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Egea (PP): Si Sánchez quiere ayudar a los españoles debe bajar la luz e inflación

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EFE/ Kai Försterling

València, 1 sep (EFE).- El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado este miércoles que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere ayudar realmente a todos los españoles, lo que debe hacer es «bajar el precio de la luz, la inflación y la cesta de la compra».

Durante una visita a València con motivo de las Fallas, García Egea también ha advertido de que por parte del PP no será posible renovar los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si no se avanza «en su despolitización y su imparcialidad».

El dirigente popular ha reprochado al presidente que su única propuesta para bajar el precio de la luz sea «una comisión de diputados para que lo estudie», así como su voluntad de abordar la «subida inmediata» del salario mínimo interprofesional (SMI) «en lo que queda de año».

«Si quiere ayudar a los que más lo necesitan, que baje la luz y el coste de la vida», ha defendido García Egea, para quien «todo lo que no sea bajar precios supone un parche que no ayuda realmente a las familias».

Ha denunciado que la factura de la luz que pagarán los españoles este mes de septiembre será el doble que la de hace un año, que la inflación «está disparada» y que la cesta de la compra «es cada vez más cara», y ha considerado que la solución no puede ser «apagar el ventilador para no pagar más».

En este sentido, ha instado a Sánchez a estudiarse la propuesta presentada hace unos meses por el PP y que plantea «abaratar hasta un 20 % el precio de la luz», haciendo que los ciudadanos paguen «únicamente por los costes eléctricos asociados a la generación de energía».

«No entendemos por qué el ciudadano tiene que pagar por costes que suponen errores del gobierno de Zapatero», ha manifestado, y ha augurado que este será «el año en que las nefastas políticas que se están aplicando a nivel macro(económico), a nivel de Gobierno, van a tener su repercusión a nivel micro(económico), a nivel de familia».

«Este curso va a ser el de la constatación de que cuando las políticas que se hacen en el Consejo de Ministros no están pensadas para la gente, quien acaba pagándolo todo son las clases medias, las clases trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas», ha señalado.

Preguntado por la voluntad del PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), García Egea ha dijo que para su partido es importante esta renovación, «pero igual de importante es garantizar la imparcialidad y despolitización» de este órgano.

Así, ha afirmado que siguen «tendiendo la mano para avanzar en la despolitización», porque, a su juicio, «no es posible renovar el CGPJ sin avanzar en la independencia y despolitización de los órganos constitucionales».

Ha considerado que ahora hay una gran oportunidad para hacer «un gran acuerdo» dirigido a despolitizar y reforzar la independencia de todos los órganos constitucionales, y ha señalado que si el Gobierno recoge la mano tendida por Casado, «el PP estará en esa senda».

No obstante, ha añadido, «si el Gobierno quiere seguir haciendo lo que veníamos haciendo, el PP lamentablemente no va a estar ahí», pues, según ha dicho, han recibido un mandato de sus afiliados y de los españoles y tienen que «hacer valer los compromisos» que asumen con la ciudadanía.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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