Síguenos

PORTADA OFFICIAL PRESS

El cambio de nombre de 51 calles en València afectará a 20.000 ciudadanos y 400 comercios

Publicado

en

El alcalde de València, Joan Ribó, se ha pronunciado este miércoles sobre la aplicación de las exigencias de la Ley Memoria Histórica en el callejero urbano. Ribó ha destacado el hecho de que en València se ha actuado en este tema “con mucha más lentitud que en otras ciudades españolas (Madrid, Alacant…) porque siempre nos hemos basado en los informes de la Universitat de València, es decir, que se cumple la Ley de Memoria Histórica pero en virtud del estudio histórico de tipo técnico y el informe legal”.

A la hora de renombrar las vías públicas, el Gobierno Local se ha basado en diversos criterios, de los que el acalde ha destacado incrementar la presencia de nombres femeninos, dado el desequilibrio por la abrumadora mayoría de calles dedicadas a hombres frente a mujeres (sólo un 7%), ha señalado. Y también seguir el criterio de las propuestas realizadas hace tiempo por entidades vecinales o Juntas de Distrito, además de recuperar los nombres históricos y populares, o referentes de los valores democráticos. Es el caso de Simone de Beauvoir, la avenida del Oeste, o Amado Granell, el valenciano que encabezó la liberación de París del régimen nazi.

“Los cambios propuestos no son arbitrarios –ha concluido Joan Ribó- sino que se basan en informes serios y objetivos de expertos de la Universitat, realizados con criterios académicos, científicos y profesionales, que son los que han de regir”. El alcalde ha señalado que, obviamente, los cambios propuestos para las 51 calles afectadas no permiten atender todas las peticiones y propuestas de nombres, pero éstas irán cumpliendo poco a poco con las nuevas calles a las que habrá que nombrar.

Finalmente, ha destacado la decisión de establecer un periodo de convivencia con la doble denominación en las placas durante un año, “con la voluntad de causar el mínimo perjuicio y ser muy respetuosos para generar el mínimo de problemas posible”.

«Obsesión» de Ribó

Por su parte, desde la oposición se han mostrado contrarios a esta iniciativa. El grupo municipal popular ha informado que presentará una Moción alternativa a la propuesta del cambio de nombre de 50 calles y plazas que el acalde Ribó y socios del tripartito pretenden aprobar en la comisión de Desarrollo Humano y Cultura que se celebra este jueves.

La alternativa del Grupo Popular, ha anunciado Alfonso Novo, “planteará la necesidad de que el servicio municipal correspondiente emita un informe técnico respecto de si el cambio de denominación de una de las calles y plazas es estrictamente necesario para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Memoria Histórica.”

Asimismo, ha continuado el concejal popular, “en nuestra alternativa vamos a pedir que el servicio municipal correspondiente emita un informe técnico respecto de cada una de las personas cuyo nombre se propone para la nueva denominación de las calles y plazas afectadas, para conocer su trayectoria artística, cultural, científica y profesional le hacen merecedor de esta distinción.”

De esta manera, el concejal popular ha señalado que “en el informe de la Universidad, que le ha costado a los valencianos 18.000 euros, no solo llama la atención que en algunos casos no estén documentadas las causas que motivan el cambio, sino que tampoco recoge un estudio histórico, cultural o social sobre los méritos que han hecho algunos de los personas que van ser reconocidas ahora con el nombre de alguna calle o plaza.”

«El deseo de Ribó de situar a los ciudadanos en un bando u otro, dice muy poco de un político que debería estar centrado en procurar el bienestar y concordia de los valencianos y no en enfrentarlos», ha destacado.

Por otra parte, Alfonso Novo, ha informado que “más de 400 comercios, restaurantes y cafeterías se verán afectados por la decisión del alcalde Ribó de cambiar el nombre de las calles en las que desarrollan su actividad o prestan servicios.”

Además de estos más de 400 establecimientos, ha añadido, “otros tantas empresas y despachos profesionales que no trabajan a píe de calle y lo hacen en pisos, se verán también afectados por esta medida, así como los más de 20.000 valencianos que viven en las 50 calles y plazas que cambiarán de nombre.”

Advertisement
Click para comentar

Tienes que estar registrado para comentar Acceder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

PORTADA OFFICIAL PRESS

La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

Publicado

en

Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Continuar leyendo