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El mayor ERE de la historia de la banca se salda con 6.452 despidos y 770 millones de «ahorro» para Caixabank

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Barcelona/València, 2 jul (EFE).- El acuerdo para el ERE de CaixaBank suscrito ayer entre la dirección y los sindicatos, que prevé la salida de 6.452 empleados en España, de ellos 793 en la Comunitat Valenciana (461 en Valencia, 188 en Alicante y 144 en Castellón), permitirá a la entidad bancaria obtener un mínimo de 770 millones de euros de ahorro de costes totales tras la fusión con Bankia.

Así figura en un comunicado hecho público por CaixaBank después de cerrar ayer un ERE que se ha convertido en el mayor de la historia de la banca en España y que se basa en la voluntariedad, de manera que no se producirán despidos forzosos.

«El acuerdo firmado es consistente con la obtención de un mínimo de 770 millones de euros de sinergias de costes totales anunciado en la comunicación de la fusión», indica CaixaBank, que recuerda que el número de salidas es un 22 % inferior al establecido en el plan de ajuste inicial.

Además de las 6.452 salidas voluntarias, el acuerdo para el ERE prevé 708 recolocaciones en empresas filiales del Grupo CaixaBank y las personas que opten por esta vía lo harán mediante la fórmula de la excedencia especial y tendrán opción de volver transcurridos cinco años.

De las 6.452 salidas, 4.902 (el 75 %) corresponden a la red comercial y 1.550 (el 25 %), a los servicios centrales y estructuras intermedias.

Estas salidas suponen el 14,5 % de la plantilla total del banco.

CaixaBank asegura que, de esta forma, se facilitará la redimensión de la estructura de la entidad, con una reorganización de la red que supondrá la desaparición de unas 1.500 oficinas.

El banco destaca también que se pondrá en marcha un «ambicioso» plan de acompañamiento para que se reincorporen al mercado laboral todas las personas que dejen el banco, al tiempo que se iniciará la homologación de las condiciones de la plantilla procedente de Bankia con la de CaixaBank.

Esta homologación se realizará de manera progresiva con el objetivo de poder cerrarla en cinco años.

En el comunicado, el banco destaca también el acuerdo para ampliar el cupo de oficinas Store a 925 (ahora son 574) y la modificación del modelo de previsión social, con un crecimiento anual de las prestaciones a un tipo fijo anual del 0,35 %.

Respecto a las aportaciones de jubilación para el colectivo de empleados de CaixaBank, se establece un incremento del 2%, y para las nuevas incorporaciones futuras se fija un sistema de aportaciones de jubilación progresivo hasta el 7,5 % del salario pensionable.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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