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El Consell concede ayudas a personas desempleadas para el pago de los medicamentos

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El Consell ha aprobado el decreto por el que se establecen las bases y la convocatoria para la concesión de subvenciones directas al colectivo de personas en situación de desempleo, destinadas a compensar, durante 2018, los gastos relacionados con la protección de la salud.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno valenciano, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha explicado que estas ayudas, que cuentan con un presupuesto de 10 millones de euros, se suman a las subvenciones económicas que concede la Generalitat para contrarrestar el copago farmacéutico en los colectivos de pensionistas, personas con diversidad funcional y menores de edad de familias de rentas bajas.

A este respecto, Oltra ha destacado que, a lo largo de estos tres años de legislatura, «el Gobierno del Botánico viene desarrollando una política clara de recuperación y ampliación de derechos en materia sanitaria», en contraposición con «los obstáculos de copago farmacéuticos que impuso el Gobierno de España» en 2012, lo que hizo que la Comunitat Valenciana «fuera la comunidad con más abandonos médicos de toda España».

Las ayudas del Consell «han permitido garantizar el tratamiento y el restablecimiento de la salud a través de la prestación farmacéutica, eliminado obstáculos económicos que el sistema de aportación de las personas usuarias y sus beneficiarios representa para determinados colectivos», ha insistido la vicepresidenta.

De hecho, a raíz de la concesión de estas subvenciones, se ha constatado cerca de un 40% menos de abandonos de tratamientos en el colectivo de pensionistas; de un 29,3% menos en el de personas con diversidad funcional y de un 12% menos en menores de edad de familias de rentas bajas.

«Las políticas de recortes en sanidad, educación o políticas sociales tienen consecuencias muy importantes en la vida de las personas», ha enfatizado la vicepresidenta, quien ha hecho hincapié en que «una prioridad de este Consell es garantizar los derechos de las personas».

El nuevo decreto del Consell amplía la protección al colectivo de personas desempleadas que reciben prestación o subsidio y a aquellas personas que lo hayan agotado, siempre que tengan un nivel de ingresos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuales.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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