben realizarse “bajo los estándares máximos de seguridad” y con equipamiento adecuado.

Compromiso de la SEDAR con la seguridad y la evidencia científica

La entidad afirma que seguirá defendiendo que la seguridad del paciente esté “por encima de cualquier otro factor” y trabajará con evidencia científica para evitar que normativas o decisiones organizativas permitan prácticas que puedan comprometer la salud de los ciudadanos.

 

 

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