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Educación pide explicaciones a Marzà sobre el plurilingüismo tras las quejas de PP y Ciudadanos

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EL Ministerio de Educación que dirige Íñigo Méndez de Vigo ha enviado una carta a la Conselleria de Educación en la que insta a que el departamento que dirige Vicent Marzà aclare algunos aspectos de su ‘decreto de plurilingüismo’.

Todo ello se produce tras las quejas de PP y Ciudadanos (C’s) que consideran que dicho decreto «vulnera derechos» porque «castiga» con menos horas de inglés a quienes estudien en castellano y no en valenciano.

Desde C’s han presentado al Defensor del Pueblo una queja formal por el decreto del plurilingüismo del conseller Marzá. «El decreto del plurilingüismo supone un ataque a la libertad de elección de los padres y a la igualdad de oportunidades», ha declarado Fernando Giner, quien tras la exposición de la denuncia de C’s a Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, ha destacado que «el aprendizaje del inglés para los niños es algo tan esencial para las familias que es intolerable que Compromis lo utilice como un arma para penalizarlas. En la Comunitat Valenciana, Ciudadanos ha presentado infinidad de propuestas por una educación trilingüe, a las que Compromís ha dicho ‘no’ de manera sistemática».

Sobre este asunto, Marta Martín ha declarado que «seguiremos pidiendo al gobierno que actúe» y solicitará una reunión con el ministro de Educación con el objetivo de que «dé cuenta sobre el informe de la abogacía del estado y de la alta inspección educativa, en caso de que exista». Además, la diputada ha pedido «una comparecencia para que éste dé cuenta a la Comisión los plazos de implantación del decreto».

«Cs no va a parar de denunciar estos ataques a las libertades. No vamos a parar de defender la igualdad de oportunidades para todos, vengan de donde vengan y elijan la lengua que elijan para la educación de sus hijos», ha concluido Fernando Giner.

Cabe recordar que el decreto sobre el que pide explicaciones el Ministerio de Educación fue aprobado el 27 de enero de 2017 por el Gobierno valenciano para establecer el modelo lingüístico educativo valenciano y regular su aplicación a las enseñanzas no universitarias en la Comunitat Valenciana. Dicho decreto propone que, en todos los centros educativos públicos, se aplicará el ‘Programa de Educación Plurilingüe Dinámico’, que establece seis niveles de competencia en lenguas que van del nivel básico 1 al nivel avanzado 2.

El programa organiza como ‘básicos’ a los alumnos que estudien en castellano y como ‘avanzados’ a los que lo hagan en valenciano, ya que estos niveles se asocian con unas horas y una titulación diferente en inglés, siendo inferior en el caso del nivel básico o castellano y lográndose la titulación máxima de inglés si se opta por el nivel de mayor número de horas en valenciano.

El decreto establece que una vez finalizado el periodo formativo se certificará el nivel de competencia de los alumnos. Así, los que terminen el Bachillerato con un nivel ‘avanzado’, es decir, inglés y valenciano, obtendrán la certificación del B1 de inglés y el C1 de valenciano, a diferencia de los que hayan escogido el nivel ‘básico’ o castellano, que no obtendrán ninguna acreditación.

Y es aquí donde el PP critica que esta decreto va contra la Constitución

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Zarzuela considera que el Rey emérito debería recuperar su residencia fiscal en España si regresa

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rey Juan Carlos Le Figaro

La Casa del Rey vincula el regreso a la residencia fiscal

La Casa de S.M. el Rey considera que el Juan Carlos I puede regresar a vivir a España cuando lo estime oportuno. No obstante, en el entorno de Zarzuela entienden que, si el monarca emérito desea salvaguardar su imagen pública y la de la institución, debería también recuperar su residencia fiscal en territorio español.

Según esta posición, el eventual retorno no estaría condicionado jurídicamente, pero sí tendría implicaciones reputacionales para la Corona.

Un debate ligado a la imagen de la institución

Desde la Casa del Rey subrayan la importancia de preservar la estabilidad y la credibilidad de la monarquía parlamentaria. En ese contexto, la situación fiscal del emérito es vista como un elemento relevante en términos de percepción pública.

El debate se enmarca en la voluntad de reforzar la transparencia institucional y evitar cualquier controversia que pueda afectar a la figura del actual jefe del Estado, Felipe VI.

Residencia en el extranjero y posible regreso

Juan Carlos I fijó su residencia fuera de España en 2020. Desde entonces, ha realizado visitas puntuales al país, pero sin establecer de nuevo su residencia permanente.

La posibilidad de un regreso definitivo ha sido objeto de especulación en diversas ocasiones. Sin embargo, fuentes cercanas a la institución insisten en que cualquier decisión debería tener en cuenta no solo el plano personal, sino también el impacto institucional.

La prioridad: proteger la Corona

La postura trasladada desde Zarzuela apunta a que, más allá del derecho individual del Rey emérito a regresar, la prioridad es proteger la imagen de la Corona y garantizar la coherencia entre residencia efectiva y fiscal.

En un contexto de máxima atención pública sobre la monarquía, cualquier paso relacionado con Juan Carlos I continúa generando interés político y mediático.

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