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El Consell aprobará ya los primeros 105 millones de ayudas del Plan Resistir

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EFE/Manuel Bruque/Archivo

València, 28 ene (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este jueves que se van a desplegar ya tres tipos de ayudas directas nuevas para empresas, autónomos y trabajadores en ERTE por un total de 105 millones de euros, dentro del Plan Resistir, dotado con cerca de 400 millones de euros.

Puig ha señalado tras presidir la reunión de la comisión de seguimiento sobre las ayudas a los sectores más afectados por la pandemia que dos de estas ayudas se aprobarán en el pleno del Consell de este viernes, y la otra será validada la próxima semana.

Según ha detallado, la primera es una ayuda directa a autónomos y a empresas por un valor similar al de las cuotas de la Seguridad Social, que estará dotada con 80 millones de euros dirigidos a auxiliar a más de 180.000 beneficiarios (44.000 autónomos y 22.000 empresas) de los sectores más afectados, como hostelería, turismo, ocio y actividades artísticas.

Gracias a esta medida, cada empresa o autónomo recibirá 600 euros, y además otros 600 euros por cada trabajador a su cargo, hasta un máximo de 12.000 euros, ha explicado el president.

La segunda medida que se ha acordado ya es una ayuda directa para los autónomos más afectados por las restricciones, pues, según ha señalado Puig, el Consell está muy preocupado por el impacto económico de la pandemia en los emprendedores, y quiere ir más allá de la ayuda extraordinaria del Estado que recibieron los autónomos valencianos en diciembre.

Por eso, ha explicado que se van a complementar esas ayudas estatales con una nueva línea de 8 millones de euros, que beneficiará a los 26.000 autónomos que recibieron la prestación de la Seguridad Social el 31 de diciembre.

En concreto, la Generalitat les aumentará esta prestación con dos pagos mensuales de 150 euros, con lo que el total serán 300 euros suplementarios para esos autónomos valencianos que peor lo están pasando.

La tercera acción económica que va a aprobar el Consell es una ayuda de 17 millones de euros dirigida a los más de 48.000 trabajadores que llevan un largo tiempo en situación de ERTE, que recibirán 300 euros en total para complementar sus prestaciones de enero y febrero.

Puig ha adelantado también que la semana que viene la Generalitat hará el pago a los Ayuntamientos para que puedan efectuar de inmediato las ayudas de urgencia que gestionará la Administración local, consistentes en una ayuda de 2.000 euros por autónomo o empresa, más 200 euros por cada trabajador.

Asimismo, ha destacado que los préstamos con ayuda directa que presta el Banco de la Generalitat ya ha registrado, en apenas 48 horas, 350 peticiones de crédito y ya se han adjudicado diversos préstamos bonificados con ayuda directa de la Generalitat, el primero de ellos a un hotel de la Marina Baixa.

El president ha manifestado que la semana que viene se publicarán los préstamos participativos, y también empezarán a gestionarse las líneas de ayudas especiales a artesanos, taxistas y el sector del ocio.

«Con todo ello, buscamos ayudar a resistir a los más afectados por las restricciones de la pandemia, porque sabemos que los sacrificios son necesarios para combatir al virus, pero su coste, que golpea especialmente a determinados sectores de la población, debe ser compensado por la Generalitat», ha explicado.

A juicio de Puig, en este momento «crítico, hay que atender a la pandemia en los hospitales, y también ayudar a resistir, económicamente, a quien más lo necesita».

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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