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El Consell aprueba el decreto que da a los colegios autonomía y flexibilidad horaria en Educación Primaria

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El pleno del Consell ha aprobado el decreto que modifica el Decreto 108/2014, de 4 de julio, y que tiene como objetivo establecer el currículo y desarrollar la ordenación general de la Educación Primaria en la Comunitat Valenciana.

El objetivo es profundizar en la calidad educativa y dotar a los centros de una mayor autonomía y flexibilidad horaria en la Educación Primaria.

Por tanto, se ha realizado una serie de modificaciones entre las que destacan cuestiones relativas al horario lectivo, los informes de evaluación, el fomento de la innovación y la organización de los equipos docentes.

Respecto al horario lectivo, los centros podrán programar sesiones lectivas de entre 45 y 60 minutos; el horario lectivo semanal será de 25 horas, del lunes a viernes; la jornada escolar empezará, con carácter general, a las 9.00 y finalizará a las 17.00 horas; cada centro establecerá un período de descanso diario de 30 minutos, mientras que el descanso mínimo entre las sesiones de mañana y tarde será de 1.30 horas.

Además, los horarios serán confeccionados por los centros con autonomía, pero atendiendo a los criterios que se especifican, relativos a la carga horaria de las áreas y asignaturas; los períodos lectivos semanales de libre disposición se podrán asignar a varias áreas o proyectos disciplinarios.

En cuanto a la evaluación, los centros podrán establecer el modelo de informe de evaluación que consideren oportuno en su proyecto educativo, aunque en los documentos de evaluación habrá que ajustarse a los términos de la normativa vigente.

Para fomentar la innovación y promover la autonomía de los centros, la programación didáctica se podrá llevar a cabo mediante proyectos específicos, como trabajo por proyectos, por ámbitos o interdisciplinares, dirigidos a mejorar el éxito escolar y a la adquisición de las competencias y los objetivos del currículo, así como para promover la transversalidad de conocimientos.

Además, se promueve la organización en equipos de los docentes de primero y segundo curso, de los de tercero y cuarto y de los de quinto y sexto, cada uno de los cuales actuará bajo la dirección de un coordinador.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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