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El Gobierno: «Nos esperan semanas duras, la pandemia evoluciona a peor»

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Madrid, 8 ene (EFE).- El Gobierno ha reconocido que los datos de la pandemia son malos y que nos esperan «semanas duras» por eso ha insistido en la importancia de seguir de forma estricta las medidas marcadas por las comunidades y ha destacado la importancia de la vacunación para que haya más vacunados que contagiados: «Hay que vacunar y vacunar».

Lo han asegurado los ministros de Sanidad y Política Territorial y Función Pública, Salvador Illa y Carolina Darias, respectivamente, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de seguimiento del coronavirus, que ha estado presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

«El dato es un dato malo, la pandemia evoluciona a peor», ha admitido Illa, ante el aumento de la incidencia acumulada hasta llegar a los 321 casos por cada 100.000 habitantes, una presión hospitalaria en torno al 12 % y un 24 % de ocupación de camas UCI por parte de pacientes covid.

Con empeoramiento de la situación, Illa ha valorado el esfuerzo de las comunidades que están tomando «medidas contundentes» de acuerdo con la estrategia nacional contra la covid, «que nos permitió vencer a la segunda ola».

El ministro ha insistido en que «ya sabemos lo que hay que hacer», que es reducir al máximo la movilidad y los contactos, por eso también se ha querido dirigir a la ciudadanía para que continúen cumpliendo de forma «ejemplar» las medidas acordadas en sus comunidades porque los casos van a seguir en aumento y «nos esperan semanas duras de crecimiento».

El ministro ha destacado la importancia de la vacunación y ha considerado que el ritmo de administración de las vacunas todavía tiene que mejorar pero está cogiendo una «velocidad aceptable».

«El objetivo es tener mas vacunados que contagiados» ha marcado Illa, una meta que también ha reseñado Carolina Darias: «Tenemos que vacunar, vacunar y vacunar».

Para el Gobierno esta cuestión es determinante par derrotar al virus y alcanzar la inmunización colectiva, de forma que para el verano se haya vacunado al 70 % de la población.

Hasta el momento, según Illa, se han administrado unas 140.000 vacunas de Pfizer, a la que se unirá en unos siete o diez días la de Moderna, aprobada por la Agencia Europea del Medicamento.

En cuanto al anuncio de la Comisión Europea de que Europa va a adquirir 300 millones adicionales del fármaco de Pfizer, Illa ha dicho que España participará «proporcionalmente la parte que le corresponde».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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