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El mayor ERE de la historia de la banca se salda con 6.452 despidos y 770 millones de «ahorro» para Caixabank

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Barcelona/València, 2 jul (EFE).- El acuerdo para el ERE de CaixaBank suscrito ayer entre la dirección y los sindicatos, que prevé la salida de 6.452 empleados en España, de ellos 793 en la Comunitat Valenciana (461 en Valencia, 188 en Alicante y 144 en Castellón), permitirá a la entidad bancaria obtener un mínimo de 770 millones de euros de ahorro de costes totales tras la fusión con Bankia.

Así figura en un comunicado hecho público por CaixaBank después de cerrar ayer un ERE que se ha convertido en el mayor de la historia de la banca en España y que se basa en la voluntariedad, de manera que no se producirán despidos forzosos.

«El acuerdo firmado es consistente con la obtención de un mínimo de 770 millones de euros de sinergias de costes totales anunciado en la comunicación de la fusión», indica CaixaBank, que recuerda que el número de salidas es un 22 % inferior al establecido en el plan de ajuste inicial.

Además de las 6.452 salidas voluntarias, el acuerdo para el ERE prevé 708 recolocaciones en empresas filiales del Grupo CaixaBank y las personas que opten por esta vía lo harán mediante la fórmula de la excedencia especial y tendrán opción de volver transcurridos cinco años.

De las 6.452 salidas, 4.902 (el 75 %) corresponden a la red comercial y 1.550 (el 25 %), a los servicios centrales y estructuras intermedias.

Estas salidas suponen el 14,5 % de la plantilla total del banco.

CaixaBank asegura que, de esta forma, se facilitará la redimensión de la estructura de la entidad, con una reorganización de la red que supondrá la desaparición de unas 1.500 oficinas.

El banco destaca también que se pondrá en marcha un «ambicioso» plan de acompañamiento para que se reincorporen al mercado laboral todas las personas que dejen el banco, al tiempo que se iniciará la homologación de las condiciones de la plantilla procedente de Bankia con la de CaixaBank.

Esta homologación se realizará de manera progresiva con el objetivo de poder cerrarla en cinco años.

En el comunicado, el banco destaca también el acuerdo para ampliar el cupo de oficinas Store a 925 (ahora son 574) y la modificación del modelo de previsión social, con un crecimiento anual de las prestaciones a un tipo fijo anual del 0,35 %.

Respecto a las aportaciones de jubilación para el colectivo de empleados de CaixaBank, se establece un incremento del 2%, y para las nuevas incorporaciones futuras se fija un sistema de aportaciones de jubilación progresivo hasta el 7,5 % del salario pensionable.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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