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El cuñado, la hermana y las sobrinas de Rita Barberá citados a declarar por el Caso Azud

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La magistrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha citado a declarar al abogado José María Corbín, cuñado de la fallecida exalcaldesa de València Rita Barberá, y a varios de los miembros de la familia Corbín Barberá y a otros investigados en el caso Azud, en el que se investigan presuntas ‘mordidas’ con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana habrían realizado al bufete de Corbín.

La magistrada que instruye esta causa, que continúa secreta, está practicando diversas diligencias y además ha acordado citar a declarar durante las próximas semanas a varios de los investigados en el procedimiento, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Según ha avanzado el diario Las Provincias este miércoles, la instructora ha citado a Corbín, a sus tres hijas y su mujer, quien fuera jefa de gabinete de Barberá, todos ellos en calidad de investigados.

La jueza acordó dejar en libertad al abogado el pasado 30 de abril, cuando abandonó la prisión en la que permanecía desde el día 4 del mismo mes. La magistrada adoptó esta decisión tras la petición de la defensa de Corbín al entender que la causa que motivó su ingreso en prisión –la posibilidad de alteración o destrucción de pruebas– había disminuido.

Corbín quedó en libertad provisional sin fianza aunque con retirada de pasaporte y obligación de comparecencias los días 1 y 15 en el juzgado. En la misma situación se encuentra el otro abogado que fue detenido en esta operación, Diego Elum.

Corbín, detenido en el marco de la Operación Azud, está considerado en la investigación como el principal implicado. La causa, que arrancó hace dos años, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias y se sigue también contra otros investigados que no fueron detenidos.

 

Fuente: Europa Press

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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