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Sucesos

El detenido de 22 años de Callosa suma tres denuncias más por agresiones sexuales de una menor, una expareja y una amiga

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ALICANTE, 9 Ene. (EUROPA PRESS) – Uno de los cuatro detenidos por la supuesta agresión sexual en grupo ocurrida en Callosa d’en Sarrià (Alicante) suma tres denuncias más por hechos similares por parte de una menor de 17 años, de una expareja de 18 y de una amiga de 22. Este arrestado, de 22 años, permanece en prisión provisional junto a los otros tres detenidos acusados de la agresión a una chica de 19 años la pasada Nochevieja.

Según ha informado la Guardia Civil, tres mujeres han interpuesto denuncia por delitos relacionados contra la libertad sexual contra él a raíz de la investigación por esos hechos iniciada contra los cuatro detenidos.

Al día siguiente a la detención del grupo una menor de 17 años presentó una denuncia por un intento de agresión sexual y abusos sexuales hacia ese hombre de 22 años. Los hechos se produjeron, según la denuncia, en octubre de 2018 cuando sobre las 02.00 horas el detenido llevó engañada a la víctima en su vehículo a Callosa d’En Sarrià e intentó con amenazas mantener relaciones sexuales con ella e introducirla en su casa.

No obstante, la joven consiguió zafarse y huir del agresor. Durante el forcejeo se habría producido un delito contra la libertad sexual. La chica recibió, más tarde, ayuda de otras personas.

La segunda denuncia hacia ese mismo joven parte de una mujer de 22 años que, al conocer la detención del presunto agresor, aseguró que, estando en casa con su expareja (otro de los detenidos) en enero del pasado año, se presentó ese hombre junto a otro amigo, que permanece sin identificar hasta el momento, y que tanto su expareja como ella perdieron el conocimiento hasta el día siguiente cuando se despertó desnuda de cintura para abajo y con lesiones internas.

Los investigadores de la Guardia Civil están tratando de identificar al otro joven que, supuestamente, habría participado en esta agresión sexual.

Finalmente, la tercera denuncia la presentó una expareja, una chica de 18 años, que ha señalado que, al parecer, durante un viaje realizado en junio de 2018 con unos amigos, el hombre la obligó por la fuerza a mantener relaciones sexuales tras una violenta discusión que podría haber tenido lugar delante de los amigos. La Guardia Civil investiga este último caso, dado que esas terceras personas podrían corroborar lo ocurrido.

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Sucesos

Condenan a Almudena Ramón a 3,5 años de prisión por estafar a lesionados medulares

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VALÈNCIA, 27 Ene. 2026 – La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a Almudena Ramón, investigadora científica, y a su pareja a tres años y medio de prisión por un delito continuado de estafa agravada, tras aprovecharse de personas con lesiones medulares a quienes ofrecían una supuesta terapia médica experimental.

Según la sentencia, los condenados promocionaron una “Terapia Regenerativa Medular” desde un centro privado, ofreciendo diagnósticos y tratamientos que carecían de validación científica y autorización sanitaria.

Terapia fraudulenta y engaño a pacientes

La investigación judicial confirmó que la terapia, presentada como innovadora y con supuesta eficacia para personas con lesiones de médula espinal, no tenía respaldo clínico ni ensayos que demostraran su efectividad. Los pacientes pagaban por tratamientos que nunca se completaron, mientras que los acusados mantenían la apariencia de profesionalidad científica.

La sentencia subraya que los acusados se aprovecharon de la vulnerabilidad de personas gravemente afectadas, haciendo creer que podían mejorar o curar su condición mediante un tratamiento inexistente.

Multas e indemnizaciones

Además de la pena de prisión, la sentencia obliga a Ramón y a su pareja a pagar una multa económica y a indemnizar a varios pacientes, con cantidades que oscilan entre 400 y 9.000 euros, por los daños causados durante la estafa.

Repercusión del caso

Este fallo judicial se produce tras años de denuncias sobre prácticas médicas no reguladas en clínicas privadas de la Comunitat Valenciana. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de controles éticos y sanitarios estrictos para tratamientos médicos experimentales, especialmente cuando se dirigen a pacientes con graves secuelas físicas.

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