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El cambio de nombre de 51 calles en València afectará a 20.000 ciudadanos y 400 comercios

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El alcalde de València, Joan Ribó, se ha pronunciado este miércoles sobre la aplicación de las exigencias de la Ley Memoria Histórica en el callejero urbano. Ribó ha destacado el hecho de que en València se ha actuado en este tema “con mucha más lentitud que en otras ciudades españolas (Madrid, Alacant…) porque siempre nos hemos basado en los informes de la Universitat de València, es decir, que se cumple la Ley de Memoria Histórica pero en virtud del estudio histórico de tipo técnico y el informe legal”.

A la hora de renombrar las vías públicas, el Gobierno Local se ha basado en diversos criterios, de los que el acalde ha destacado incrementar la presencia de nombres femeninos, dado el desequilibrio por la abrumadora mayoría de calles dedicadas a hombres frente a mujeres (sólo un 7%), ha señalado. Y también seguir el criterio de las propuestas realizadas hace tiempo por entidades vecinales o Juntas de Distrito, además de recuperar los nombres históricos y populares, o referentes de los valores democráticos. Es el caso de Simone de Beauvoir, la avenida del Oeste, o Amado Granell, el valenciano que encabezó la liberación de París del régimen nazi.

“Los cambios propuestos no son arbitrarios –ha concluido Joan Ribó- sino que se basan en informes serios y objetivos de expertos de la Universitat, realizados con criterios académicos, científicos y profesionales, que son los que han de regir”. El alcalde ha señalado que, obviamente, los cambios propuestos para las 51 calles afectadas no permiten atender todas las peticiones y propuestas de nombres, pero éstas irán cumpliendo poco a poco con las nuevas calles a las que habrá que nombrar.

Finalmente, ha destacado la decisión de establecer un periodo de convivencia con la doble denominación en las placas durante un año, “con la voluntad de causar el mínimo perjuicio y ser muy respetuosos para generar el mínimo de problemas posible”.

«Obsesión» de Ribó

Por su parte, desde la oposición se han mostrado contrarios a esta iniciativa. El grupo municipal popular ha informado que presentará una Moción alternativa a la propuesta del cambio de nombre de 50 calles y plazas que el acalde Ribó y socios del tripartito pretenden aprobar en la comisión de Desarrollo Humano y Cultura que se celebra este jueves.

La alternativa del Grupo Popular, ha anunciado Alfonso Novo, “planteará la necesidad de que el servicio municipal correspondiente emita un informe técnico respecto de si el cambio de denominación de una de las calles y plazas es estrictamente necesario para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Memoria Histórica.”

Asimismo, ha continuado el concejal popular, “en nuestra alternativa vamos a pedir que el servicio municipal correspondiente emita un informe técnico respecto de cada una de las personas cuyo nombre se propone para la nueva denominación de las calles y plazas afectadas, para conocer su trayectoria artística, cultural, científica y profesional le hacen merecedor de esta distinción.”

De esta manera, el concejal popular ha señalado que “en el informe de la Universidad, que le ha costado a los valencianos 18.000 euros, no solo llama la atención que en algunos casos no estén documentadas las causas que motivan el cambio, sino que tampoco recoge un estudio histórico, cultural o social sobre los méritos que han hecho algunos de los personas que van ser reconocidas ahora con el nombre de alguna calle o plaza.”

«El deseo de Ribó de situar a los ciudadanos en un bando u otro, dice muy poco de un político que debería estar centrado en procurar el bienestar y concordia de los valencianos y no en enfrentarlos», ha destacado.

Por otra parte, Alfonso Novo, ha informado que “más de 400 comercios, restaurantes y cafeterías se verán afectados por la decisión del alcalde Ribó de cambiar el nombre de las calles en las que desarrollan su actividad o prestan servicios.”

Además de estos más de 400 establecimientos, ha añadido, “otros tantas empresas y despachos profesionales que no trabajan a píe de calle y lo hacen en pisos, se verán también afectados por esta medida, así como los más de 20.000 valencianos que viven en las 50 calles y plazas que cambiarán de nombre.”

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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