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El Gobierno prorrogra seis meses el IVA reducido de las mascarillas quirúrgicas pero sigue sin bajar el de las FFP2

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Foto: Radofarma

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno prorrogará el IVA superreducido del 4% de las mascarillas quirúrgicas desechables durante el primer semestre de 2022, pero sigue sin reducir el IVA de las FFP2 que son las que todos los expertos recomiendam.

La medida, que se aprobará en las próximas semanas en el Consejo de Ministros, se adopta ante la evolución de la pandemia de la COVID-19 con el objetivo de mantener accesible al mayor número de ciudadanos este producto.

El Gobierno aprobó el 17 de noviembre de 2020 un Real Decreto-ley que, entre otras medidas, rebajó el IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables del 21% al 4% hasta el 31 de diciembre de 2021. Ahora, este gravamen superreducido, uno de los más bajos de la UE, se extenderá en 2022.

Además, la ministra Montero ha señalado durante su intervención en el debate de vetos a los Presupuestos Generales de 2022 en el Senado, que el Gobierno también ampliará durante el primer semestre del próximo año la aplicación del tipo 0 del IVA a la importación de material sanitario para combatir la COVID-19 adquirido por las administraciones públicas, centros sanitarios y entidades sociales.

La extensión de esta medida, que actualmente finaliza el próximo 31 de diciembre, se producirá después de que la Comisión Europea emita su Decisión, la cual se espera para las próximas semanas. Cabe destacar que España fue uno de los primeros países de la UE en aplicar esta medida habilitada por la Comisión Europea en abril de 2020.

Presupuestos como elemento de estabilidad

Durante su intervención en el Senado, la ministra de Hacienda ha defendido la importancia de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para lograr que la recuperación llegue «hasta el último rincón de España, favoreciendo la convergencia y evitando que la salida de la crisis se produzca a varias velocidades».

En este sentido, la ministra ha resaltado la voluntad de diálogo del Gobierno para lograr el máximo consenso, como demuestra que hasta 11 formaciones políticas respaldaran las cuentas públicas en el Congreso. «Creemos que nadie sobra en esta fase de la recuperación económica, ni tampoco en la construcción de estas cuentas y en nuestro futuro colectivo», ha subrayado.

Un amplio apoyo que Montero ha considerado clave para trasladar «un potente mensaje de confianza y estabilidad». De hecho, la titular de Hacienda y Función Pública ha destacado que estos son los segundos Presupuestos consecutivos que se tramitan para ser aprobados en tiempo y forma, algo que no ocurría desde 2015.

La ministra ha puesto en valor el gasto social en los Presupuestos de 2022, que asciende a 240.375 millones de euros, la mayor cifra de la historia. Unas cuentas públicas que apuestan especialmente por los jóvenes con 12.550 millones en políticas destinadas a este colectivo, con importantes recursos para facilitar el acceso a la vivienda o para impulsar la Formación Profesional.

Unos Presupuestos que impulsan la transformación de la economía a través de los fondos europeos, que permitirán avanzar en la digitalización, la sostenibilidad medioambiental y la cohesión territorial y social. En concreto, las cuentas públicas incluyen 26.900 millones de euros del Mecanismo de Recuperación, lo que supone un 11% más que en los Presupuestos de 2021.

Asimismo, la ministra ha destacado en el Senado, donde están representados los intereses territoriales, la apuesta de los Presupuestos por abordar el reto demográfico al movilizar 4.200 millones para estas políticas a través de proyectos de movilidad rural, de transición energética, de sostenibilidad y fomento del turismo de interior, de mejora de la competitividad del sector agrícola y ganadero o para apoyar los cuidados de larga duración en zonas en riesgo demográfico.

Montero también ha resaltado el apoyo que las cuentas públicas suponen para la financiación de las administraciones territoriales con el objetivo de fortalecer el Estado del Bienestar, cuyas principales competencias recaen en las Comunidades Autónomas. De hecho, si a los recursos del sistema de financiación se incorporan los 7.000 millones extraordinarios y los fondos europeos, las comunidades contarán el próximo año con 126.500 millones de euros.

Cumplimiento de la previsión de ingresos

En cualquier caso, la ministra ha explicado que la apuesta por reforzar el Estado del Bienestar es compatible con la sostenibilidad de las cuentas públicas. De hecho, la previsión es que el déficit público baje hasta el 5% del PIB en 2022, lo que supone una reducción de más de la mitad en dos años. Asimismo, la previsión es que la ratio de deuda baje cuatro puntos en solo un año.

Una reducción que se produce por la buena evolución de los ingresos públicos debido al crecimiento económico sustentado por los buenos datos de la campaña de vacunación. En concreto, la ministra ha anunciado que la recaudación cerrará este año con un aumento superior al 10,8% que figura en el avance de liquidación incluido en los Presupuestos de 2021. «Estamos en disposición de cumplir la previsión de recaudación incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021», ha señalado la ministra, que también ha destacado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy recaudó siempre menos de lo que presupuestó durante los siete años en los que gobernó.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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