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El 51% de mujeres sin hijos asumen que tendrán que renunciar a su carrera si son madres

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El 58,1% de las mujeres aparca o ralentiza su carrera profesional tras tener hijos y permite así que sus parejas continúen con su trayectoria laboral; de hecho, los padres solo renuncian a seguir progresando en el trabajo en el 6,2% de los casos ante la misma situación.

Son datos del estudio sociológico ‘Somos Equipo‘ que ha presentado este lunes la asociación ‘Yo no renuncio, creada por el Club de Malasmadres, realizado a partir de 24.000 entrevistas sobre la corresponsabilidad en las familias españolas y que destaca la importancia de trabajar, precisamente, como un equipo en el hogar.

El estudio especifica que las decisiones de las mujeres que suponen una renuncia se refieren a solicitar reducción de jornada, excedencias o incluso abandonar el mercado laboral.

No solo las mujeres que han sido madres declaran que han aparcado su carrera una vez que han tenido hijos, sino que incluso cuando aún no los han tenido ya creen que van a ser ellas las que van a tomar las decisiones de la renuncia en un 51,3% de los casos.

Laura Baena, presidenta de la asociación, ha asegurado que existen «barreras externas, las que pone el Estado no aprobando leyes y las de las empresas, pero también barreras internas, que se ponen en los hogares cuando el hombre no siente que la conciliación es su problema».

Las diferencias entre hombres y mujeres se acortan respecto a la decisión de adaptar sus trabajos tras ser padres, es decir, cambiar el horario u optar por el teletrabajo, que en el caso de las madres es en el 20,6 por ciento y en los padres en el 14,5%.

El informe refleja que cuando las parejas aportan la misma cantidad de dinero al hogar, la mujer sigue siendo en el 45,2% la principal responsable de las tareas doméstico-familiares, frente al al 9% de los casos.

«No es el factor económico el que justifica el reparto desigual de tareas, sino que esa desigualdad se debe a estructuras heredadas de una cultura patriarcal», ha argumentado la socióloga Maite Egoscozabal, responsable de la investigación.

Según el estudio, justificar estas decisiones «como elecciones personales y libres» de la mujer es un error, porque «más bien se trata de malos arreglos que hacen las familias para solucionar las carencias de las medidas de conciliación actuales y la falta de corresponsabilidad«.

En este sentido, considera que las políticas empresariales y familiares que hay en España ven a la mujer «como principal proveedora de los servicios doméstico-familiares y al hombre como principal proveedor de ingresos en el hogar y esto tiene como consecuencia la perpetuación de los roles patriarcales».

Como ejemplo, cita los permisos parentales, que para las madres llegan a las 16 semanas pero para los padres se quedan en apenas un mes (28 días).

El informe destaca que aunque en los últimos años haya aumentado la participación de los hombres en las labores del hogar, esos cambios no se producen al mismo ritmo que la participación de la mujer en el trabajo productivo.

Al agrupar las tareas según el tipo de actividad, el 48,3% de las mujeres comenta que es la principal responsable de las tareas domésticas ( el 10,5 el hombre) , el 48,9% de la alimentación ( frente al 12,9) y el 50,5% del cuidado de los hijos (el 5,5% en el caso del hombre).

La mujer también lidera la responsabilidad de las tareas invisibles y organizativas, con el 54%, mientras que solo el 17 por ciento de los hombres se dedican a esas labores de planificación, como el seguimiento médico de los niños y de las tutorías escolares.

‘Somos Equipo’ también profundiza en las principales acciones que proponen las personas entrevistadas para que cambie el modelo actual con el fin de conseguir que la corresponsabilidad y la conciliación «sean una realidad».

Así, proponen actuar sobre la educación y concienciación de la sociedad, cambiar los permisos de maternidad y paternidad por unos iguales e intransferibles y flexibilizar el trabajo remunerado «para que éste deje espacio al uso de otros tiempos».

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Querella contra el rey emérito Juan Carlos I por presuntos delitos fiscales

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querella rey Juan Carlos I

Un grupo de magistrados jubilados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción retirados y varios intelectuales han presentado una querella criminal conjunta ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el rey emérito, Juan Carlos I. La acción judicial se basa en la supuesta comisión de cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública entre los años 2014 y 2018, que, según los querellantes, no habrían prescrito.

Delitos fiscales imputados

La querella señala que el rey Juan Carlos I habría cometido irregularidades tributarias que, por su gravedad, podrían ser calificadas como delitos fiscales. Según los exmagistrados, estos hechos no habrían prescrito y, por tanto, pueden ser investigados y enjuiciados. En el texto presentado, se argumenta que la Fiscalía habría comunicado al rey emérito la apertura de una investigación por posibles infracciones tributarias relacionadas con estas actividades irregulares.

Irregularidades en el proceso de regularización fiscal

El texto de la querella, que ha sido difundido por medios como Europa Press, también apunta a presuntas irregularidades en el proceso de regularización fiscal del rey emérito. Los querellantes subrayan que:

«El Ministerio Fiscal, cuando comunica a un investigado la apertura de unas Diligencias de Investigación en la que existen datos de actividades irregulares con relevancia tributaria, nunca puede tener un conocimiento pormenorizado de los datos que avalan una posible infracción tributaria porque se trata de una información de la que solo puede tener conocimiento la Agencia Tributaria una vez concluido el expediente sancionador que cierra el paso a la posibilidad de una regularización».

Este argumento pone en duda la legitimidad de las regularizaciones fiscales realizadas por el rey emérito, que podrían haberse efectuado con conocimiento previo de la investigación, lo que constituiría un hecho irregular en sí mismo.

Contexto de las acusaciones

Las acusaciones contra el rey Juan Carlos I se enmarcan en una serie de investigaciones previas que han puesto en el punto de mira su patrimonio y presuntas actividades opacas. Aunque algunas de estas investigaciones fueron archivadas debido a la prescripción de los delitos o a la inviolabilidad que el monarca disfrutó hasta su abdicación en 2014, esta querella busca reabrir el debate sobre la posible responsabilidad penal del rey emérito en los años posteriores a su abdicación.

Un precedente legal controvertido

La presentación de una querella contra una figura como el rey emérito supone un hecho inusual en España y plantea cuestiones legales y políticas complejas. Si bien desde su abdicación Juan Carlos I dejó de gozar de inviolabilidad, el análisis de sus actos posteriores a 2014 sigue generando controversia tanto en el ámbito jurídico como en el público.

Reacciones y consecuencias

La querella ha generado un intenso debate en España sobre la transparencia y la rendición de cuentas de las altas instituciones del Estado. Algunos sectores consideran que estas acciones judiciales son fundamentales para reforzar la confianza en la justicia y demostrar que nadie está por encima de la ley, mientras que otros las critican por considerar que buscan dañar la imagen de la monarquía.

Por ahora, la Sala Segunda del Tribunal Supremo deberá decidir si admite a trámite esta querella y, en su caso, determinar los próximos pasos a seguir en la investigación de los presuntos delitos fiscales.

 

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