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El Consell aprueba las tasas universitarias para este curso con una reducción del 8% en primera matrícula

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Exámenes de Selectividad

El Pleno del Consell ha aprobado el decreto por el que se fijan las tasas universitarias para el curso 2018-19 y en el que se establece una reducción del 8 % del precio del crédito en primera matrícula de enseñanzas de grado y máster en las universidades públicas valencianas.

El nuevo decreto supone reducir las tasas para el curso académico 2018/2019 en un porcentaje del 8 % con respecto a las establecidas en el Decreto 108/2017, de 28 de julio, por lo que respecta a los créditos en primera matrícula, tanto de grado como de máster, para aquellos estudios de máster que habilitan para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, o con precio equiparable, y para los estudios de máster no comprendidos en el grupo anterior.

Además, se mantiene el importe de las tasas en los estudios de máster con precio excepcional, que viene establecido por convenio con otras universidades participantes, así como en los estudios conducentes al título de doctor, desde la primera matrícula hasta la cuarta matrícula y siguientes.

La reducción del 8 % de las tasas universitarias se suma a la reducción del 7 % llevada a cabo en el curso 2017/2018, con lo que la reducción de las tasas universitarias alcanza el 15 % respecto a las tasas del curso 2016/2017.

Esta reducción de precios se implementa con una política de subvenciones y becas universitarias que pretende acabar con las desigualdades sociales que se producen tanto en el acceso (primera matrícula), como en la continuidad de los estudios universitarios, y que constituyen dos de los principales ejes del Plan de mejora del sistema universitario valenciano.
El objetivo definitivo del Consell con estas medidas es conseguir que ningún alumno deje de estudiar en la universidad por motivos económicos.

El decreto también establece que el importe de las tarifas por la realización de estudios conducentes a títulos propios de las universidades será fijado por el consejo social de cada universidad, igual que el importe de los precios por la prestación de servicios no académicos por parte de la universidad o por el uso o cesión de instalaciones universitarias.
El régimen aplicable a las tasas por la prestación de servicios académicos universitarios será el establecido en la Ley de tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, de 25 de febrero.

Exenciones y bonificaciones
Asimismo, el decreto posibilita diferentes tipos de exenciones y bonificaciones para el alumnado que reciba becas y otras ayudas al estudio con cargo a los presupuestos generales del Estado o de la Generalitat. En concreto, tendrán exenciones y bonificaciones aquellos que obtengan matrícula de honor o premio extraordinario de Bachillerato, los miembros de familias numerosas y los que hayan sido víctimas o familiares de víctimas de bandas armadas o elementos terroristas.
Estas exenciones y bonificaciones también beneficiarán a aquellos que se encuentren en alguno de los supuestos de exención a los que se refiere el artículo 148 del texto refundido de la Ley de tasas de la Generalitat, en los términos y las condiciones establecidos en el mencionado artículo. También tendrán derecho a la exención total de tasas los alumnos que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33 %.
El importe de las tasas aplicable a los estudiantes extranjeros será el mismo importe que se aplica para los estudiantes de nacionalidad española.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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