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El alcalde de Alicante (PP) anuncia que no aplicará la «subida salvaje» del IBI a las viviendas vacías

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Alicante, 6 oct (EFE).- El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha anunciado este miércoles que el Ayuntamiento de esta ciudad no aplicará la «subida salvaje» del IBI que, según fuentes municipales, prevé la nueva Ley de Vivienda para «gravar los pisos vacíos».

Barcala ha afirmado que esta medida, contemplada en la normativa que prepara el Ejecutivo del PSOE y Podemos sobre el mercado de la vivienda, supone «un ataque sin precedentes a la propiedad privada, plantea inseguridad jurídica y afectará negativamente al mercado inmobiliario».

Según un comunicado del consistorio, «la regulación que se pretende aprobar establece la posibilidad de que los municipios, por medio de sus ayuntamientos, pueden cobrar a los propietarios de viviendas vacías hasta un 150 % más en el recibo del IBI, con el objetivo de reducir el ‘stock’ de inmuebles desocupados y movilizar estos pisos para su puesta en alquiler».

Para Barcala, la medida, «además de absurda, es contraproducente», por lo que ha anunciado que «el Ayuntamiento de Alicante no subirá los impuestos a los alicantinos».

El regidor popular ha recordado que el equipo de gobierno local de Alicante (PP y Cs) ha reducido un 5 % el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y ha introducido varias bonificaciones y deducciones en este gravamen para «recortar la elevada factura fiscal que pagaban los alicantinos con el tripartito de izquierdas».

«Estamos convencidos de que la mejor manera de ayudar a las empresas y familias en esta coyuntura de crisis pasa por aliviar la carga fiscal que arrastran y no por castigarlas con más impuestos», ha expuesto Barcala.

En este sentido, el alcalde ha querido dejar claro que si el Gobierno central obliga a los consistorios finalmente a aplicar «esta subida fiscal sin sentido, el Ayuntamiento estudiará todas los mecanismos legales a su disposición para que el ‘impuestazo’ de PSOE y Podemos no penalice a los alicantinos».

«En nuestro ADN, y en nuestra forma de entender la política, las rebajas de impuestos son fundamentales, por lo que intentaremos seguir por esta vía y rechazar las recetas fracasadas y ancladas en la ideología y no en la racionalidad económica», ha manifestado.

Y ha advertido: «Estos inventos ya se han puesto en marcha anteriormente en algunas ciudades europeas y siempre han terminado igual: con menos viviendas en alquiler y precios más caros».

Barcala ha insistido en que «esta nueva ocurrencia del Gobierno central no va a ayudar a solventar un problema demasiado complejo, como es el acceso a la vivienda y los precios inmobiliarios».

«Más bien todo lo contrario: se corre el riesgo de que la oferta de viviendas se aminore por el miedo de los agentes económicos, grandes y pequeños a invertir, por lo que habrá menos pisos en alquiler por la falta de seguridad jurídica, y los precios se elevarán. Justo lo contrario de lo que se persigue», ha señalado.

Según Barcala, «así, con subidas salvajes de impuestos y abrazando las políticas populistas, es difícil que se quiera invertir en un sector tan importante para España y para Alicante como es el inmobiliario».

«Estas políticas demagógicas ponen en riesgo la vitalidad de una actividad clave para la economía de Alicante, y no lo vamos a permitir», ha indicado.

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Víctor de Aldama declara en la Audiencia Nacional: “Ángel Víctor Torres debería estar preocupado”

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Víctor de Aldama
Víctor de Aldama-COPE

El comisionista Víctor de Aldama ha comparecido este jueves ante la Audiencia Nacional en el marco del ‘caso Koldo’, y ha lanzado duras advertencias contra el Gobierno. A su salida, Aldama aseguró que el actual ministro Ángel Víctor Torres debería estar preocupado, insistiendo en que se reunió con él en julio de 2020 en relación con los contratos de mascarillas durante la pandemia.

Declaración ante el juez del ‘caso Koldo’

Víctor de Aldama acudió a la Audiencia Nacional alrededor de las 09:50 horas, citado por el magistrado instructor Ismael Moreno, quien continúa la investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos sanitarios durante la crisis del COVID-19.

Durante su declaración, el empresario reafirmó que mantuvo contactos con altos cargos del Gobierno, incluyendo al mencionado Ángel Víctor Torres, poniendo el foco en posibles irregularidades y comisiones asociadas a la compra de material sanitario.

“Hay personas en el Gobierno que deberían estar preocupadas por lo que sabemos y por lo que se ha documentado”, declaró Aldama a su salida, en referencia directa a Torres.

El contexto del ‘caso Koldo’

El ‘caso Koldo’ investiga la presunta trama de adjudicación irregular de contratos de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, que habría beneficiado a determinadas empresas vinculadas a intermediarios y comisionistas. Víctor de Aldama es uno de los principales imputados y ha sido citado en varias ocasiones por la Audiencia Nacional para declarar sobre sus reuniones y gestiones con miembros del Ejecutivo.

Las acusaciones incluyen cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, y ya se han solicitado medidas cautelares para algunos implicados, mientras el proceso judicial sigue su curso.

Impacto político y mediático

Las declaraciones de Aldama han vuelto a generar tensión política, especialmente por mencionar a Torres, quien actualmente ocupa un cargo ministerial. La advertencia del empresario ha sido interpretada por analistas como un intento de poner presión mediática y política sobre miembros del Gobierno en plena campaña de escrutinio de la gestión sanitaria durante la pandemia.

Próximos pasos judiciales

El magistrado Ismael Moreno continuará con las diligencias del caso, evaluando la información aportada por Aldama y otros testigos y documentaciones presentadas. Se espera que en las próximas semanas se puedan tomar decisiones sobre posibles imputaciones adicionales o medidas cautelares contra los implicados.

A medida que avance la investigación, se prevé que los tribunales examinen con detalle los contratos de mascarillas adjudicados durante 2020, así como las comisiones y reuniones de intermediarios con cargos públicos, incluyendo a Ángel Víctor Torres y otros miembros del Ejecutivo, según las declaraciones de Aldama.

 

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