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El juez sentencia que el valenciano Javier Sánchez es hijo de Julio Iglesias

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VALÈNCIA, 10 Jul. – El titular del Juzgado de Primera Instancia número 13 de València ha estimado la demanda de paternidad del valenciano Javier Sánchez Santos contra Julio Iglesias y, con ello, ha reconocido que el cantante es su padre biológico.

Así consta en un fallo, consultado por Europa Press, en el que el magistrado estima la demanda de paternidad de Javier Sánchez, de 43 años, y en consecuencia, concluye que su padre biológico no es el que figura como tal en su inscripción de nacimiento, sino que en realidad es el famoso cantante.

El letrado del demandante ha señalado a Europa Press que tanto él como Javier Sánchez están «muy contentos» porque finalmente han «ganado».

Por su parte, el abogado de Julio Iglesias, Fernando Falomir, ha explicado que la sentencia da un valor «casi total» a la negativa del cantante a someterse a la prueba de ADN y ha anunciado que van a recurrir ante la Audiencia Provincial de Valencia, que «mucho tendrá que decir», ha aventurado.

Falomir ha lamentado la «ausencia y carencia total de prueba» que a su parecer consta en el fallo, dado que «únicamente Julio Iglesias y María Edite –madre de Javier Sánchez Santos– coincidieron un día en una sala de fiestas». Esto, para el letrado, «no puede ser ningún indicio de que mantuvieran relaciones».

También considera un «argumento cuestionable» el hecho de que la sentencia se base en la negativa de Iglesias al examen porque no quisieron someterse a una «prueba anticipada», sino que su pretensión era que se resolviera en primer lugar si existía cosa juzgada en este procedimiento.

Por ello, ha puesto de relieve que no han mantenido una posición «obstruccionista» y ha recordado que Iglesias estaría y ha estado dispuesto a hacerse la prueba.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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