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El Gobierno prorrogra seis meses el IVA reducido de las mascarillas quirúrgicas pero sigue sin bajar el de las FFP2

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Foto: Radofarma

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno prorrogará el IVA superreducido del 4% de las mascarillas quirúrgicas desechables durante el primer semestre de 2022, pero sigue sin reducir el IVA de las FFP2 que son las que todos los expertos recomiendam.

La medida, que se aprobará en las próximas semanas en el Consejo de Ministros, se adopta ante la evolución de la pandemia de la COVID-19 con el objetivo de mantener accesible al mayor número de ciudadanos este producto.

El Gobierno aprobó el 17 de noviembre de 2020 un Real Decreto-ley que, entre otras medidas, rebajó el IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables del 21% al 4% hasta el 31 de diciembre de 2021. Ahora, este gravamen superreducido, uno de los más bajos de la UE, se extenderá en 2022.

Además, la ministra Montero ha señalado durante su intervención en el debate de vetos a los Presupuestos Generales de 2022 en el Senado, que el Gobierno también ampliará durante el primer semestre del próximo año la aplicación del tipo 0 del IVA a la importación de material sanitario para combatir la COVID-19 adquirido por las administraciones públicas, centros sanitarios y entidades sociales.

La extensión de esta medida, que actualmente finaliza el próximo 31 de diciembre, se producirá después de que la Comisión Europea emita su Decisión, la cual se espera para las próximas semanas. Cabe destacar que España fue uno de los primeros países de la UE en aplicar esta medida habilitada por la Comisión Europea en abril de 2020.

Presupuestos como elemento de estabilidad

Durante su intervención en el Senado, la ministra de Hacienda ha defendido la importancia de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para lograr que la recuperación llegue «hasta el último rincón de España, favoreciendo la convergencia y evitando que la salida de la crisis se produzca a varias velocidades».

En este sentido, la ministra ha resaltado la voluntad de diálogo del Gobierno para lograr el máximo consenso, como demuestra que hasta 11 formaciones políticas respaldaran las cuentas públicas en el Congreso. «Creemos que nadie sobra en esta fase de la recuperación económica, ni tampoco en la construcción de estas cuentas y en nuestro futuro colectivo», ha subrayado.

Un amplio apoyo que Montero ha considerado clave para trasladar «un potente mensaje de confianza y estabilidad». De hecho, la titular de Hacienda y Función Pública ha destacado que estos son los segundos Presupuestos consecutivos que se tramitan para ser aprobados en tiempo y forma, algo que no ocurría desde 2015.

La ministra ha puesto en valor el gasto social en los Presupuestos de 2022, que asciende a 240.375 millones de euros, la mayor cifra de la historia. Unas cuentas públicas que apuestan especialmente por los jóvenes con 12.550 millones en políticas destinadas a este colectivo, con importantes recursos para facilitar el acceso a la vivienda o para impulsar la Formación Profesional.

Unos Presupuestos que impulsan la transformación de la economía a través de los fondos europeos, que permitirán avanzar en la digitalización, la sostenibilidad medioambiental y la cohesión territorial y social. En concreto, las cuentas públicas incluyen 26.900 millones de euros del Mecanismo de Recuperación, lo que supone un 11% más que en los Presupuestos de 2021.

Asimismo, la ministra ha destacado en el Senado, donde están representados los intereses territoriales, la apuesta de los Presupuestos por abordar el reto demográfico al movilizar 4.200 millones para estas políticas a través de proyectos de movilidad rural, de transición energética, de sostenibilidad y fomento del turismo de interior, de mejora de la competitividad del sector agrícola y ganadero o para apoyar los cuidados de larga duración en zonas en riesgo demográfico.

Montero también ha resaltado el apoyo que las cuentas públicas suponen para la financiación de las administraciones territoriales con el objetivo de fortalecer el Estado del Bienestar, cuyas principales competencias recaen en las Comunidades Autónomas. De hecho, si a los recursos del sistema de financiación se incorporan los 7.000 millones extraordinarios y los fondos europeos, las comunidades contarán el próximo año con 126.500 millones de euros.

Cumplimiento de la previsión de ingresos

En cualquier caso, la ministra ha explicado que la apuesta por reforzar el Estado del Bienestar es compatible con la sostenibilidad de las cuentas públicas. De hecho, la previsión es que el déficit público baje hasta el 5% del PIB en 2022, lo que supone una reducción de más de la mitad en dos años. Asimismo, la previsión es que la ratio de deuda baje cuatro puntos en solo un año.

Una reducción que se produce por la buena evolución de los ingresos públicos debido al crecimiento económico sustentado por los buenos datos de la campaña de vacunación. En concreto, la ministra ha anunciado que la recaudación cerrará este año con un aumento superior al 10,8% que figura en el avance de liquidación incluido en los Presupuestos de 2021. «Estamos en disposición de cumplir la previsión de recaudación incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021», ha señalado la ministra, que también ha destacado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy recaudó siempre menos de lo que presupuestó durante los siete años en los que gobernó.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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