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El cambio de nombre de 51 calles en València afectará a 20.000 ciudadanos y 400 comercios

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El alcalde de València, Joan Ribó, se ha pronunciado este miércoles sobre la aplicación de las exigencias de la Ley Memoria Histórica en el callejero urbano. Ribó ha destacado el hecho de que en València se ha actuado en este tema “con mucha más lentitud que en otras ciudades españolas (Madrid, Alacant…) porque siempre nos hemos basado en los informes de la Universitat de València, es decir, que se cumple la Ley de Memoria Histórica pero en virtud del estudio histórico de tipo técnico y el informe legal”.

A la hora de renombrar las vías públicas, el Gobierno Local se ha basado en diversos criterios, de los que el acalde ha destacado incrementar la presencia de nombres femeninos, dado el desequilibrio por la abrumadora mayoría de calles dedicadas a hombres frente a mujeres (sólo un 7%), ha señalado. Y también seguir el criterio de las propuestas realizadas hace tiempo por entidades vecinales o Juntas de Distrito, además de recuperar los nombres históricos y populares, o referentes de los valores democráticos. Es el caso de Simone de Beauvoir, la avenida del Oeste, o Amado Granell, el valenciano que encabezó la liberación de París del régimen nazi.

“Los cambios propuestos no son arbitrarios –ha concluido Joan Ribó- sino que se basan en informes serios y objetivos de expertos de la Universitat, realizados con criterios académicos, científicos y profesionales, que son los que han de regir”. El alcalde ha señalado que, obviamente, los cambios propuestos para las 51 calles afectadas no permiten atender todas las peticiones y propuestas de nombres, pero éstas irán cumpliendo poco a poco con las nuevas calles a las que habrá que nombrar.

Finalmente, ha destacado la decisión de establecer un periodo de convivencia con la doble denominación en las placas durante un año, “con la voluntad de causar el mínimo perjuicio y ser muy respetuosos para generar el mínimo de problemas posible”.

«Obsesión» de Ribó

Por su parte, desde la oposición se han mostrado contrarios a esta iniciativa. El grupo municipal popular ha informado que presentará una Moción alternativa a la propuesta del cambio de nombre de 50 calles y plazas que el acalde Ribó y socios del tripartito pretenden aprobar en la comisión de Desarrollo Humano y Cultura que se celebra este jueves.

La alternativa del Grupo Popular, ha anunciado Alfonso Novo, “planteará la necesidad de que el servicio municipal correspondiente emita un informe técnico respecto de si el cambio de denominación de una de las calles y plazas es estrictamente necesario para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Memoria Histórica.”

Asimismo, ha continuado el concejal popular, “en nuestra alternativa vamos a pedir que el servicio municipal correspondiente emita un informe técnico respecto de cada una de las personas cuyo nombre se propone para la nueva denominación de las calles y plazas afectadas, para conocer su trayectoria artística, cultural, científica y profesional le hacen merecedor de esta distinción.”

De esta manera, el concejal popular ha señalado que “en el informe de la Universidad, que le ha costado a los valencianos 18.000 euros, no solo llama la atención que en algunos casos no estén documentadas las causas que motivan el cambio, sino que tampoco recoge un estudio histórico, cultural o social sobre los méritos que han hecho algunos de los personas que van ser reconocidas ahora con el nombre de alguna calle o plaza.”

«El deseo de Ribó de situar a los ciudadanos en un bando u otro, dice muy poco de un político que debería estar centrado en procurar el bienestar y concordia de los valencianos y no en enfrentarlos», ha destacado.

Por otra parte, Alfonso Novo, ha informado que “más de 400 comercios, restaurantes y cafeterías se verán afectados por la decisión del alcalde Ribó de cambiar el nombre de las calles en las que desarrollan su actividad o prestan servicios.”

Además de estos más de 400 establecimientos, ha añadido, “otros tantas empresas y despachos profesionales que no trabajan a píe de calle y lo hacen en pisos, se verán también afectados por esta medida, así como los más de 20.000 valencianos que viven en las 50 calles y plazas que cambiarán de nombre.”

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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