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El alcalde de Alicante (PP) anuncia que no aplicará la «subida salvaje» del IBI a las viviendas vacías

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Alicante, 6 oct (EFE).- El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha anunciado este miércoles que el Ayuntamiento de esta ciudad no aplicará la «subida salvaje» del IBI que, según fuentes municipales, prevé la nueva Ley de Vivienda para «gravar los pisos vacíos».

Barcala ha afirmado que esta medida, contemplada en la normativa que prepara el Ejecutivo del PSOE y Podemos sobre el mercado de la vivienda, supone «un ataque sin precedentes a la propiedad privada, plantea inseguridad jurídica y afectará negativamente al mercado inmobiliario».

Según un comunicado del consistorio, «la regulación que se pretende aprobar establece la posibilidad de que los municipios, por medio de sus ayuntamientos, pueden cobrar a los propietarios de viviendas vacías hasta un 150 % más en el recibo del IBI, con el objetivo de reducir el ‘stock’ de inmuebles desocupados y movilizar estos pisos para su puesta en alquiler».

Para Barcala, la medida, «además de absurda, es contraproducente», por lo que ha anunciado que «el Ayuntamiento de Alicante no subirá los impuestos a los alicantinos».

El regidor popular ha recordado que el equipo de gobierno local de Alicante (PP y Cs) ha reducido un 5 % el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y ha introducido varias bonificaciones y deducciones en este gravamen para «recortar la elevada factura fiscal que pagaban los alicantinos con el tripartito de izquierdas».

«Estamos convencidos de que la mejor manera de ayudar a las empresas y familias en esta coyuntura de crisis pasa por aliviar la carga fiscal que arrastran y no por castigarlas con más impuestos», ha expuesto Barcala.

En este sentido, el alcalde ha querido dejar claro que si el Gobierno central obliga a los consistorios finalmente a aplicar «esta subida fiscal sin sentido, el Ayuntamiento estudiará todas los mecanismos legales a su disposición para que el ‘impuestazo’ de PSOE y Podemos no penalice a los alicantinos».

«En nuestro ADN, y en nuestra forma de entender la política, las rebajas de impuestos son fundamentales, por lo que intentaremos seguir por esta vía y rechazar las recetas fracasadas y ancladas en la ideología y no en la racionalidad económica», ha manifestado.

Y ha advertido: «Estos inventos ya se han puesto en marcha anteriormente en algunas ciudades europeas y siempre han terminado igual: con menos viviendas en alquiler y precios más caros».

Barcala ha insistido en que «esta nueva ocurrencia del Gobierno central no va a ayudar a solventar un problema demasiado complejo, como es el acceso a la vivienda y los precios inmobiliarios».

«Más bien todo lo contrario: se corre el riesgo de que la oferta de viviendas se aminore por el miedo de los agentes económicos, grandes y pequeños a invertir, por lo que habrá menos pisos en alquiler por la falta de seguridad jurídica, y los precios se elevarán. Justo lo contrario de lo que se persigue», ha señalado.

Según Barcala, «así, con subidas salvajes de impuestos y abrazando las políticas populistas, es difícil que se quiera invertir en un sector tan importante para España y para Alicante como es el inmobiliario».

«Estas políticas demagógicas ponen en riesgo la vitalidad de una actividad clave para la economía de Alicante, y no lo vamos a permitir», ha indicado.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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