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Así queda la subida salarial para los funcionarios hasta el 2028

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subida salarial funcionarios
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.EP

El pacto incluye mejoras laborales, eliminación de la tasa de reposición y revisiones en complementos de residencia e insularidad. CCOO aún no ha decidido si lo apoyará.

El Ministerio de Función Pública ha alcanzado este miércoles un preacuerdo histórico con los sindicatos UGT y CSIF para incrementar el salario de los empleados públicos un 11% en los próximos tres años. La propuesta, que aún debe ser valorada por CCOO, contempla una subida del 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% adicional entre 2027 y 2028.

✔ Subida salarial desde 2025 con efectos retroactivos

El pacto fija para 2025 una subida del 2,5%, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero y será abonada en la nómina de diciembre.

En 2026 el incremento será del 1,5% fijo, con un 0,5% adicional si la inflación iguala o supera ese porcentaje. Ese tramo variable se cobraría en el primer trimestre de 2027, también con retroactividad.

Aunque la suma total es del 11%, los sindicatos calculan que el efecto arrastre podría elevar la mejora hasta el 11,5%.

✔ Eliminación de la tasa de reposición y mejoras laborales

El acuerdo no solo incluye incrementos salariales. También recoge importantes cambios estructurales:

  • Eliminación de la tasa de reposición, lo que permitirá reforzar plantillas en los ámbitos más tensionados.

  • Procesos selectivos más ágiles, con un plazo máximo de un año para su resolución.

  • Refuerzo de plantillas en servicios de atención al público.

  • Revisión y aumento en 2026 de los complementos de residencia e insularidad.

  • Mejoras en permisos, conciliación y salud laboral.

  • Avances en jubilación y refuerzo del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas).

“Es un acuerdo que termina con la tasa de reposición y garantiza que las ofertas públicas se ejecuten en un año”, señaló Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos.

✔ CCOO mantiene su decisión en suspenso

Aunque UGT y CSIF han dado su visto bueno, CCOO todavía está analizando el texto. El Ministerio confía en que finalmente se incorpore al pacto, que se prevé suscribir este jueves con o sin su apoyo.

El departamento dirigido por Óscar López ha destacado que el acuerdo supone “un gran avance para los servidores públicos y garantiza su poder adquisitivo hasta 2028”.

Por su parte, CSIF, que ha respaldado el pacto, lo considera “el mejor posible en las actuales circunstancias políticas”, marcadas por la inestabilidad y las limitaciones presupuestarias.

UGT, por su parte, celebra que “gana la calidad de lo público, gana la ciudadanía y gana el país”.

 

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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