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El Ayuntamiento planea colocar cámaras para proteger el patrimonio valenciano

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Identificado el autor de las pintadas en 12 edificios históricos de València

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) –

El Ayuntamiento de València está estudiando la posibilidad de implantar cámaras de videovigilancia en alrededor de siete u ocho enclaves patrimoniales de la ciudad, como es el caso de la Lonja, las Torres de Serranos o las de Quart.

El consistorio ha iniciado los trabajos correspondientes para la implantación de este sistema de videovigilancia tras la aparición de pintadas en el edificio de la Lonja, tal y como lo ha confirmado en declaraciones a los medios el alcalde de València, Joan Ribó, después de participar este martes en la apertura de la ‘Jornada de Alimentación Sana y Sostenible. Menos proteína animal y más vegetal’.

El primer edil ha reconocido que la aparición de grafitis en la Lonja de la Seda han supuesto «un elemento de activación» para comenzar los trámites para la instalación de cámaras en este y otros monumentos de la capital valenciana.

Ribó ha explicado que «hay alguna o algunas personas, eso lo tiene que determinar la Policía, que se están dedicando a esto, que es absolutamente intolerable». Sin embargo, ha señalado que, dado que no pueden «poner un policía en cada sitio 24 horas al día», el consistorio optará por la colocación de cámaras con el fin de prevenir estos actos. «Si hay gente que no respeta esto, no hay más remedio que hacerlo», ha valorado.

El alcalde ha destacado que recientemente se ha instalado un sistema de videovigilancia en el río «después de decenas de meses para ponerlo en marcha». Ha atribuido esta demora a que el Ayuntamiento «lo puede solicitar, pero quien da la viabilidad es la Delegación del Gobierno después de un estudio amplio».

Ha afirmado también que considera «importante proteger (estos edificios) porque hay actos de vandalismo», por lo que ha anunciado que desde las concejalías de Cultura y Seguridad van a iniciar «los expedientes correspondientes para pasarlos a Delegación dle Gobierno, a quien corresponde su autorización o no autorización».

«ROMPER LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS»

Por otro lado, el primer edil ha puntualizado que estos sistemas tienen «una serie de problemas»: «La videovigilancia tiene una parte de romper la intimidad de las personas que hay que controlar bien. Es imprescindible vigilar la seguridad de edificios que son bienes de interés cultural o patrimonio de la humanidad, pero a la vez es importante no sentirse permanentemente vigilados», ha manifestado.

Por ello, ha asegurado que esta cuestión «requiere estudios serios que acaban en Delegación del Gobierno».

«Nosotros estamos trabajando en este tema para hacer las solicitudes correspondientes, pero no es una cuestión fácil, y me parece bien que no sea fácil porque lo que no se puede hacer es tener cámaras en cualquier sitio», ha concluido Ribó.

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1 Comentario

1 Comentario

  1. igorsoluciones.com

    9 septiembre, 2020 en 9:24 am

    La mejor desicion para proteger el patrimonio e inversion siempre será protegerlo

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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