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El alcalde de La Nucía se saltó el turno de vacunación «porque es médico y sobraban dosis»

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Villajoyosa (Alicante), 7 jul (EFE).- El alcalde de La Nucía (Alicante), Bernabé Cano, del PP, ha declarado este miércoles como investigado ante la juez por su presunta vacunación irregular contra la Covid-19, y su defensa ha alegado que se vacunó porque ejercía como médico del equipo de fútbol local y sobraban dosis.

Cano, que es también diputado provincial, ha declarado durante algo más de una hora en el Juzgado de Instrucción número 2 de Villajoyosa (Alicante), aunque a la salida de la sede judicial no ha querido responder a las preguntas de los medios de comunicación.

Sí lo ha hecho su abogado, Agustín Rivera, quien ha recalcado que su cliente se vacunó porque ejercía como médico del equipo de fútbol de La Nucía, porque sobraban dosis y porque había sido autorizado por Sanidad Pública.

Esa versión coincide, según ha sostenido este letrado, con la realizada como testigo por la directora de la residencia geriátrica de La Nucía -donde se vacunó el pasado 6 de enero el alcalde-, que tiene un convenio con el Ayuntamiento de esa localidad.

Esta afirmación, sin embargo, es contradictoria con lo manifestado ante la juez por la responsable de vacunación de Sanidad Pública, quien declaró que ella no había autorizado la vacuna de Cano.

El abogado del alcalde de La Nucía ha asegurado que aportará pruebas gráficas y grabaciones «en las que se demuestra que allí se encontraba la responsable de Sanidad Pública tomando nota y que Bernabé Cano ejerce de médico con consulta en el Estadio Olímpico».

El letrado ha reclamado «respeto» hacia la juez instructora y los testigos presenciales, aunque ha precisado que lo declarado tanto por el médico como por la directora de la residencia geriátrica es «opuesto» a lo relatado ante el juez por la responsable de Sanidad Pública.

Rivera ha afirmado que dispone de abundante material gráfico de aquel día «porque fue un acontecimiento en La Nucía al tratarse de la primera vacuna» y ha rechazado la versión de que Cano acudió a la residencia por capricho, «porque hay un convenio entre el Ayuntamiento y la residencia que también aportaremos».

El letrado ha opinado que, con la declaración del alcalde, la de los guardias civiles, el concejal de Sanidad, la directora de la residencia y la del médico, «la causa se hubiera archivado».

Además, ha expresado su «cautela y respeto a la instrucción», pero ha recalcado varias veces que la responsable de Sanidad Pública «estaba allí presente y era la máxima autoridad de lo que allí pasaba».

Con respecto a los protocolos existentes en aquel momento, el abogado del alcalde de La Nucía ha insistido en que «lo único que se había dicho es que no se tirasen las dosis».

En cuanto a si Cano ha recibido la segunda dosis de la vacuna, el letrado no ha querido precisar si lo había hecho, aunque ha matizado que cuando se lo autorizaron ya había pasado el plazo estipulado para la vacuna.

Preguntado por qué no se llamó a otras personas para que pudieran aprovechar esas dosis sobrantes, Rivera ha señalado que aquel día «era festivo y el centro de salud estaba cerrado», por lo que se decidió que se administrasen a los dos guardias civiles, a un médico presente y al propio Cano en su condición de sanitario por ejercer de médico en el equipo de fútbol.

«Lo principal era no tirar las dosis, pero no había entonces un protocolo taxativo. Solo órdenes verbales», ha añadido.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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