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Egea (PP): Si Sánchez quiere ayudar a los españoles debe bajar la luz e inflación

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EFE/ Kai Försterling

València, 1 sep (EFE).- El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado este miércoles que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere ayudar realmente a todos los españoles, lo que debe hacer es «bajar el precio de la luz, la inflación y la cesta de la compra».

Durante una visita a València con motivo de las Fallas, García Egea también ha advertido de que por parte del PP no será posible renovar los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si no se avanza «en su despolitización y su imparcialidad».

El dirigente popular ha reprochado al presidente que su única propuesta para bajar el precio de la luz sea «una comisión de diputados para que lo estudie», así como su voluntad de abordar la «subida inmediata» del salario mínimo interprofesional (SMI) «en lo que queda de año».

«Si quiere ayudar a los que más lo necesitan, que baje la luz y el coste de la vida», ha defendido García Egea, para quien «todo lo que no sea bajar precios supone un parche que no ayuda realmente a las familias».

Ha denunciado que la factura de la luz que pagarán los españoles este mes de septiembre será el doble que la de hace un año, que la inflación «está disparada» y que la cesta de la compra «es cada vez más cara», y ha considerado que la solución no puede ser «apagar el ventilador para no pagar más».

En este sentido, ha instado a Sánchez a estudiarse la propuesta presentada hace unos meses por el PP y que plantea «abaratar hasta un 20 % el precio de la luz», haciendo que los ciudadanos paguen «únicamente por los costes eléctricos asociados a la generación de energía».

«No entendemos por qué el ciudadano tiene que pagar por costes que suponen errores del gobierno de Zapatero», ha manifestado, y ha augurado que este será «el año en que las nefastas políticas que se están aplicando a nivel macro(económico), a nivel de Gobierno, van a tener su repercusión a nivel micro(económico), a nivel de familia».

«Este curso va a ser el de la constatación de que cuando las políticas que se hacen en el Consejo de Ministros no están pensadas para la gente, quien acaba pagándolo todo son las clases medias, las clases trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas», ha señalado.

Preguntado por la voluntad del PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), García Egea ha dijo que para su partido es importante esta renovación, «pero igual de importante es garantizar la imparcialidad y despolitización» de este órgano.

Así, ha afirmado que siguen «tendiendo la mano para avanzar en la despolitización», porque, a su juicio, «no es posible renovar el CGPJ sin avanzar en la independencia y despolitización de los órganos constitucionales».

Ha considerado que ahora hay una gran oportunidad para hacer «un gran acuerdo» dirigido a despolitizar y reforzar la independencia de todos los órganos constitucionales, y ha señalado que si el Gobierno recoge la mano tendida por Casado, «el PP estará en esa senda».

No obstante, ha añadido, «si el Gobierno quiere seguir haciendo lo que veníamos haciendo, el PP lamentablemente no va a estar ahí», pues, según ha dicho, han recibido un mandato de sus afiliados y de los españoles y tienen que «hacer valer los compromisos» que asumen con la ciudadanía.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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