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El Gobierno advierte que los vacunados aún pueden transmitir el virus

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Madrid, 20 abr (EFE).- La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha advertido este martes que las personas que han completado la pauta vacunal contra la covid aún pueden transmitir el virus, algo con lo que hay que tener «cuidado» a la hora de plantear una relajación de medidas de movilidad para este colectivo.

La portavoz se ha expresado de esta manera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por el planteamiento de comunidades como Andalucía, que ha pedido abordar en una Conferencia de Presidentes que las personas con las dos dosis de la vacuna puedan recuperar su movilidad con certificados como el código QR.

La portavoz del Ejecutivo ha subrayado que en asuntos como este es «muy importante» el consenso y tendrán que ser los expertos de la Comisión de Salud Pública y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud los que revisen o replanteen estas cuestiones.

«Sí quiero hacer notar que, que aunque las personas estén inmunizadas, que han recibido la doble administración de la vacuna, pueden portar el virus, y, por tanto, la movilidad tiene que estar siempre bastante circunscrita y bastante pensando no solo en el que se mueve sino también en aquellos que reciben a los que se mueven», ha advertido Montero.

Por eso, ha resaltado que las medidas siempre tienen que tener en cuenta estas cuestiones, si bien el Interterritorial revisa cualquier iniciativa que tengan las comunidades. «Pero, cuidado -ha aseverado-, porque las inmunizadas pueden también transmitir el virus».

Montero también se ha pronunciado sobre la postura del Gobierno acerca de la posibilidad de que se amplíe el intervalo de separación de las segundas dosis de las vacunas contra el coronavirus para los menores de 79 años, con el fin de inocular el suero cuanto antes al mayor número de personas vulnerables.

La portavoz del Ejecutivo ha incidido en que cualquier decisión técnica en relación con la administración de las vacunas hay que derivarla a las reuniones de los expertos, pero ha indicado que «hoy por hoy, la posición que tiene el Ministerio de Sanidad es el cumplimiento de la ficha técnica» de cada suero, salvo que el Interterritorial o la Comisión de Salud Pública puedan plantear algo distinto.

Un asunto que «en este momento, que yo sepa, no está en la agenda para poder cambiarlo, aunque siempre puede ser iniciativa de una comunidad autónoma plantear un tema para que sea debatido», ha concretado.

Por otra parte, Montero ha indicado que el Gobierno está pendiente de lo que decida la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) para empezar a distribuir el suero de Janssen en la medida en la que este organismo se pronuncie.

No obstante, ha indicado que el hecho de que la farmacéutica Pfizer haya activado una nueva opción de compra de 100 millones de dosis ofrece «un margen suficiente» para llegar al objetivo de que el 70 % de la población en España esté vacunada en agosto.

En la rueda de prensa, la portavoz también ha sido preguntada por las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que aseguró que el Gobierno de España crea «ciudadanos de primera y de segunda; los de segunda, los mantenidos subvencionados que ellos crean, como las colas del hambre, para que la gente dependa de ellos».

Montero ha señalado a este respecto que Ayuso «se descalifica por sí sola» y que el Gobierno se desmarca «absolutamente de ese tipo de comentarios».

«Ya cualquier otra consideración política sobre las cuestiones que tienen que ver con la propia afirmaciones de la presidenta las obvio desde esta mes, porque ha comenzado la campaña electoral», ha concluido.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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