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El alcalde de Alicante (PP) anuncia que no aplicará la «subida salvaje» del IBI a las viviendas vacías

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Alicante, 6 oct (EFE).- El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha anunciado este miércoles que el Ayuntamiento de esta ciudad no aplicará la «subida salvaje» del IBI que, según fuentes municipales, prevé la nueva Ley de Vivienda para «gravar los pisos vacíos».

Barcala ha afirmado que esta medida, contemplada en la normativa que prepara el Ejecutivo del PSOE y Podemos sobre el mercado de la vivienda, supone «un ataque sin precedentes a la propiedad privada, plantea inseguridad jurídica y afectará negativamente al mercado inmobiliario».

Según un comunicado del consistorio, «la regulación que se pretende aprobar establece la posibilidad de que los municipios, por medio de sus ayuntamientos, pueden cobrar a los propietarios de viviendas vacías hasta un 150 % más en el recibo del IBI, con el objetivo de reducir el ‘stock’ de inmuebles desocupados y movilizar estos pisos para su puesta en alquiler».

Para Barcala, la medida, «además de absurda, es contraproducente», por lo que ha anunciado que «el Ayuntamiento de Alicante no subirá los impuestos a los alicantinos».

El regidor popular ha recordado que el equipo de gobierno local de Alicante (PP y Cs) ha reducido un 5 % el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y ha introducido varias bonificaciones y deducciones en este gravamen para «recortar la elevada factura fiscal que pagaban los alicantinos con el tripartito de izquierdas».

«Estamos convencidos de que la mejor manera de ayudar a las empresas y familias en esta coyuntura de crisis pasa por aliviar la carga fiscal que arrastran y no por castigarlas con más impuestos», ha expuesto Barcala.

En este sentido, el alcalde ha querido dejar claro que si el Gobierno central obliga a los consistorios finalmente a aplicar «esta subida fiscal sin sentido, el Ayuntamiento estudiará todas los mecanismos legales a su disposición para que el ‘impuestazo’ de PSOE y Podemos no penalice a los alicantinos».

«En nuestro ADN, y en nuestra forma de entender la política, las rebajas de impuestos son fundamentales, por lo que intentaremos seguir por esta vía y rechazar las recetas fracasadas y ancladas en la ideología y no en la racionalidad económica», ha manifestado.

Y ha advertido: «Estos inventos ya se han puesto en marcha anteriormente en algunas ciudades europeas y siempre han terminado igual: con menos viviendas en alquiler y precios más caros».

Barcala ha insistido en que «esta nueva ocurrencia del Gobierno central no va a ayudar a solventar un problema demasiado complejo, como es el acceso a la vivienda y los precios inmobiliarios».

«Más bien todo lo contrario: se corre el riesgo de que la oferta de viviendas se aminore por el miedo de los agentes económicos, grandes y pequeños a invertir, por lo que habrá menos pisos en alquiler por la falta de seguridad jurídica, y los precios se elevarán. Justo lo contrario de lo que se persigue», ha señalado.

Según Barcala, «así, con subidas salvajes de impuestos y abrazando las políticas populistas, es difícil que se quiera invertir en un sector tan importante para España y para Alicante como es el inmobiliario».

«Estas políticas demagógicas ponen en riesgo la vitalidad de una actividad clave para la economía de Alicante, y no lo vamos a permitir», ha indicado.

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García Ortiz niega haber cometido el delito de revelación de secretos por el que se le juzga

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Álvaro García Ortiz
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados.
Álvaro García Ortiz ha negado ante el Tribunal Supremo haber cometido un delito de revelación de secretos, por el que la Fiscalía solicita entre cuatro y seis años de prisión, además de doce años de inhabilitación y una multa de más de 400.000 euros.

 Un juicio histórico en la democracia española

El juicio a Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, marca un hecho sin precedentes en la historia democrática española.
El proceso, que se celebra en el Tribunal Supremo, estará presidido por siete magistrados de la Sala de lo Penal, encargados de determinar si García Ortiz filtró un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía una supuesta defraudación a Hacienda.

Pese a la gravedad de la acusación, el juez Ángel Hurtado ha decidido que el fiscal general mantenga su cargo mientras dure el proceso judicial, que se prevé se alargue durante dos semanas.


El origen del caso: el correo del abogado de González Amador

Todo comenzó el 2 de febrero de 2024, cuando Carlos Neira, abogado del empresario Alberto González Amador, remitió a la Fiscalía un correo electrónico con una propuesta de pacto.
En él se reconocía la posibilidad de que su cliente hubiera cometido un delito contra la Hacienda Pública.

Durante más de un mes, el contenido de ese correo permaneció reservado. Sin embargo, el 12 de marzo de 2024, varios medios de comunicación publicaron que la pareja de Ayuso podría haber defraudado dinero al fisco.
Al día siguiente, desde la Comunidad de Madrid, el portavoz Miguel Ángel Rodríguez negó esa versión y aseguró que fue la Fiscalía la que había propuesto el pacto.
Esa misma noche, según la investigación, se habría producido la presunta filtración del correo.


La posición del fiscal general

Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, García Ortiz negó “rotundamente” haber filtrado información confidencial.
El magistrado instructor, no obstante, considera que existen “indicios razonables” de que la filtración pudo salir de la Fiscalía.

El propio Alberto González Amador ha asegurado que la publicación del correo electrónico vulneró su derecho a la intimidad y afectó a su reputación:

“Todo eso me ha ido lastrando”, declaró ante el tribunal.


Un proceso sin retransmisión pública

Aunque se trata de un juicio inédito en España, el Tribunal Supremo ha decidido no retransmitir las sesiones en directo.
A lo largo del proceso declararán unos cuarenta testigos, entre ellos políticos, periodistas y miembros de la Guardia Civil.
El último en declarar será el propio Álvaro García Ortiz, quien sigue al frente de la Fiscalía General del Estado durante la vista.


Qué consecuencias puede tener el juicio

Si el Tribunal Supremo declarara culpable al fiscal general, la sentencia podría implicar:

  • Entre 4 y 6 años de cárcel,

  • 12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público,

  • y una multa superior a los 400.000 euros.

Por el momento, el proceso continúa abierto, y se espera que el fallo se conozca antes de final de mes.


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