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El Gobierno espera que «una parte relevante de la población» esté vacunada en el primer semestre de 2021

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cree que «una parte relevante» de la población española estará vacunada cuando acabe el primer semestre de 2021. Sánchez ha anunciado que el próximo martes se aprobará el plan de vacunación contra la COVID-19 en España, «el primer país europeo con Alemania» en disponer de uno.

La Unión Europea tiene ya firmados contratos con varias empresas farmacéuticas para el suministro de unos 700 millones de unidades de la vacuna, todas de doble dosis. Su distribución se hará en función de la población de cada estado miembro, por lo que Sánchez calcula que «a nuestro país nos tocaría un 10% de las dosis contratadas», suficiente para garantizar la vacunación de un parte importante de la población española.

El presidente de Gobierno ha insistido en que hay que esperar de dos a tres semanas para ver los resultados de las medidas adoptadas por su gabinete. «Estamos en la senda adecuada para bajar la curva, aunque la incidencia sigue muy alta. Tenemos que volver a 25 contagios por cada 100.000 habitantes. No podemos relajarnos», ha dicho Sánchez, que ha recordado que se está preparando un plan específico de cara a las Navidades, unas fechas en las que aumenta la movilidad.

 

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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