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El juez imputa a Cospedal y a su marido por el espionaje ilegal a Bárcenas

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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decidido citar como investigados en la llamada ‘operación Kitchen’ a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con la operación asumida por el comisario jubilado Jose Manuel Villarejo para conseguir información y documentación sobre Luis Bárcenas cuando estaba siendo investigado por el ‘caso Gürtel’.

La comparecencia de Cospedal será el próximo 29 de junio, a las 10 horas, López del Hierro y José Luis Ortiz declararán el 30 de junio a las 10 y 12 horas, respectivamente, mientras que Villarejo y Francisco Martínez lo harán el 1 de julio.

Además en un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número seis cita también por los mismos delitos al exjefe de Gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz, al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martinez y al comisario Villarejo.

El auto relata que la investigación abierta ha permitido descubrir aspectos clave de la trama, como la captación de Sergio Ríos, chofer de Rosalía Iglesias, los pagos efectuados a este a cambio de colaboración, el círculo de policías implicados, así como la implicación del ex secretario de Estado de Seguridad y del exministro del Interior en el momento.

Los agentes involucrados, según el magistrado, desarrollaron labores operativas para obtener de Sergio Ríos «información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado (en algún momento se refieren a este espacio como «zulo») documentación comprometedora para el Partido Popular y para altos cargos del mismo en posesión de Luis Bárcenas Gutiérrez y de su esposa Rosalía Iglesias Villar».

Según el mismo auto los policías habrían tenido pleno conocimiento de la puesta en marcha de la llamada ‘operación Kitchen’ y de su carácter ilícito «al tener como objetivo la sustracción de pruebas de un procedimiento judicial, y el empleo durante su desarrollo de fondos reservados del Ministerio del Interior, que serían de ese modo desviados de los estrictos fines legalmente previstos para su autorización y uso».

 

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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