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El acusado de difundir por internet el DNI de la víctima de ‘La manada’ se enfrenta a penas de cárcel

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(EFE).- Un vecino de Torrevieja será enjuiciado en un juzgado de lo Penal por difundir a través de un conocido foro de internet el DNI de la víctima de la violación por parte de ‘La manada’ durante los sanfermines de 2016.

Según ha confirmado a Efe el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja encausó en su día a un vecino de esta localidad alicantina por la difusión en la web de una de las caras del DNI de la joven que fue agredida sexualmente por cinco hombres en las fiestas de Pamplona.

Tras concluir la instrucción, la acusación particular, que representa a la víctima, presentó un escrito de acusación con penas de cárcel y el juzgado ha decretado la apertura de juicio oral.

De esta manera, ha acordado elevar la causa para enjuiciamiento en un juzgado de Lo Penal por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El 7 de julio de 2016 cinco jóvenes sevillanos que se hacían llamar la Manada y que habían acudido a Pamplona a celebrar los Sanfermines, acorralaron a una chica madrileña de 18 años en el portal de una vivienda y cometieron sobre ella todo tipo de prácticas sexuales mientras lo grababan por teléfono.

La Audiencia de Navarra condenó dos años después a cada uno de los cinco agresores a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual pero no de violación, lo que causó importantes protestas bajo lemas como «Solo sí es sí».

Tras el recurso de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Supremo elevó en 2019 las penas a los cinco condenados hasta los 15 años al sentenciar que sí cometieron un delito continuado de violación y no un abuso sexual.

La ola de protestas de esta violación grupal y de la primera sentencia ha contribuido, cinco años después, a la reforma del Código Penal con la eliminación del delito de abuso sexual que contempla la ley del «Solo sí es sí».

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Condenado un menor por matar a su padre para defender a su madre durante una pelea

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Menor mata a su padre para defender a su madre

El Juzgado de Menores número 1 de Murcia ha dictado una sentencia firme contra un menor de 14 años, que ha sido condenado como autor de un delito de homicidio por apuñalar a su padre en defensa de su madre durante una fuerte discusión familiar en Totana, en junio de 2024.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), el menor asestó cinco puñaladas a su progenitor, una de ellas mortal, provocándole heridas graves en el hígado, diafragma y pulmón derecho. La víctima fue trasladada con urgencia al hospital, donde falleció posteriormente.

El joven reconoció los hechos en la vista oral celebrada en la Ciudad de la Justicia, aceptando las medidas propuestas por el Ministerio Fiscal. Ante su confesión y la aceptación de todas las partes, el juez dictó sentencia ‘in voce’, imponiendo 24 meses de internamiento en régimen cerrado, sustituibles por una medida de libertad vigilada bajo estrictas condiciones.

⚖️ Medidas impuestas al menor:

La sentencia establece un control integral del menor, incluyendo:

  • Escolarización adaptada a su situación personal

  • Seguimiento psicológico continuo

  • Controles periódicos de consumo de sustancias

  • Asistencia obligatoria a programas de educación en valores

  • Participación en actividades deportivas y de integración social

  • Restricción de movimientos nocturnos

  • Prohibición de contacto con entornos delictivos

  • Supervisión constante del equipo educativo y sanitario

El menor deberá asistir a todas las citas programadas y mostrar una actitud de responsabilidad frente a las normas impuestas. El fallo es firme y no recurrible.

Las consecuencias de este caso, tanto jurídicas como sociales y psicológicas, son amplias y delicadas debido a la gravedad de los hechos, la edad del autor y el contexto de violencia familiar. Aquí te detallo las principales posibles consecuencias:


⚖️ 1. Consecuencias jurídicas para el menor

Aunque se trata de un menor de 14 años —la edad mínima de responsabilidad penal en España— ha sido condenado conforme a la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM). Las consecuencias legales incluyen:

  • Libertad vigilada con estrictas condiciones durante 24 meses.

  • Restricción de derechos y movimientos: limitación de horarios, prohibición de contacto con ciertos entornos y obligación de asistencia a programas.

  • Registro de antecedentes (aunque de tipo reservado y con posible cancelación futura).

  • Supervisión judicial constante: si incumple las normas, podría pasar a régimen cerrado.

👉 En caso de reincidencia o incumplimiento, el juez podría revisar la medida y endurecerla, incluso decretar internamiento en un centro cerrado de menores.


🧠 2. Consecuencias psicológicas para el menor

El hecho de haber matado a su propio padre —aunque haya sido en un contexto de defensa de su madre— puede generar en el menor:

  • Trastornos emocionales como estrés postraumático, culpa o ansiedad.

  • Riesgo de estigmatización en su entorno escolar o social.

  • Necesidad de atención psicológica continuada para evitar conductas futuras de riesgo o retraimiento.

  • Impacto en su desarrollo emocional y relaciones futuras.


👪 3. Consecuencias familiares

  • Desestructuración familiar total: pérdida del padre y posible distanciamiento con otros familiares.

  • Carga emocional y legal para la madre: puede verse afectada por la culpa o presión social.

  • Implicaciones en custodia o tutela, si el menor no puede seguir viviendo con su madre.


📰 4. Consecuencias sociales y mediáticas

  • Estigmatización en el entorno: especialmente en un municipio pequeño como Totana.

  • Debate público sobre violencia familiar, defensa propia y justicia juvenil.

  • Revisión del sistema de protección a menores en contextos de violencia doméstica.


🛡️ 5. Implicaciones para el sistema judicial y de protección

Este caso puede tener repercusiones más amplias, como:

  • Mayor atención a los menores que viven en entornos de violencia familiar.

  • Revisión de políticas de intervención temprana y protocolos escolares.

  • Debate sobre la edad penal mínima y el tipo de medidas aplicadas en casos extremos.

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