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El Consell cifra en más de 1.500 millones de euros los daños causados por el temporal de gota fría
Publicado
hace 6 añosen
Valencia, 19 sept. – El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que, desde una primera aproximación a los daños provocados por el temporal de la pasada semana, se puede cifrar el impacto económico de las lluvias e inundaciones en alrededor de 1.500 millones de euros, y ha anunciado que el Consell aprobará dos decretos urgentes de ayudas directas para las personas y los municipios.
El president ha presidido en el Palau de la Generalitat la reunión extraordinaria de la Comisión Interdepartamental para el Seguimiento y la Coordinación de la Posteemergencia. En esta reunión han participado también la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló.
Asimismo, han intervenido en la Comisión representantes de las secretarías autonómicas y direcciones generales de las distintas Consellerias que están implicadas en la vuelta a la normalidad en los territorios afectados por el episodio de gota fría que tan devastadores efectos ha tenido en las comarcas de la Vega Baja y la Vall d’Albaida.
«Hemos visto que en todos los ámbitos ha habido un daño grande, muy especialmente en lo que significa la agricultura, también en las viviendas, y en todas las infraestructuras», ha explicado Puig, que ha considerado «una gran catástrofe» la situación que ha dejado la DANA en la Comunitat Valenciana.
Por ello, ha apostado por «el apoyo de todas las instrucciones» y ha afirmado que, «desde la responsabilidad», el Consell aprobará este viernes, en su reunión plenaria, que se celebrará en Orihuela, dos primeros decretos de ayudas.
«Uno estará dirigido directamente a las personas, sobre todo para atacar inicialmente lo que es la necesidad perentoria de las personas que han sufrido pérdidas en su vivienda y en sus enseres», ha detallado el titular del Consell, que también se ha referido aun segundo decreto de ayuda a los ayuntamientos «para ir avanzando en la reparación de las cuestiones básicas».
En este sentido, ha explicado que estas ayudas forman parte de «una actuación primera de emergencia», aunque, en las próximas semanas, el Gobierno valenciano «seguirá abordando distintas actuaciones por parte de las Consellerias».
«También tengo que decir que es fundamental el concurso de todas las administraciones, necesitamos recursos, recursos importantes del Estado y recursos también de la Unión Europea», ha manifestado, y ha advertido de que estas cifras son tan solo una primera aproximación a la magnitud de los daños económicos, y que estos podrían ser superiores.
En cuanto a los sectores más afectados, ha considerado que «la peor parte es la agricultura, sobre todo en la Vega Baja, donde es el motor fundamental, junto con la industria agroalimentaria».
En esta comarca, ha explicado, las infraestructuras de regadío han sufrido cuantiosos daños. También se ha referido a las infraestructuras viarias como lo más dañado por el temporal, así como los servicios educativos y sanitarios.
Ayudas directas
En cuanto a los dos primeros decretos, el president ha explicado que serán de ayudas directas «para que se hagan efectivas lo más rápidamente posible» y poder asegurar así «la primera actuación, el primer impacto, y ayudar en una situación de shock».
A estas ayudas a las personas se añadirán a las cantidades asignadas a los Ayuntamientos «para ir actuando sobre todo en la reparación de los servicios públicos fundamentales».
La Comisión también ha realizado un análisis de las personas que siguen sin servicios de luz eléctrica y agua que, según Puig, ascienden a más de 50, así como de las personas que continúan sin servicio de telefonía, alrededor de un centenar.
«Esperamos la próxima semana poder hablar de una completa normalización», ha afirmado el president, que ha añadido que «a partir de que vaya bajando el agua en algunos ámbitos será cuándo se podrá entrar y se podrá ver la profundidad de los daños».
Activación de la postemergencia
La emergencia, aunque con menor intensidad, sigue su curso, pero es necesario iniciar la fase de la postemergencia de manera progresiva e inmediata con el fin último de devolver en el plazo más corto de tiempo posible a la normalidad las zonas afectadas, tal y como se ha hecho en las últimas ocasiones en que algún territorio de la Comunitat Valenciana ha pasado por una situación que requiere una respuesta inmediata y acorde con los daños sufridos.
La Comisión Interdepartamental es un órgano colegiado de la Administración de la Generalitat al que corresponde la coordinación entre departamentos del Consell en materia de postemergencia y que tiene, entre sus funciones analizar la información disponible sobre los daños a particulares, servicios e infraestructuras públicos; fijar los objetivos concretos de la fase postemergencia garantizando una visión unificada en las decisiones adoptadas; proponer inversiones y definir proyectos concretos para conseguir la vuelta a la normalidad.
Asimismo, se encarga de aprobar mecanismos de difusión de la información a la población sobre los procedimientos de solicitud de ayudas, conocer las actuaciones de la Administración General del Estado y garantizar su complementariedad con las decisiones de la Generalitat, así como velar por las sinergias entre las actuaciones realizadas por las diversas administraciones involucradas en la gestión de la fase postemergencia.
También se cuenta entre sus funciones proponer la aprobación de un plan de recuperación con una visión unificada aportada por los diferentes departamentos de la Generalitat, para garantizar la recuperación de la normalidad y asegurar la trazabilidad en cada uno de los procesos ejecutados, estableciendo los mecanismos de control adecuados.
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El novio de Ayuso ante el Supremo: “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. El fiscal general me había matado públicamente”
Publicado
hace 17 horasen
4 noviembre, 2025
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por la filtración del correo electrónico en el que su defensa admitía “dos delitos fiscales”.
“El fiscal general me había destrozado públicamente”
Visiblemente afectado, González Amador relató ante el tribunal el impacto que tuvo aquella publicación.
“Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente”,
declaró, girándose hacia el fiscal general durante su testimonio.
El empresario aseguró que, hasta la filtración, confiaba en resolver el caso “de forma discreta y con una pena asumible”, pero todo cambió “cuando el asunto saltó a la luz pública”.
De una negociación fiscal a un caso mediático
Según explicó ante el Supremo, su intención inicial era alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para cerrar el procedimiento por fraude fiscal. Sin embargo, el correo filtrado —en el que su abogado fiscalista, Carlos Neira, reconocía la existencia de “dos delitos contra la Hacienda Pública”— acabó difundido en medios de comunicación en marzo de 2024.
“Cuando vi mi expediente tributario y el correo en la prensa, llamé a mi abogado. Me dijo: ‘La presunción de inocencia se ha roto. Estamos en otra dimensión’”, ha recordado González Amador.
A partir de ese momento, según su testimonio, “todo el Gobierno comenzó a llamarle delincuente confeso”, lo que le causó “un daño irreparable” a nivel personal y profesional.
El juicio a García Ortiz y las tensiones institucionales
El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sigue en el Supremo tras la querella presentada por González Amador por revelación de secretos. El proceso ha vuelto a poner el foco en las tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, así como en el papel de la Fiscalía General en casos con implicaciones políticas.
Durante la sesión, se recordaron también las declaraciones previas de altos cargos de la Comunidad de Madrid, como el jefe de Gabinete de Ayuso, que reconoció haber advertido de que “el fiscal general iría p’alante”.
Un juicio histórico en la democracia española
El juicio a Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, marca un hecho sin precedentes en la historia democrática española.
El proceso, que se celebra en el Tribunal Supremo, estará presidido por siete magistrados de la Sala de lo Penal, encargados de determinar si García Ortiz filtró un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía una supuesta defraudación a Hacienda.
Pese a la gravedad de la acusación, el juez Ángel Hurtado ha decidido que el fiscal general mantenga su cargo mientras dure el proceso judicial, que se prevé se alargue durante dos semanas.
El origen del caso: el correo del abogado de González Amador
Todo comenzó el 2 de febrero de 2024, cuando Carlos Neira, abogado del empresario Alberto González Amador, remitió a la Fiscalía un correo electrónico con una propuesta de pacto.
En él se reconocía la posibilidad de que su cliente hubiera cometido un delito contra la Hacienda Pública.
Durante más de un mes, el contenido de ese correo permaneció reservado. Sin embargo, el 12 de marzo de 2024, varios medios de comunicación publicaron que la pareja de Ayuso podría haber defraudado dinero al fisco.
Al día siguiente, desde la Comunidad de Madrid, el portavoz Miguel Ángel Rodríguez negó esa versión y aseguró que fue la Fiscalía la que había propuesto el pacto.
Esa misma noche, según la investigación, se habría producido la presunta filtración del correo.
La posición del fiscal general
Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, García Ortiz negó “rotundamente” haber filtrado información confidencial.
El magistrado instructor, no obstante, considera que existen “indicios razonables” de que la filtración pudo salir de la Fiscalía.
El propio Alberto González Amador ha asegurado que la publicación del correo electrónico vulneró su derecho a la intimidad y afectó a su reputación:
“Todo eso me ha ido lastrando”, declaró ante el tribunal.
Un proceso sin retransmisión pública
Aunque se trata de un juicio inédito en España, el Tribunal Supremo ha decidido no retransmitir las sesiones en directo.
A lo largo del proceso declararán unos cuarenta testigos, entre ellos políticos, periodistas y miembros de la Guardia Civil.
El último en declarar será el propio Álvaro García Ortiz, quien sigue al frente de la Fiscalía General del Estado durante la vista.
Qué consecuencias puede tener el juicio
Si el Tribunal Supremo declarara culpable al fiscal general, la sentencia podría implicar:
-
Entre 4 y 6 años de cárcel,
-
12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público,
-
y una multa superior a los 400.000 euros.
Por el momento, el proceso continúa abierto, y se espera que el fallo se conozca antes de final de mes.
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