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El Consell presenta un presupuesto de 28.438 millones de euros

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El Consell presenta un presupuesto de 28.438 millones de euros
El pleno del Gobierno valenciano se reúne en sesión extraordinaria para aprobar el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2023, el último de esta legislatura, tras el acuerdo logrado el pasado viernes entre el president Ximo Puig (PSPV-PSOE) con los vicepresidentes Aitana Mas (Compromís) y Héctor Illueca (Unides Podem). EFE/Manuel Bruque

València, 31 oct (OFFICIAL PRESS/EFE).- Los presupuestos de la Generalitat para 2023 -los octavos del Consell del Botànic y últimos de esta legislatura- ascienden a 28.438 millones de euros, un 1’7 % por más que los de este ejercicio, en los que el gasto real (las operaciones no financieras) suponen 22.116 millones de euros, un aumento del 6’8 % y 1.400 millones más que este año.

Así lo ha señalado el conseller de Hacienda, Arcadi España, tras el pleno extraordinario del Consell que ha aprobado en el último día de plazo el proyecto de ley de presupuestos, aunque no el de acompañamiento, que no tiene límite temporal y se tramitará el viernes una vez reciba los informes del Consell Jurídic Consultiu y del Comité Económico y Social.

El conseller de Hacienda, Arcadi España, ha explicado en rueda de prensa que estas cuentas buscan luchar contra la inflación y son la respuesta para avanzar en retos como el fomento del empleo, la lucha contra la emergencia climática, el refuerzo de los servicios públicos o el fortalecimiento de las instituciones

La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, ha asegurado que se trata «del primer presupuesto del tercer Botànic», hecho «a la altura» de las necesidades de las personas y fruto «del diálogo, del trabajo en equipo y del consenso», cuyo eje principal son las políticas de protección y defensa de los servicios públicos que mejoren la vida de la gente.

PARTIDA REIVINDICATIVA DE 1.336 MILLONES

Los presupuestos autonómicos recogen una vez más una partida reivindicativa de 1.336 millones de euros por la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, lo que sumado a los 13.928’36 millones que llegarán por el modelo de financiación elevan a 15.264 millones el total de recursos del Estado, a los que se suman 1.187’88 millones de fondos europeos.

El conseller ha señalado que el Consell hace una gran apuesta por los servicios públicos, de forma que el gasto social supone el 83’13 % del gasto no financiero, 22.040 millones de euros que se destinan a sanidad, educación y servicios sociales, que son 1.560 millones más que este año y una media de 50’2 millones de euros al día.

INVERSIONES: 3.192 MILLONES

La partida de gastos de personal alcanzará en 2023 los 8.23 millones de euros, un 6’78 % más que este año, mientras que la inversión directa e indirecta (operaciones de capital) alcanza los 3.192 millones de euros, con un aumento del 2’5 % y la mayor de toda la serie histórica.

El conseller ha destacado que las Consellerias de impulso a los sectores productivos para reforzar el crecimiento económico y generar empleo (Economía, Política Territorial, Innovación, Hacienda y Agricultura) crecen un 8’5 % en total y alcanzan los 3.859 millones de euros.

La Conselleria con mayor presupuesto es la de Sanidad (8.259 millones, el 29 % del total del total de la Generalitat), seguida de Educación, con 5.520 (el 19’4 %) y la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad, con 2.308 millones, mientras que las que más crecen en porcentaje son Economía (un 22’9 % más) y Política Territorial (17’2 %).

LA DEUDA

El servicio de la deuda alcanza los 6.607’4 millones de euros, que supone el 23’2 % del total del presupuesto y un descenso del 10’8 %, debido a que a pesar de la subida de los intereses (que hace que el capítulo que más aumente sea el 3, gastos financieros, un 28’2 %), se ha reestructurado la deuda con una ampliación del plazo para pagar la cuota.

Así, las operaciones financieras bajan un 12,8 %, debido principalmente a la reducción del capítulo 9 (Pasivos Financieros), por la decisión del Gobierno central de refinanciar la devolución del FLA por parte de las autonomías, que han permitido alargar el plazo de amortización y disminuir la carga financiera.

EL SECTOR PÚBLICO

Las 61 entidades que conforman el sector público de la Generalitat contarán con 3.979 millones de euros, un 7 % más, e incorporan las instituciones feriales, las ITV, los espacios económicos empresariales y se crea el Instituto de la Memoria Democrática.

Las entidades con más presupuesto serán Labora, con 552 millones de euros, y Ferrocarrils de la Generalitat, con 320, mientras que la protección contra las emergencias contará con 183 millones (un 17 % más) y la Agencia Tributaria Valenciana tendrá 55’7 millones (un 2’4 % más).

CUADRO MACROECONÓMICO

El cuadro macroeconómico de este presupuesto prevé que en 2023 el PIB crezca un 2 % en la Comunitat, ya que según ha señalado el conseller a pesar de la complejidad del contexto económico mundial actual la economía valenciana siempre ha sido «muy flexible».

Los últimos presupuestos de la legislatura incluyen partidas como 228 millones de euros para la renta valenciana de inclusión, 462 millones para la atención a la dependencia, 52 millones para construir residencias o 40 millones para mejorar las condiciones laborales del personal de servicios sociales.

Además, se han consignado 71 millones de euros para la radiotelevisión autonómica, 82 millones para el bono infantil de 0 a 3 años, 301 millones para el Plan Edificant de construcciones educativas o 413’3 millones para mejorar las infraestructuras sanitarias.

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La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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