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El 60% de los estudiantes suspendieron el polémico examen de Matemáticas de Selectividad

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Universidades valencianas hoy tras el apagón

El examen de Matemáticas II de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de junio de 2019 en la Comunitat Valenciana –que provocó una campaña de quejas en internet por su «dificultad»– ha arrojado una nota media de 4,47 y un índice de alumnos aptos del 42,9 por ciento.

El examen fue objeto de una iniciativa a través de la plataforma change.org que recabó miles de firmas para buscar «soluciones» ante la que calificaron como la prueba «más difícil de todos los años». Por su parte, desde la comisión gestora de las pruebas defendieron entonces que el examen era «acorde al currículo» y su nivel de dificultad «no es tan superior» al de otros cursos. Sí apuntaban que en algunas preguntas se planteaban al alumno cosas de una manera que puede no ser la forma en la que se lo han pedido siempre.

Según se desprende de las estadísticas de las PAU del sistema universitario valenciano, publicadas en la web de la Conselleria de Educación y consultadas por Europa Press, a la prueba se presentaron un total de 9.790 personas, de las que han sido declaradas aptas 4.208, un 42,980 por ciento, que han obtenido una nota media de 4,47.

Por universidades, los presentados en la Universitat d’Alacant tienen una media de 4,1 y un porcentaje de aptos del 35,5%; en la Jaume I de Castelló (UJI), un 4,6 de media y un 45,5% de aptos; en la Miguel Hernández, un 4,7 y un 46,9%, respectivamente; en la Politècnica de València, un 4,47 de nota y un 43,6% de aptos; y en la Universitat de València, una media del 4,5 y el 43,4% de aptos.

Se trata de las cifras más bajas de los últimos años y se encuentran lejos de las del curso pasado. De hecho, en junio de 2018 la nota en la media en esta misma asignatura fue de un 7,1, con un índice de aptos que superó el 85%.

 

RECLAMACIONES

La prueba de Matemáticas II se encuentra, además, a la cabeza de las reclamaciones interpuestas, con un total de 1.012, aunque, curiosamente, por detrás del examen de Inglés, al que se presentaron 1.391, pese a que la nota media en este idioma ha sido del 7,1.

La calificación media de Matemáticas ha sido la más baja de entre todas las materias, seguida por la de Geología (con un 5,5 pero un 71% de aptos); Química (un 5,7 y un 66,7% de aptos) y Matemáticas Aplicadas Ciencias Sociales II (5,7 y un 68% de aptos). Por el contrario, la nota más alta del sistema universitario valenciano aparece en Francés (un 8,2 con el 99,1 de aptos).

En cuanto a los resultados globales, la media de la fase obligatoria se ha situado en el 6,2, mientras que la media de la nota de acceso a la universidad (solo estudiantes aptos sin considerar exentos) es de 7,1, según los datos del informe.

 

Fuente: Europa Press

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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