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El alcalde de La Nucía se saltó el turno de vacunación «porque es médico y sobraban dosis»

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Villajoyosa (Alicante), 7 jul (EFE).- El alcalde de La Nucía (Alicante), Bernabé Cano, del PP, ha declarado este miércoles como investigado ante la juez por su presunta vacunación irregular contra la Covid-19, y su defensa ha alegado que se vacunó porque ejercía como médico del equipo de fútbol local y sobraban dosis.

Cano, que es también diputado provincial, ha declarado durante algo más de una hora en el Juzgado de Instrucción número 2 de Villajoyosa (Alicante), aunque a la salida de la sede judicial no ha querido responder a las preguntas de los medios de comunicación.

Sí lo ha hecho su abogado, Agustín Rivera, quien ha recalcado que su cliente se vacunó porque ejercía como médico del equipo de fútbol de La Nucía, porque sobraban dosis y porque había sido autorizado por Sanidad Pública.

Esa versión coincide, según ha sostenido este letrado, con la realizada como testigo por la directora de la residencia geriátrica de La Nucía -donde se vacunó el pasado 6 de enero el alcalde-, que tiene un convenio con el Ayuntamiento de esa localidad.

Esta afirmación, sin embargo, es contradictoria con lo manifestado ante la juez por la responsable de vacunación de Sanidad Pública, quien declaró que ella no había autorizado la vacuna de Cano.

El abogado del alcalde de La Nucía ha asegurado que aportará pruebas gráficas y grabaciones «en las que se demuestra que allí se encontraba la responsable de Sanidad Pública tomando nota y que Bernabé Cano ejerce de médico con consulta en el Estadio Olímpico».

El letrado ha reclamado «respeto» hacia la juez instructora y los testigos presenciales, aunque ha precisado que lo declarado tanto por el médico como por la directora de la residencia geriátrica es «opuesto» a lo relatado ante el juez por la responsable de Sanidad Pública.

Rivera ha afirmado que dispone de abundante material gráfico de aquel día «porque fue un acontecimiento en La Nucía al tratarse de la primera vacuna» y ha rechazado la versión de que Cano acudió a la residencia por capricho, «porque hay un convenio entre el Ayuntamiento y la residencia que también aportaremos».

El letrado ha opinado que, con la declaración del alcalde, la de los guardias civiles, el concejal de Sanidad, la directora de la residencia y la del médico, «la causa se hubiera archivado».

Además, ha expresado su «cautela y respeto a la instrucción», pero ha recalcado varias veces que la responsable de Sanidad Pública «estaba allí presente y era la máxima autoridad de lo que allí pasaba».

Con respecto a los protocolos existentes en aquel momento, el abogado del alcalde de La Nucía ha insistido en que «lo único que se había dicho es que no se tirasen las dosis».

En cuanto a si Cano ha recibido la segunda dosis de la vacuna, el letrado no ha querido precisar si lo había hecho, aunque ha matizado que cuando se lo autorizaron ya había pasado el plazo estipulado para la vacuna.

Preguntado por qué no se llamó a otras personas para que pudieran aprovechar esas dosis sobrantes, Rivera ha señalado que aquel día «era festivo y el centro de salud estaba cerrado», por lo que se decidió que se administrasen a los dos guardias civiles, a un médico presente y al propio Cano en su condición de sanitario por ejercer de médico en el equipo de fútbol.

«Lo principal era no tirar las dosis, pero no había entonces un protocolo taxativo. Solo órdenes verbales», ha añadido.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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