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Egea (PP): Si Sánchez quiere ayudar a los españoles debe bajar la luz e inflación

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EFE/ Kai Försterling

València, 1 sep (EFE).- El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado este miércoles que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere ayudar realmente a todos los españoles, lo que debe hacer es «bajar el precio de la luz, la inflación y la cesta de la compra».

Durante una visita a València con motivo de las Fallas, García Egea también ha advertido de que por parte del PP no será posible renovar los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si no se avanza «en su despolitización y su imparcialidad».

El dirigente popular ha reprochado al presidente que su única propuesta para bajar el precio de la luz sea «una comisión de diputados para que lo estudie», así como su voluntad de abordar la «subida inmediata» del salario mínimo interprofesional (SMI) «en lo que queda de año».

«Si quiere ayudar a los que más lo necesitan, que baje la luz y el coste de la vida», ha defendido García Egea, para quien «todo lo que no sea bajar precios supone un parche que no ayuda realmente a las familias».

Ha denunciado que la factura de la luz que pagarán los españoles este mes de septiembre será el doble que la de hace un año, que la inflación «está disparada» y que la cesta de la compra «es cada vez más cara», y ha considerado que la solución no puede ser «apagar el ventilador para no pagar más».

En este sentido, ha instado a Sánchez a estudiarse la propuesta presentada hace unos meses por el PP y que plantea «abaratar hasta un 20 % el precio de la luz», haciendo que los ciudadanos paguen «únicamente por los costes eléctricos asociados a la generación de energía».

«No entendemos por qué el ciudadano tiene que pagar por costes que suponen errores del gobierno de Zapatero», ha manifestado, y ha augurado que este será «el año en que las nefastas políticas que se están aplicando a nivel macro(económico), a nivel de Gobierno, van a tener su repercusión a nivel micro(económico), a nivel de familia».

«Este curso va a ser el de la constatación de que cuando las políticas que se hacen en el Consejo de Ministros no están pensadas para la gente, quien acaba pagándolo todo son las clases medias, las clases trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas», ha señalado.

Preguntado por la voluntad del PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), García Egea ha dijo que para su partido es importante esta renovación, «pero igual de importante es garantizar la imparcialidad y despolitización» de este órgano.

Así, ha afirmado que siguen «tendiendo la mano para avanzar en la despolitización», porque, a su juicio, «no es posible renovar el CGPJ sin avanzar en la independencia y despolitización de los órganos constitucionales».

Ha considerado que ahora hay una gran oportunidad para hacer «un gran acuerdo» dirigido a despolitizar y reforzar la independencia de todos los órganos constitucionales, y ha señalado que si el Gobierno recoge la mano tendida por Casado, «el PP estará en esa senda».

No obstante, ha añadido, «si el Gobierno quiere seguir haciendo lo que veníamos haciendo, el PP lamentablemente no va a estar ahí», pues, según ha dicho, han recibido un mandato de sus afiliados y de los españoles y tienen que «hacer valer los compromisos» que asumen con la ciudadanía.

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Consumo

Consumo multa a Airbnb con 64 millones de euros por anunciar viviendas turísticas sin licencia

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Airbnb
Airbnb

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de más de 64 millones de euros a Airbnb por publicar anuncios de viviendas turísticas sin licencia, así como por incurrir en prácticas consideradas desleales y engañosas para los consumidores. La resolución, impulsada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, es firme y pone fin a la vía administrativa.

Además de la multa económica, el Ministerio obliga a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminar los contenidos ilícitos y hacer pública la sanción, en aplicación de la normativa de consumo vigente.

Más de 65.000 anuncios irregulares retirados

La investigación llevada a cabo por Consumo ha detectado 65.122 anuncios ilegales en la plataforma de alquiler turístico. Entre las infracciones más graves se encuentra la publicación de alojamientos sin número de licencia, un requisito obligatorio en la mayoría de normativas autonómicas.

También se han identificado anuncios con números de registro falsos o incorrectos, así como otros que no informaban correctamente sobre la naturaleza jurídica del anfitrión, lo que supone un caso de publicidad engañosa hacia los usuarios.

Por estos hechos, el Ministerio ha impuesto una sanción principal de 64.055.311 euros, una cuantía que, según Consumo, equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el periodo en el que se mantuvieron estas prácticas.

Respaldo judicial a la actuación de Consumo

La actuación del Ministerio ya había sido respaldada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que avaló en distintos autos la orden de retirada de los anuncios irregulares dictada por Consumo.

La resolución también contempla sanciones adicionales por otras infracciones detectadas durante la instrucción del expediente.

Otras infracciones detectadas en el expediente

Entre ellas figura el incumplimiento de las obligaciones en los contratos celebrados a distancia, al no informar adecuadamente sobre si el anfitrión actuaba como particular o como profesional, una infracción leve sancionada con 10.000 euros.

Asimismo, el Ministerio sanciona a Airbnb por no facilitar la información requerida durante la investigación, lo que supone otra infracción leve con una multa adicional de 10.000 euros. A ello se suma el incumplimiento de las órdenes provisionales dictadas por el órgano instructor, considerado una infracción grave y sancionado con 55.000 euros.

Vivienda y alquiler, en el foco del Ministerio

En paralelo, el Ministerio de Consumo mantiene expedientes sancionadores abiertos contra varias agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas en la gestión del alquiler, en un contexto marcado por la escasez de vivienda y el encarecimiento de los precios.

El ministro Pablo Bustinduy ha reiterado que estas actuaciones buscan atajar la crisis de la vivienda en España, subrayando que “miles de familias viven al límite mientras algunos modelos de negocio expulsan a las personas de sus hogares”.


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