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Consumo

El gasto en prestaciones de paternidad crece un 13,3% en la Comunitat en 2018 tras ampliarse el permiso

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Esto es lo que le cuesta a los padres el primer año de vida de un bebé

VALÈNCIA/MADRID, 30 Ene. – El gasto por prestaciones por paternidad en la Comunitat Valenciana experimentó en 2018 un incremento anual del 13,23% tras la entrada en vigor el pasado mes de julio de la ampliación del permiso de cuatro a cinco semanas, hasta más de 41,6 millones de euros, según los datos difundidos este miércoles por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

A pesar de este repunte en el gasto, los permisos de paternidad bajaron un 4,44% en la región hasta un total de 24.950 concedidos durante el año pasado.

A diferencia del gasto en paternidad, el importe dedicado al abono de las prestaciones por maternidad en la Comunitat se ha reducido un 2,85% respecto a 2017, hasta 133,1 millones de euros.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) gestionó un total de 24.515 prestaciones por maternidad en 2018 entre los valencianos, un 5,7% menos que en 2017, de las que 24.130 fueron disfrutados por mujeres y 385 por hombres, en este caso con una subida del 4,62%.

El permiso de maternidad se abona durante 16 semanas, ampliables en caso de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El padre puede disfrutar del tiempo cedido por la madre al mismo tiempo que ella o a continuación, excepto en las seis primeras semanas de descanso obligatorio para la madre en caso de parto natural (en caso de fallecimiento de la madre, el derecho a estas seis semanas lo puede solicitar el padre). La Ley contempla también la posibilidad de disfrutar a tiempo parcial del permiso.

El permiso por paternidad se ha ampliado hasta las 5 semanas, a las que se pueden sumar dos días más por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto, adopción, acogimiento múltiples. No obstante, la última semana del período de descanso podrá disfrutarse de forma independiente en otro momento dentro de los nueve meses siguientes a la fecha del nacimiento del hijo. Asimismo, podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o parcial de un mínimo del 50%, previo acuerdo con el empresario y es compatible e independiente del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad.

Tanto en maternidad como en paternidad, la prestación consiste en un subsidio equivalente al salario íntegro de la trabajadora o trabajador y se abona directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

DATOS NACIONALES
En términos nacionales, la Seguridad Social destinó 1.924,5 millones de euros en 2018 al pago de prestaciones económicas por maternidad (1.475,8 millones de euros) y paternidad (448,7 millones).

El gasto en prestaciones por paternidad experimentó un incremento anual del 12,2% tras la entrada en vigor el pasado mes de julio de la ampliación del permiso de cuatro a cinco semanas. Frente al repunte del gasto en paternidad, el importe dedicado al abono de las prestaciones por maternidad se ha reducido un 2,8% respecto a 2017.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) gestionó 252.706 prestaciones por maternidad en 2018, un 5,8% menos que en 2017.

Del conjunto de prestaciones por maternidad gestionadas el año pasado, la mayor parte, 247.975, correspondieron a permisos disfrutados por la madre (-5,8%), frente a 4.731 (-4%) que fueron solicitados por el padre tras cederle la madre el derecho.

CASI 5.200 EXCEDENCIAS EN LA COMUNITAT
Respecto a los trabajadores que solicitan excedencias para cuidar de un hijo, de menores acogidos o de otros familiares, en la región se registraron 2.059 excedencias –1.849 solicitadas por mujeres y 210 por hombres– lo que representó un aumento del 4,68% en 2018 con respecto a 2017.

Durante 2018, a nivel nacional, se registraron 57.057 excedencias de esta naturaleza, un 3,5% más que en 2017 de las que 51.036 fueron solicitadas por mujeres y 6.021 por hombres.

Por comunidades autónomas, el mayor número de excedencias se produjo en Madrid (13.839), Cataluña (8.421), Andalucía (6.256), Comunitat Valenciana (5.183) y País Vasco (5.350).

Información: Europa Press

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Consumo

Consumo propone una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por infracciones en su actividad

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Alquiler seguro

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro, tras la apertura de un expediente sancionador el pasado mes de marzo. La medida se enmarca dentro de las actuaciones del departamento que dirige Pablo Bustinduy para garantizar la protección de los consumidores en el ámbito de la vivienda y el alquiler.

Expediente sancionador a Alquiler Seguro

Según fuentes del Ministerio, el expediente se abrió por presuntas irregularidades en la gestión de contratos de arrendamiento y prácticas comerciales, que podrían haber vulnerado derechos de los inquilinos o propietarios. Tras la investigación, el área de Consumo ha propuesto una multa de 3,6 millones de euros, que todavía debe resolverse de forma definitiva tras los trámites administrativos pertinentes.

Esta acción se suma a otras inspecciones realizadas por el Ministerio en el sector inmobiliario y de alquiler, con el objetivo de reforzar la transparencia y las garantías legales en la relación entre propietarios, agencias y arrendatarios.

Protección de los consumidores en el sector del alquiler

El Gobierno ha destacado que las políticas impulsadas por Consumo y Agenda 2030 buscan fortalecer los derechos de los usuarios frente a posibles abusos o cláusulas abusivas en los contratos de arrendamiento. En los últimos meses, se han intensificado los controles sobre empresas dedicadas a la intermediación y gestión de viviendas en alquiler.

Con esta propuesta de sanción, el Ministerio pretende enviar un mensaje de advertencia al sector para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y fomentar un mercado del alquiler más justo y equilibrado.

Contexto del mercado del alquiler en España

El mercado de la vivienda en alquiler ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, donde la demanda sigue superando a la oferta. Ante esta situación, el Ejecutivo busca reforzar la supervisión de las empresas que operan en este ámbito y evitar prácticas que puedan perjudicar a los consumidores.

 

 

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