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La jueza ratifica la prisión para el autor confeso de la desaparición de Marta Calvo

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Alzira (Valencia), 10 dic .- El autor confeso de la desaparición en Manuel de la joven Marta Calvo, Jorge Ignacio P., ha llegado minutos después de las 11 horas de este martes a los juzgados de Alzira conducido por la Policía Nacional para prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 6.

La llegada se ha producido sin incidentes, en medio de un cordón policial y entre gritos de «asesino» que ha proferido una docena de vecinos concentrados en la zona.

El acusado declaró en un primer momento, cuando se entregó en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent (Valencia) la madrugada del pasado miércoles, que lo ocurrido había sido «un accidente» y que habría desmembrado el cuerpo y distribuido las partes en varios contenedores.

Dos días después, el viernes, se negó a declarar en el juzgado número 2 de Alzira, en funciones de guardia, cuyo titular ordenó su prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Ahora el juez de Instrucción e Instancia número 6 de Alzira decidirá sobre las siguientes diligencias que deben practicarse después de que el sospechoso se negase, nuevamente, a declarar. Así lo ha confirmado su abogado, quien ha señalado que hasta que no se levante el secreto de sumario no podrá saber la estrategia a seguir.

Jorge Ignacio P., sí ha pedido «perdón» ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira, que dirige la investigación sobre la muerte de la joven de 25 años, según han informado fuentes judiciales.

Este hombre de 38 años, que permanece detenido desde el miércoles de la semana pasada, estaba citado este martes en los juzgados de Alzira para que la jueza instructora ratificase la medida preventiva de prisión provisional que le impuso otro juzgado en funciones de guardia en una causa abierta por un delito de homicidio.

En su comparecencia ante la jueza, según han detallado fuentes judiciales presentes, el autor confeso del crimen ha pedido «perdón», sin aclarar a quién se dirigía, y esa ha sido su única intervención.

El acusado ha acudido a los juzgados de Alzira minutos después de las once de la mañana conducido por la Policía Nacional y los ha abandonado poco más de una hora más tarde.

«INCOHERENCIAS»
Según han explicado a los medios al término de la comparecencia la abogada de la familia de Marta, Pilar Jové, la citación era para el mantenimiento o no de la medida de prisión acordada el viernes, que se mantiene por la magistrada que instruirá la causa «atendiendo a ciertas incoherencias y contradicciones» en el detenido.

De acuerdo con la letrada, en la parte de las diligencias a las que las partes han podido tener acceso se encuentra todo el seguimiento del caso por parte de la Guardia Civil desde la denucnia de la madre –que se presentó en Manuel en su búsqueda– y hasta rastreos en los vertederos.

La Guardia Civil está haciendo una «labor increíble investigando hasta el mínimo detalle», ha subrayado la abogada, que ha añadido que se le ha podido seguir por la ubicación de las antenas y los númeeros de teléfono que usaba durante los días en que estuvo huido y dónde se encontraba. Ahora, es necesario esperar a «muchas diligencias y análisis de muchas pruebas» por parte del instituto armado.

La letrada ha señalado que parece que la Guardia Civil tiene dudas sobre la versión del detenido de que descuartizó a la joven y la arrojó en contenedores porque «no solo se le busca por vertederos» sino también por los alrededores de Manuel, por lo que «es público y notorio que parece que no están de acuerdo con la versión de él». En esta jornada, el detenido ha vuelto a pedir perdón, de forma genérica.

El siguien paso, según ha dicho, es que aparezca el cuerpo, lo que la familia más desea. Otro abogado de la familia, Vicente Escribano, ha pedido que se deje trabajar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, cuyo trabajo está siendo «impecable» con el fin de que aparezca Marta.

Jorge Ignacio P.J., de 38 años, no asume que matara a la joven Marta Calvo. En su primera declaración ante la Guardia Civil, a la que se entregó la pasada semana, confesó ante los agentes que había «desmembrado» el cuerpo de la joven y lo había arrojado a varios contenedores tras un encuentro con ella en la localidad valenciana de Manuel. Seguidamente, declaró que su muerte fue algo «accidental» en el transcurso de un episodio de sexo y cocaína.

La Guardia Civil reanudó este lunes la búsqueda del cuerpo sin vida de Marta Calvo que había sido paralizada el sábado, en primer lugar, para estudiar nuevas pistas y, en segundo término, ante el barrizal del terreno como consecuencia de las fuertes lluvias.

El nombre de Jorge Ignacio P.J. aparece relacionado con un suceso anterior en el que falleció una mujer que ejercía la prostitución en una casa de citas de València. Los hechos sucedieron el 25 de marzo, cuando se recibió un aviso en la Policía porque una mujer estaba sufriendo convulsiones y el cliente que había estado con ella había abandonado precipitadamente la vivienda.

La mujer quedó ingresada en coma inducido hasta que falleció el 3 de abril en el hospital. Las compañeras de la fallecida habían facilitado las características físicas del hombre que estuvo con la víctima y que había sido su único cliente.

La Policía acabó teniendo conocimiento de que este hombre podía ser Jorge Ignacio P.J., sin embargo en el momento de conocer su identidad, se disponía ya del informe de la autopsia que revelaba que la fallecida murió como consecuencia de un ataque epiléptico con consumo de sustancias estupefacientes, por lo que el hombre no llegó a ser ni interrogado ni investigado, según fuentes policiales.

FUENTE: EUEFE

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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