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El cuñado, la hermana y las sobrinas de Rita Barberá citados a declarar por el Caso Azud

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La magistrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha citado a declarar al abogado José María Corbín, cuñado de la fallecida exalcaldesa de València Rita Barberá, y a varios de los miembros de la familia Corbín Barberá y a otros investigados en el caso Azud, en el que se investigan presuntas ‘mordidas’ con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana habrían realizado al bufete de Corbín.

La magistrada que instruye esta causa, que continúa secreta, está practicando diversas diligencias y además ha acordado citar a declarar durante las próximas semanas a varios de los investigados en el procedimiento, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Según ha avanzado el diario Las Provincias este miércoles, la instructora ha citado a Corbín, a sus tres hijas y su mujer, quien fuera jefa de gabinete de Barberá, todos ellos en calidad de investigados.

La jueza acordó dejar en libertad al abogado el pasado 30 de abril, cuando abandonó la prisión en la que permanecía desde el día 4 del mismo mes. La magistrada adoptó esta decisión tras la petición de la defensa de Corbín al entender que la causa que motivó su ingreso en prisión –la posibilidad de alteración o destrucción de pruebas– había disminuido.

Corbín quedó en libertad provisional sin fianza aunque con retirada de pasaporte y obligación de comparecencias los días 1 y 15 en el juzgado. En la misma situación se encuentra el otro abogado que fue detenido en esta operación, Diego Elum.

Corbín, detenido en el marco de la Operación Azud, está considerado en la investigación como el principal implicado. La causa, que arrancó hace dos años, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias y se sigue también contra otros investigados que no fueron detenidos.

 

Fuente: Europa Press

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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