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El Gobierno prorrogra seis meses el IVA reducido de las mascarillas quirúrgicas pero sigue sin bajar el de las FFP2

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Foto: Radofarma

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno prorrogará el IVA superreducido del 4% de las mascarillas quirúrgicas desechables durante el primer semestre de 2022, pero sigue sin reducir el IVA de las FFP2 que son las que todos los expertos recomiendam.

La medida, que se aprobará en las próximas semanas en el Consejo de Ministros, se adopta ante la evolución de la pandemia de la COVID-19 con el objetivo de mantener accesible al mayor número de ciudadanos este producto.

El Gobierno aprobó el 17 de noviembre de 2020 un Real Decreto-ley que, entre otras medidas, rebajó el IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables del 21% al 4% hasta el 31 de diciembre de 2021. Ahora, este gravamen superreducido, uno de los más bajos de la UE, se extenderá en 2022.

Además, la ministra Montero ha señalado durante su intervención en el debate de vetos a los Presupuestos Generales de 2022 en el Senado, que el Gobierno también ampliará durante el primer semestre del próximo año la aplicación del tipo 0 del IVA a la importación de material sanitario para combatir la COVID-19 adquirido por las administraciones públicas, centros sanitarios y entidades sociales.

La extensión de esta medida, que actualmente finaliza el próximo 31 de diciembre, se producirá después de que la Comisión Europea emita su Decisión, la cual se espera para las próximas semanas. Cabe destacar que España fue uno de los primeros países de la UE en aplicar esta medida habilitada por la Comisión Europea en abril de 2020.

Presupuestos como elemento de estabilidad

Durante su intervención en el Senado, la ministra de Hacienda ha defendido la importancia de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para lograr que la recuperación llegue «hasta el último rincón de España, favoreciendo la convergencia y evitando que la salida de la crisis se produzca a varias velocidades».

En este sentido, la ministra ha resaltado la voluntad de diálogo del Gobierno para lograr el máximo consenso, como demuestra que hasta 11 formaciones políticas respaldaran las cuentas públicas en el Congreso. «Creemos que nadie sobra en esta fase de la recuperación económica, ni tampoco en la construcción de estas cuentas y en nuestro futuro colectivo», ha subrayado.

Un amplio apoyo que Montero ha considerado clave para trasladar «un potente mensaje de confianza y estabilidad». De hecho, la titular de Hacienda y Función Pública ha destacado que estos son los segundos Presupuestos consecutivos que se tramitan para ser aprobados en tiempo y forma, algo que no ocurría desde 2015.

La ministra ha puesto en valor el gasto social en los Presupuestos de 2022, que asciende a 240.375 millones de euros, la mayor cifra de la historia. Unas cuentas públicas que apuestan especialmente por los jóvenes con 12.550 millones en políticas destinadas a este colectivo, con importantes recursos para facilitar el acceso a la vivienda o para impulsar la Formación Profesional.

Unos Presupuestos que impulsan la transformación de la economía a través de los fondos europeos, que permitirán avanzar en la digitalización, la sostenibilidad medioambiental y la cohesión territorial y social. En concreto, las cuentas públicas incluyen 26.900 millones de euros del Mecanismo de Recuperación, lo que supone un 11% más que en los Presupuestos de 2021.

Asimismo, la ministra ha destacado en el Senado, donde están representados los intereses territoriales, la apuesta de los Presupuestos por abordar el reto demográfico al movilizar 4.200 millones para estas políticas a través de proyectos de movilidad rural, de transición energética, de sostenibilidad y fomento del turismo de interior, de mejora de la competitividad del sector agrícola y ganadero o para apoyar los cuidados de larga duración en zonas en riesgo demográfico.

Montero también ha resaltado el apoyo que las cuentas públicas suponen para la financiación de las administraciones territoriales con el objetivo de fortalecer el Estado del Bienestar, cuyas principales competencias recaen en las Comunidades Autónomas. De hecho, si a los recursos del sistema de financiación se incorporan los 7.000 millones extraordinarios y los fondos europeos, las comunidades contarán el próximo año con 126.500 millones de euros.

Cumplimiento de la previsión de ingresos

En cualquier caso, la ministra ha explicado que la apuesta por reforzar el Estado del Bienestar es compatible con la sostenibilidad de las cuentas públicas. De hecho, la previsión es que el déficit público baje hasta el 5% del PIB en 2022, lo que supone una reducción de más de la mitad en dos años. Asimismo, la previsión es que la ratio de deuda baje cuatro puntos en solo un año.

Una reducción que se produce por la buena evolución de los ingresos públicos debido al crecimiento económico sustentado por los buenos datos de la campaña de vacunación. En concreto, la ministra ha anunciado que la recaudación cerrará este año con un aumento superior al 10,8% que figura en el avance de liquidación incluido en los Presupuestos de 2021. «Estamos en disposición de cumplir la previsión de recaudación incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021», ha señalado la ministra, que también ha destacado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy recaudó siempre menos de lo que presupuestó durante los siete años en los que gobernó.

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Consumo

Comunicado de Airbnb

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Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM

Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.

La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».


Airbnb defiende la legalidad de su plataforma

Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».

Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.


Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales

La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.

Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.


Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios

En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.

Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.


Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento

En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.

Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.

Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.


Colaboraciones recientes con gobiernos regionales

Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».


¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?

La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:

1. Falta de número de licencia

Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.

2. Falta de información sobre el arrendador

Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.

3. Licencias no válidas o falsificadas

Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.


Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico

El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.

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