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El alcalde de La Nucía se saltó el turno de vacunación «porque es médico y sobraban dosis»

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Villajoyosa (Alicante), 7 jul (EFE).- El alcalde de La Nucía (Alicante), Bernabé Cano, del PP, ha declarado este miércoles como investigado ante la juez por su presunta vacunación irregular contra la Covid-19, y su defensa ha alegado que se vacunó porque ejercía como médico del equipo de fútbol local y sobraban dosis.

Cano, que es también diputado provincial, ha declarado durante algo más de una hora en el Juzgado de Instrucción número 2 de Villajoyosa (Alicante), aunque a la salida de la sede judicial no ha querido responder a las preguntas de los medios de comunicación.

Sí lo ha hecho su abogado, Agustín Rivera, quien ha recalcado que su cliente se vacunó porque ejercía como médico del equipo de fútbol de La Nucía, porque sobraban dosis y porque había sido autorizado por Sanidad Pública.

Esa versión coincide, según ha sostenido este letrado, con la realizada como testigo por la directora de la residencia geriátrica de La Nucía -donde se vacunó el pasado 6 de enero el alcalde-, que tiene un convenio con el Ayuntamiento de esa localidad.

Esta afirmación, sin embargo, es contradictoria con lo manifestado ante la juez por la responsable de vacunación de Sanidad Pública, quien declaró que ella no había autorizado la vacuna de Cano.

El abogado del alcalde de La Nucía ha asegurado que aportará pruebas gráficas y grabaciones «en las que se demuestra que allí se encontraba la responsable de Sanidad Pública tomando nota y que Bernabé Cano ejerce de médico con consulta en el Estadio Olímpico».

El letrado ha reclamado «respeto» hacia la juez instructora y los testigos presenciales, aunque ha precisado que lo declarado tanto por el médico como por la directora de la residencia geriátrica es «opuesto» a lo relatado ante el juez por la responsable de Sanidad Pública.

Rivera ha afirmado que dispone de abundante material gráfico de aquel día «porque fue un acontecimiento en La Nucía al tratarse de la primera vacuna» y ha rechazado la versión de que Cano acudió a la residencia por capricho, «porque hay un convenio entre el Ayuntamiento y la residencia que también aportaremos».

El letrado ha opinado que, con la declaración del alcalde, la de los guardias civiles, el concejal de Sanidad, la directora de la residencia y la del médico, «la causa se hubiera archivado».

Además, ha expresado su «cautela y respeto a la instrucción», pero ha recalcado varias veces que la responsable de Sanidad Pública «estaba allí presente y era la máxima autoridad de lo que allí pasaba».

Con respecto a los protocolos existentes en aquel momento, el abogado del alcalde de La Nucía ha insistido en que «lo único que se había dicho es que no se tirasen las dosis».

En cuanto a si Cano ha recibido la segunda dosis de la vacuna, el letrado no ha querido precisar si lo había hecho, aunque ha matizado que cuando se lo autorizaron ya había pasado el plazo estipulado para la vacuna.

Preguntado por qué no se llamó a otras personas para que pudieran aprovechar esas dosis sobrantes, Rivera ha señalado que aquel día «era festivo y el centro de salud estaba cerrado», por lo que se decidió que se administrasen a los dos guardias civiles, a un médico presente y al propio Cano en su condición de sanitario por ejercer de médico en el equipo de fútbol.

«Lo principal era no tirar las dosis, pero no había entonces un protocolo taxativo. Solo órdenes verbales», ha añadido.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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