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Educación pide explicaciones a Marzà sobre el plurilingüismo tras las quejas de PP y Ciudadanos

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EL Ministerio de Educación que dirige Íñigo Méndez de Vigo ha enviado una carta a la Conselleria de Educación en la que insta a que el departamento que dirige Vicent Marzà aclare algunos aspectos de su ‘decreto de plurilingüismo’.

Todo ello se produce tras las quejas de PP y Ciudadanos (C’s) que consideran que dicho decreto «vulnera derechos» porque «castiga» con menos horas de inglés a quienes estudien en castellano y no en valenciano.

Desde C’s han presentado al Defensor del Pueblo una queja formal por el decreto del plurilingüismo del conseller Marzá. «El decreto del plurilingüismo supone un ataque a la libertad de elección de los padres y a la igualdad de oportunidades», ha declarado Fernando Giner, quien tras la exposición de la denuncia de C’s a Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, ha destacado que «el aprendizaje del inglés para los niños es algo tan esencial para las familias que es intolerable que Compromis lo utilice como un arma para penalizarlas. En la Comunitat Valenciana, Ciudadanos ha presentado infinidad de propuestas por una educación trilingüe, a las que Compromís ha dicho ‘no’ de manera sistemática».

Sobre este asunto, Marta Martín ha declarado que «seguiremos pidiendo al gobierno que actúe» y solicitará una reunión con el ministro de Educación con el objetivo de que «dé cuenta sobre el informe de la abogacía del estado y de la alta inspección educativa, en caso de que exista». Además, la diputada ha pedido «una comparecencia para que éste dé cuenta a la Comisión los plazos de implantación del decreto».

«Cs no va a parar de denunciar estos ataques a las libertades. No vamos a parar de defender la igualdad de oportunidades para todos, vengan de donde vengan y elijan la lengua que elijan para la educación de sus hijos», ha concluido Fernando Giner.

Cabe recordar que el decreto sobre el que pide explicaciones el Ministerio de Educación fue aprobado el 27 de enero de 2017 por el Gobierno valenciano para establecer el modelo lingüístico educativo valenciano y regular su aplicación a las enseñanzas no universitarias en la Comunitat Valenciana. Dicho decreto propone que, en todos los centros educativos públicos, se aplicará el ‘Programa de Educación Plurilingüe Dinámico’, que establece seis niveles de competencia en lenguas que van del nivel básico 1 al nivel avanzado 2.

El programa organiza como ‘básicos’ a los alumnos que estudien en castellano y como ‘avanzados’ a los que lo hagan en valenciano, ya que estos niveles se asocian con unas horas y una titulación diferente en inglés, siendo inferior en el caso del nivel básico o castellano y lográndose la titulación máxima de inglés si se opta por el nivel de mayor número de horas en valenciano.

El decreto establece que una vez finalizado el periodo formativo se certificará el nivel de competencia de los alumnos. Así, los que terminen el Bachillerato con un nivel ‘avanzado’, es decir, inglés y valenciano, obtendrán la certificación del B1 de inglés y el C1 de valenciano, a diferencia de los que hayan escogido el nivel ‘básico’ o castellano, que no obtendrán ninguna acreditación.

Y es aquí donde el PP critica que esta decreto va contra la Constitución

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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