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El alcalde de Alicante (PP) anuncia que no aplicará la «subida salvaje» del IBI a las viviendas vacías

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Alicante, 6 oct (EFE).- El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha anunciado este miércoles que el Ayuntamiento de esta ciudad no aplicará la «subida salvaje» del IBI que, según fuentes municipales, prevé la nueva Ley de Vivienda para «gravar los pisos vacíos».

Barcala ha afirmado que esta medida, contemplada en la normativa que prepara el Ejecutivo del PSOE y Podemos sobre el mercado de la vivienda, supone «un ataque sin precedentes a la propiedad privada, plantea inseguridad jurídica y afectará negativamente al mercado inmobiliario».

Según un comunicado del consistorio, «la regulación que se pretende aprobar establece la posibilidad de que los municipios, por medio de sus ayuntamientos, pueden cobrar a los propietarios de viviendas vacías hasta un 150 % más en el recibo del IBI, con el objetivo de reducir el ‘stock’ de inmuebles desocupados y movilizar estos pisos para su puesta en alquiler».

Para Barcala, la medida, «además de absurda, es contraproducente», por lo que ha anunciado que «el Ayuntamiento de Alicante no subirá los impuestos a los alicantinos».

El regidor popular ha recordado que el equipo de gobierno local de Alicante (PP y Cs) ha reducido un 5 % el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y ha introducido varias bonificaciones y deducciones en este gravamen para «recortar la elevada factura fiscal que pagaban los alicantinos con el tripartito de izquierdas».

«Estamos convencidos de que la mejor manera de ayudar a las empresas y familias en esta coyuntura de crisis pasa por aliviar la carga fiscal que arrastran y no por castigarlas con más impuestos», ha expuesto Barcala.

En este sentido, el alcalde ha querido dejar claro que si el Gobierno central obliga a los consistorios finalmente a aplicar «esta subida fiscal sin sentido, el Ayuntamiento estudiará todas los mecanismos legales a su disposición para que el ‘impuestazo’ de PSOE y Podemos no penalice a los alicantinos».

«En nuestro ADN, y en nuestra forma de entender la política, las rebajas de impuestos son fundamentales, por lo que intentaremos seguir por esta vía y rechazar las recetas fracasadas y ancladas en la ideología y no en la racionalidad económica», ha manifestado.

Y ha advertido: «Estos inventos ya se han puesto en marcha anteriormente en algunas ciudades europeas y siempre han terminado igual: con menos viviendas en alquiler y precios más caros».

Barcala ha insistido en que «esta nueva ocurrencia del Gobierno central no va a ayudar a solventar un problema demasiado complejo, como es el acceso a la vivienda y los precios inmobiliarios».

«Más bien todo lo contrario: se corre el riesgo de que la oferta de viviendas se aminore por el miedo de los agentes económicos, grandes y pequeños a invertir, por lo que habrá menos pisos en alquiler por la falta de seguridad jurídica, y los precios se elevarán. Justo lo contrario de lo que se persigue», ha señalado.

Según Barcala, «así, con subidas salvajes de impuestos y abrazando las políticas populistas, es difícil que se quiera invertir en un sector tan importante para España y para Alicante como es el inmobiliario».

«Estas políticas demagógicas ponen en riesgo la vitalidad de una actividad clave para la economía de Alicante, y no lo vamos a permitir», ha indicado.

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Elisa Mouliaá solicita 3 años de cárcel para Íñigo Errejón por presunto abuso sexual continuado

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Elisa Mouliaá

La actriz Elisa Mouliaá ha dado un paso importante en el ámbito judicial al presentar formalmente su solicitud para que se abra un juicio contra el exdiputado Íñigo Errejón, a quien acusa de un delito continuado de abuso sexual. Según la petición de la actriz, se solicita una condena de tres años de prisión.


Detalles del caso

El caso, que ha generado gran repercusión mediática, gira en torno a alegaciones de abuso sexual continuado, un tipo de delito que, de confirmarse, puede tener implicaciones penales significativas. La acusación formal presentada por Mouliaá implica que la Fiscalía y los tribunales analicen el caso y determinen si procede abrir juicio.

El contexto del procedimiento incluye:

  • La presentación de la denuncia por parte de la víctima

  • La solicitud de apertura de juicio oral

  • La reclamación de pena de prisión específica, en este caso de tres años


Implicaciones legales de la acusación

Un delito continuado de abuso sexual se caracteriza por la comisión reiterada de actos sexuales no consentidos hacia la víctima. En España, este tipo de acusación puede derivar en penas que combinan prisión, medidas de protección a la víctima y restricciones de acercamiento o comunicación.

Si los tribunales aceptan la apertura del juicio, se dará inicio a un proceso legal en el que:

  • Se analizarán todas las pruebas aportadas por la acusación

  • Se permitirá a la defensa presentar su versión de los hechos

  • Se dictará sentencia en función de la evidencia y la normativa vigente


Repercusiones públicas y mediáticas

El caso ha captado atención en medios nacionales y redes sociales, dado que involucra a un personaje público del ámbito político. La repercusión incluye debates sobre:

  • La protección de las víctimas de abuso sexual

  • La responsabilidad de figuras públicas

  • La importancia de un juicio justo y transparente


Próximos pasos en el proceso judicial

De aceptarse la solicitud de Mouliaá, el tribunal competente evaluará la evidencia y decidirá si se abre juicio oral. Durante este proceso, se podrán presentar testigos, pruebas documentales y peritajes psicológicos para determinar la veracidad de las alegaciones.

Los pasos principales incluyen:

  1. Estudio preliminar de la denuncia

  2. Decisión sobre la apertura del juicio

  3. Presentación de pruebas y alegatos de ambas partes

  4. Sentencia final y posibles recursos


Conclusión

El caso entre Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón resalta la relevancia de los procesos judiciales en situaciones de abuso sexual, especialmente cuando involucran a figuras públicas. Mientras el sistema legal determina la veracidad de las acusaciones, se mantiene la importancia de garantizar un juicio justo, la protección de la víctima y la transparencia en el proceso.

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